Die Linke, la izquierda radical alemana, ha obtenido una rotunda victoria electoral en Berlín. Guillaume Beringer, catedrático de la Universidad de Paris-Nanterre, se hace eco de ello en las páginas de “Le Monde”. Muy oportunamente, se interesa por las diferencias entre esta formación y el partido que, en Francia, ocupa el mismo espacio político: La France Insoumise, que lidera Jean-Luc Mélenchon. “Si bien ambos partidos comparten una voluntad de ruptura con el neoliberalismo, sus métodos y su cultura política divergen fundamentalmente. (…) Contrariamente a una izquierda a veces acusada de perderse en debates societales abstractos, Die Linke ha defendido un programa concreto, centrado sobre la vivienda, el poder adquisitivo, la redistribución de riquezas y la defensa de los servicios públicos.” Las similitudes con la exitosa campaña del flamante alcalde socialista de Nueva York, Zohran Mamdani, saltan a la vista.
Pero hay más. “Mientras el partido francés se mantiene estructurado en torno a una figura tutelar fuerte y una retórica de confrontación permanente, Die Linke ha optado por una dirección colegial y un tono tranquilo. Die Linke asume plenamente su vocación gubernamental. El partido ha indicado claramente su voluntad de coalición, y no excluye trabajar con el SPD o Los Verdes, llegando incluso a evocar, en algunos Länder, la tolerancia de un gobierno conservador para cerrar el paso a la extrema derecha.” Unos posicionamientos que, sin duda, levantarían ampollas entre no pocas corrientes de la izquierda alternativa europea.
En un momento como el actual, crítico para la democracia, hay dos inoportunos males que aquejan a la izquierda – en el sentido más amplio de este término. Por lo que respecta a la socialdemocracia, se manifiestan, aquí y allá, algunos achaques propios de una edad avanzada. Decía Goethe que “el amor que hoy posees, si deseas gozarlo mañana, tendrás que reconquistarlo.” Algunos líderes estarían bien inspirados revisitando los versos del gran poeta alemán. No basta con exhibir el blasón familiar del Estado del Bienestar cuando la agresiva reconfiguración de las relaciones sociales que impulsa el tecno-capitalismo amenaza con reducirlo a escombros. Y aún menos basta con reclamar la legitimidad histórica del liderazgo progresista cuando la propia idea de progreso ha quedado hecha girones por las batallas culturales de la posmodernidad y la explosión de las desigualdades.
Un ejemplo de ello lo tenemos en el debate de las primarias que deberían designar, dentro de unas semanas, al candidato de la izquierda moderada francesa a las presidenciales. A no ser que Olivier Faure, primer secretario socialista, logre desmentir los sondeos alzándose con la victoria, hoy por hoy, es el eurodiputado Raphaël Glucksmann (“Place Publique”) quien parece gozar del favor mayoritario de este espacio. Los pretendientes a la designación tienen aún que desgranar su programa. Sin embargo, más allá de las medidas que proponga, Glucksmann lleva tiempo reiterando su rechazo a cualquier acuerdo con La France Insoumise, haciendo de ello una imagen de marca. Una línea más que discutible. Ciertamente, con su ego desmedido, Mélenchon puede resultar irritante. Y, más allá de su liderazgo avasallador, la postura ambigua de LFI ante la guerra de Ucrania, su euroescepticismo, sus momentos de frivolidad ante los repuntes de antisemitismo o su manera de plantear la redefinición de un demos en crisis – más tendente, para regocijo de la extrema derecha, a una confrontación de identidades que a la propuesta integradora de un contrato de ciudadanía -, merecen ser confrontados desde la tradición del socialismo democrático. Eso no quita que, en estos momentos, toda una franja del electorado popular, tras años de social-liberalismo que no frenaron la degradación de sus condiciones de vida en los barrios periféricos de las grandes ciudades, se reconozca en ese movimiento. Una cosa es dejar para más adelante, sentado el debate y reagrupadas las fuerzas respectivas, los términos de un acuerdo entre las izquierdas. Pero, negar de entrada su eventualidad, no es una afirmación del espacio socialdemócrata, sino una manifestación de aristocratismo que aleja ese espacio de los sectores sociales más humildes, deslizándolo hacia un “centro” en plena delicuescencia. (Sólo faltaba, en ese sentido, que François Hollande, bajo cuyo mandato presidencial se forjó el experimento liberal-populista de Emmanuel Macron, ande amagando con presentar por libre su propia candidatura. “Nunca segundas partes fueron buenas”, decían los clásicos. Y mucho menos cuando la primera dejó tan amargo legado).
El segundo mal de que adolecen, por otro flanco, las izquierdas es el del sectarismo izquierdista. No sé si un Lenin del siglo XXI hablaría de “enfermedad infantil”: algunos líderes de la izquierda alternativa han alcanzado ya la edad suficiente como para ir sentando la cabeza. En cualquier caso, se trata de una inclinación política recurrente. Consiste en afirmar un perfil resueltamente anticapitalista a base de emplazar a la izquierda reformista a hacer cosas que, mucho más que sus convicciones, la actual correlación de fuerzas en el Parlamento no permite. A partir de ahí, la denuncia de una “izquierda claudicante” permite poner de relieve la “valentía” de una izquierda verdadera.
Un ejemplo de ello lo estamos viendo estos días en medio de la conmoción social provocada por el desahucio de Mari Carmen, en Madrid. La indignación ha sacado miles de personas a la calle, exigiendo una respuesta a la crisis habitacional. En medio de las protestas, hemos oído al Sindicato de Inquilinas plantear toda una serie de medidas que debería incluir “sí o sí” el Real Decreto que el gobierno se ha comprometido a llevar a las Cortes para su validación. Y, si no fuese así, “que se acabe este gobierno”. La discusión no se sitúa siquiera en la legitimidad o la viabilidad de las demandas planteadas, sino en el margen de maniobra del que dispone el ejecutivo de Pedro Sánchez para sacar adelante una votación. La mayoría del Congreso de los Diputados no es de izquierdas, sino de centroderecha. Gobierna la minoría progresista merced a unas tensiones territoriales que el PSOE ha logrado gestionar – no sin costos, como lo atestiguan las peripecias en torno a la amnistía -, mientras el PP, cada vez más comprometido con Vox, tenía dificultades para entenderse con las derechas nacionalistas periféricas, sus naturales aliados de clase. Pero “la cabra tira al monte”. Y, en materia social, cuando los intereses de las clases pudientes estaban en cuestión, la coincidencia entre PP, Vox y Junts se ha tornado frecuente a la hora de votar.
Por eso no salió adelante, en febrero, la prórroga de las medidas que hubiesen frenado la oleada de desahucios de estas últimas semanas. Ahora, la presión social permite replantear la cuestión. Pero, aún así, hay que contar con PNV y Junts para que el nuevo decreto tenga luz verde. Lo cual implica negociaciones, concesiones… y augura que el nuevo decreto, de aprobarse, supondrá un respiro para las familias más vulnerables. Algo nada despreciable, pero muy lejos aún de una solución global al complejo problema de la vivienda. Eso requiere articular políticamente una mayoría progresista, latente en la sociedad española, pero cuya materialización sigue siendo un desafío. La indignación llena las plazas, no necesariamente las urnas. El 15-M certificó el ocaso del gobierno de Zapatero, noqueado por la crisis financiera y la imposición europea de la austeridad a los países del Sur. Luego, vino Rajoy, encarnando la peor faceta de las recetas neoliberales con su corolario de corrupción.
Para los izquierdistas, los logros del gobierno de Pedro Sánchez “saben a poco” y su permanencia importa aún menos. (La opinión de los sectores sociales concernidos – trabajadores, familias, pensionistas, autónomos, pequeñas empresas… – sería distinta sin duda si una nueva mayoría de derechas revirtiese, como pretenden PP y Vox, las medidas progresistas de estos años en materia laboral, en ayudas, pensiones o redistribución de rentas. Por no hablar de derechos civiles y libertades). Por supuesto, las nuevas crisis que se perfilan al horizonte, determinadas por las fricciones geoestratégicas, el calentamiento global y la voracidad de los tecno-oligarcas, pondrán a la orden del día la necesidad de un programa mucho más audaz; se necesitarán medidas enérgicas para embridar e intervenir los mercados, para forzar la contribución de las clases pudientes al esfuerzo solidario; se requerirán incursiones en el dominio de la propiedad, en su uso e incluso la socialización de sectores estratégicos de la economía… Pero nada de eso puede plantearse al margen de la movilización ciudadana y de la configuración de una mayoría política progresista.
Desde luego, no sería la caída precipitada del gobierno lo que nos acercaría a ese escenario. A golpe de ultimátum, algunas figuras que pretenden liderar la izquierda alternativa – Irene Montero, Ada Colau… – parecen querer jugar a “cuanto peor, mejor”, situándose ya en la perspectiva de ser la oposición radical a un gobierno de la derecha y la ultraderecha. Ambas desprecian la posibilidad de un acuerdo general para evitar que el Senado permanezca en manos del PP y, por supuesto, no dan un duro por la continuidad del gobierno de coalición. Pero la lucha de clases no se desarrolla siguiendo unos ciclos reiterativos. Ni la conciencia política avanza según los esquemas izquierdistas, confiados en que un gobierno reaccionario suscitaría una respuesta social, engrosando las formaciones alternativas y relegando el reformismo “al basurero de la Historia”. Si, bajo la operación de acoso y derribo de que es objeto, cayese el gobierno de Pedro Sánchez, el resultado difícilmente sería un ascenso de masas, sino antes bien una oleada general de desánimo e impotencia. Lo que está en juego no es una alternancia en el marco de unos parámetros establecidos, sino la amenaza de una ruptura de los mismos, abriendo paso a una severa involución social y democrática. Paradójicamente, el radicalismo verbal oculta a veces la ingenua confianza en que el sistema daría paso, sin más, al inicio de una nueva partida. De ahí su inanidad política.
Las izquierdas son históricamente plurales. Sus bases sociales – obreras, populares, clases medias trabajadoras… – son lo bastante diversas como para sustentar distintas tradiciones, diferentes estrategias y proyectos emancipatorios. Por eso mismo, convendría que sus tendencias aplicasen – a su manera y dirigiéndose a esos estratos sociales – la consigna que Aznar lanzó a las terminales de la derecha en el “Estado profundo”: “Quien pueda hacer, que haga”. Eso. Que cada cual haga lo que debe hacer allí donde está. Quien actúe desde las instituciones, que vaya tan lejos como sea posible. Quien pueda debatir y presionar, que lo haga. Quien pueda movilizar, organizar y elevar la conciencia ciudadana, que no escatime esfuerzos en ello. La dialéctica, incluso las fricciones, entre unas cosas y otras determinará el avance general. Lo importante es no equivocarse de enemigo en momentos cruciales como los que se avecinan. Ni por una trasnochada arrogancia en algún caso, ni por un sectarismo pueril en otros. La historia del movimiento obrero ya nos ha aleccionado acerca del funesto desenlace de esas enfermedades.
Lluís Rabell
27/09/2026
