Audentes fortuna iuvat. Vamos a elecciones generales. Una decisión no exenta de riesgos para el PSOE. Pero una decisión que se imponía tras lo sucedido el viernes pasado en el Congreso de los Diputados y, sobre todo, a la vista de lo que está ocurriendo en las calles. La cuestión no es que el clamor social en torno a la crisis de la vivienda tenga que derivar en una oleada de votos a favor de la izquierda. La historia nos ha aleccionado acerca de grandes movimientos de descontento ciudadano que, en lo inmediato, dieron paso a contundentes mayorías parlamentarias conservadoras. Aunque la cólera se dirige en primer lugar hacia fondos buitres y rentistas – y hacia los partidos que se han alineado con sus intereses -, el movimiento tampoco está exento de reproches hacia el gobierno. No. Lo que hace idóneo este momento para convocar elecciones es que la irrupción de la protesta permite plantear con mayor nitidez la verdadera disyuntiva que encarna, para la sociedad, el choque entre la izquierda y el bloque de las derechas. Una Huelga General auspiciada por los sindicatos de clase, que reivindican “el derecho a la vivienda y salarios dignos para pagarla”, contribuye poderosamente a fijar ese marco. Y ese escenario es el mejor para que el socialismo democrático haga llegar su proyecto a las clases laboriosas, a las mujeres, a la juventud. Sin garantías de antemano acerca de la eventualidad de una victoria. Pero con la posibilidad de que su ideario entre en resonancia con los anhelos de una mayoría social activada. Ahí está la clave.
La batalla política se anuncia muy dura. Esta será una campaña trascendental. Para España, por supuesto. Pero también para toda Europa, que se adentra en un ciclo electoral decisivo – empezando por las presidenciales francesas de la próxima primavera, con la extrema derecha encabezando los sondeos – y donde el gobierno de Pedro Sánchez constituye una referencia para las fuerzas progresistas. Como dice con acierto Arancha González Laya, en estos comicios, “Europa estará también en la papeleta”. El enfrentamiento político que se perfila es de una radicalidad inédita. No estamos ante la simple disputa de una alternancia dentro de un marco compartido. Es imposible entender lo que ocurre en España al margen del contexto internacional. El mundo está girando hacia la derecha extrema y el autoritarismo. Brasil acaba de recordárnoslo. Nunca la construcción europea – y por ende la soberanía de sus Estados miembro – se han visto tan seriamente amenazadas por la nueva geopolítica imperial. Una angustiosa incertidumbre desestabiliza por doquier a las clases medias, que se inclinan hacia quienes les prometen orden. El desapego hacia la democracia se abre paso entre los estratos populares, ante el deterioro del Estado social que debía protegerlos. Sobre esas poderosas corrientes de fondo cabalga una ultraderecha, populista y nacionalista, auspiciada por los oligarcas de las grandes corporaciones tecnológicas. He aquí el telón de fondo.
En ese marco, el gobierno de coalición representa una excepción. No así la sociedad española, por cuanto se refiere a las tensiones que se debaten en su seno. El pasado domingo, “La Vanguardia” publicaba una estremecedora encuesta sobre la proyección del voto en Catalunya, de cara a unas futuras elecciones autonómicas. Según este estudio, PSC – que bajaba 12 escaños – y Aliança Catalana empataban en número de diputados (30); Vox adelantaba al PP… y Junts quedaba relegado a un quinto puesto, literalmente devorado por el ascenso fulgurante de la extrema derecha. Es cierto: faltan dos años para la celebración de esas elecciones. Entretanto, pueden ocurrir muchas cosas. Los vaticinios de la encuesta resultan sin duda azarosos. No obstante, el movimiento de las placas tectónicas de la sociedad catalana está bien detectado. Basta con prestar oído al pálpito de los barrios. El deslizamiento del votante “convergente” hacia la ultraderecha se está produciendo con naturalidad, sin desgarros de conciencia. No asistimos a una ruptura, sino a una evolución. El nacionalismo, esa “inflamación del sentimiento nacional” (I.Berlin), contiene invariablemente un substrato de superioridad civilizatoria. En momentos de crisis y desazón, el absceso deriva fácilmente en xenofobia y racismo. El reclamo de la “identidad” amenazada que agita Sílvia Orriols no remite a la reivindicación de la independencia – semejante idea no está hoy en día en la cabeza de nadie -, sino al repliegue sobre un “nosotros”, de carácter étnico y defensivo, frente a la “invasión musulmana”, coágulo de todos los temores.
Esa trinchera identitaria acoge miedos, frustraciones y resentimientos muy diversos. El votante de AC no exhibe ninguna estética estridente. Ni siquiera enarbola necesariamente una estelada. Puede ser el tendero de la esquina, cuyo pequeño negocio atraviesa graves dificultades. Tal vez la señora que “no reconoce su barrio de toda la vida ante la presencia de tanto extranjero”. Incluso el trabajador castellanoparlante que se siente “en competición” con los recién llegados a la hora de acceder a unos servicios públicos infra dimensionados. (El gobierno de Salvador Illa, comprometido en su puesta al día, sufre justamente un desgaste en la opinión pública, dado el tiempo y la magnitud de las inversiones que requiere esa tarea). De ahí la transversalidad de una opción que no sólo “se comería” el espacio de Junts en las comarcas de Lleida y Girona, sino que arañaría también votos también al resto de partidos en el área metropolitana.
Sirva este apunte para entender el sentido del adelanto electoral y la decisión de Pedro Sánchez de llevar los decretos sobre vivienda, tumbados por PP, Vox y Junts en el Congreso, a la Diputación Permanente – donde, por lo menos el primero, puede ser aprobado, conteniendo así una hemorragia de desahucios en las próximas semanas. Se trata de resituar la confrontación electoral sobre el terreno vivo de la lucha de clases. La oleada reaccionaria apunta muy concretamente a un desmantelamiento severo del Estado del Bienestar y del régimen de libertades. Por si alguien lo dudaba, José María Figaredo, portavoz de Vox, hablaba estos días de la necesidad de reformar las pensiones, abriendo las puertas a un sistema de capitalización… que hundiría en la miseria a los trabajadores con salarios más bajos. Por otro lado, la “prioridad nacional”, inscrita en el frontispicio de la entente de las derechas, contiene el germen de la fractura social y de la quiebra de la propia la arquitectura constitucional.
Ir a elecciones en un clima de movilización por el derecho a la vivienda permite descifrar y ordenar todos los elementos de la crisis política. En ese sentido, la organización de la huelga general por parte de CCOO y UGT resulta determinante para esa clarificación. Los movimientos sociales, como el que ha desencadenado el Sindicato de Inquilinas, carecen de memoria. Representan una explosión de cólera ante la injusticia; un desborde de energía y creatividad, pero carecen de experiencia y no siempre andan atentos al diseño de una estrategia. Es normal que una multitud diversa, afectada por la carestía de la vivienda y los abusos de los rentistas, asfixiada por las dificultades de su vida cotidiana, se revuelva contra todo y contra todos. La percepción de las sutilezas de un Estado compuesto – y de las competencias autonómicas que, en manos de la derecha, son utilizadas para bloquear la ley que permite congelar los alquileres -, queda ofuscada por un sentimiento de desamparo general por parte de las instituciones. Pocos se acuerdan de la retahíla de escudos sociales y de decretos promovidos por un gobierno de izquierdas… obligado a navegar en una cámara de centroderecha. Sin embargo, quienes fomentan la idea de que “todos son iguales” y hacen al ejecutivo corresponsable de la situación, contribuyen a una despolitización que sólo acaba favoreciendo a la extrema derecha. En cambio, la tradición sindical, forjada a lo largo de muchas generaciones, sabe medir las correlaciones de fuerzas, entiende de peleas y de negociaciones, conoce a los actores políticos. La aportación de los sindicatos será decisiva para que las energías desatadas no se dispersen o se agoten en una ciega embestida.
Pero no ha de extrañarnos que, en la atmósfera enardecida de las plazas, resuenen discursos demagógicos que, de calar, llevarían el movimiento a su pérdida. Desde luego, el empuje social es determinante para avanzar. Pero tiene en el gobierno de coalición un aliado, no un enemigo. Lo que se requiere es una mayoría parlamentaria suficiente para plasmar, en leyes y en políticas públicas, los anhelos populares. En otras palabras: lo que se necesita es materializar una radicalidad operativa. Un gobierno y una mayoría capaces de intervenir decididamente el mercado, potenciando – por cuanto se refiere a la vivienda, pero no sólo en ese ámbito – el uso y la responsabilidad sociales de la propiedad. Una exploración progresista de los límites constitucionales frente a quienes trabajan en favor de una involución que supondría barra libre para la codicia de las clases poseedoras y la quiebra de los derechos civiles. La izquierda necesita un programa tan ambicioso en cuanto a sus objetivos como realista en lo tocante al sendero a seguir y a las alianzas necesarias para alcanzarlos.
Nada sería más aventurado que dejarse seducir por un discurso pretendidamente revolucionario que, en realidad, propone posponer esa batalla. Dado que la izquierda realmente existente, socialdemócrata e incluso alternativa, no lo es a ojos de quienes se consideran la única expresión genuina de la clase obrera, sólo cabría agitarse indefinidamente en las calles mientras se van acumulando, “a medio plazo”, las fuerzas de una nueva dirección política. El problema es que, en ese “medio plazo”, puede producirse un retroceso histórico en las condiciones materiales de existencia de millones de personas y cundir un profundo desánimo. La lucha no comienza cuando los oprimidos tienen las cosas perfectamente claras, ni cuando disponen de las herramientas más adecuadas. Las crisis estallan por una concatenación de factores objetivos y en un determinado estadio de la subjetividad. Planteado el desafío, hay que pelear con lo que se tiene. Tal vez Trotsky no sea una referencia idónea para algunos – o incluso no revista hábitos lo bastante radicales para otros -. En cualquier caso, haciéndose eco de la experiencia del movimiento obrero, el viejo revolucionario recordaba que “aquellos que son incapaces de defender las posiciones conquistadas, difícilmente alcanzarán metas superiores”. El 29-N no sólo se tratará de defender unos logros sustantivos en materia de protección social o medioambiental, sino de proyectar un modelo de progreso frente a la oleada reaccionaria. La izquierda está obligada a librar decididamente esa batalla. Y tendrá que hacerlo a pie de calle, yendo al encuentro de la gente. Sin subestimar el potencial de las redes, pero recuperando de modo creativo la vieja usanza militante.
Se ha abierto una estrecha ventana de oportunidad. De nada sirve hacer cábalas sobre el futuro. Como diría Edgar Morin, “no se trata de ser pesimistas ni optimistas, sino determinados”.
Lluís Rabell
6/10/2026
