La democracia liberal se sostiene sobre un pacto social redistributivo y una promesa de progreso. Hoy, ese horizonte se ha desvanecido. Las desigualdades han minado la credibilidad de las instituciones representativas. Tras décadas de globalización neoliberal, el orden de posguerra ha quebrado irremediablemente. Comienza una era de geopolítica imperial, de disputa encarnizada por materias primas y rutas comerciales. La guerra tiñe de sangre las planicies de Ucrania, Oriente Medio o Sudán. Los regímenes autoritarios están al alza. Y una oleada reaccionaria, alentada desde la Casa Blanca, sumerge América Latina y avanza también con fuerza en Europa. Ese es el marco, poco venturoso, en el que se desenvolverán los comicios legislativos del próximo 29-N.
Ante una cita trascendente como ésta, acostumbran a primar las tácticas electorales, los mensajes lapidarios, las consignas. Sin embargo, conviene elevar la mirada hacia consideraciones de mayor calado. Lo que está en juego no es una simple alternancia, sino la confrontación entre dos caminos, entre dos modelos sociales. El cuadro general que determina ese choque no cae del cielo. Resulta de una evolución del capitalismo que ha fomentado una hipertrofia de los mercados financieros y una formidable concentración de riqueza y poder. Las desregulaciones han favorecido los rasgos extractivistas, improductivos y de mayor impacto ecológico del sistema. La crisis de la vivienda, que marcará sin duda la contienda electoral, ha puesto de relieve el carácter parasitario del capital rentista, así como la tremenda disfunción que introduce en el mercado.
La protesta social, que la Huelga General del 11-N está llamada a amplificar, ha instalado definitivamente en la izquierda la convicción de que es imperativa una enérgica intervención de ese mercado por parte de los poderes públicos. Para regular precios y alquileres. Para establecer escudos de protección social a los más desfavorecidos. Pero también para reglamentar compra-ventas y para impulsar un parque de vivienda protegida. La dinámica desatada del mercado atenta contra el derecho básico de la ciudadanía a disponer de un techo para desarrollar sus proyectos vitales, emanciparse o permanecer en su ciudad. Así pues, la preservación de ese derecho constitucional requiere la modulación del derecho a la propiedad. Éste, lejos de ser irrestricto, debe estar condicionado a su uso y a su derivada social.
No se trata de una cuestión menor. La exigencia intervencionista que, por la fuerza de las cosas, se impone en el ámbito de la vivienda, se planteará igualmente en otros dominios económicos. La necesidad de sostener el Estado del Bienestar, de impulsar una reindustrialización verde o de hacer frente a las amenazas militares que pesan sobre Europa requerirá actuaciones decididas en ese sentido. En su reciente Manifiesto “Por un impulso democrático que mejore las condiciones de vida de la mayoría social”, el colectivo Economistas frente a la crisis avanza toda una serie de propuestas de actuación de los poderes públicos. En materia de inversión, de impulso de vectores estratégicos – como el de las energías renovables -, de reforma de mercados o de fiscalidad. “Es fundamental – dicen – establecer un impuesto, suplemento al general del Patrimonio, del 2% a la riqueza de los ultrarricos que superen los 100 millones de euros de patrimonio neto. (…) Es necesario aumentar la fiscalidad a las grandes empresas que tributan muy poco. El tipo mínimo del 15% debe acompañarse con la supresión de beneficios fiscales que favorecen la elusión. (…) Debemos seguir avanzando en la equiparación de las rentas del capital con las del trabajo.”
En efecto. La época incierta en la que nos adentramos lleva a una reformulación del programa socialista. La alternativa a la involución que enarbolan la derecha extrema y la extrema derecha no puede ser la gestión honesta del statu quo amenazado. El simple mantenimiento de las conquistas sociales exige ya adentrarse en dominios hasta ahora impensables. Y hay que decir que lo han sido como resultado de la hegemonía ideológica neoliberal, no como expresión del orden natural de las cosas. Así nos lo recuerda el artículo de la socióloga francesa Dominique Méda, que reproducimos a continuación. Como señala la investigadora, el giro autoritario que las grandes empresas han adoptado intra muros está impregnando al conjunto de la sociedad. ¿Acaso no sería razonable embridar unas corporaciones cuyo volumen de negocio supera al PIB de muchos países, cuyas tecnologías colonizan sistemas de defensa enteros y cuyas instalaciones consumen agua y energía a raudales?
No hablamos solo de fiscalidad – ¿Qué gobierno logrará imponer a esos gigantes la tributación que les corresponde? -, sino de poder. Los tecno-oligarcas han declarado una guerra abierta a la democracia, alentando por doquier el ascenso de movimientos populistas y reaccionarios. La capacidad de incidencia de esta élite radica en una gestión empresarial sin contrapesos y totalmente opaca. Los omnipotentes directores ejecutivos someten a sus trabajadores a la arbitrariedad, toman decisiones estratégicas que afectan a la vida de países enteros. El control democrático y social de estas compañías – desde una legislación reguladora, la participación e incluso la intervención del Estado, hasta la presencia empoderada de los sindicatos en los consejos de administración – será uno de los mayores y más complejos desafíos del siglo. De su desenlace dependerá en gran medida el destino de las naciones.
Ciertamente, en el contexto actual, semejante perspectiva suena poco menos que a utopía. Sin embargo, la profundidad de los conflictos sociales que se vislumbran llevará la radicalidad al terreno del sentido común. Al final, habrá que decidir si queremos una sociedad con mercado… o una sociedad de mercado. La izquierda debe prepararse para encarar el nuevo paradigma de la lucha de clases.
Lluís Rabell
13/10/2026
El giro autoritario de las empresas
¿Está amenazada la democracia por el mercado? Cuando los principales fundadores de las empresas de inteligencia artificial (IA) nos anuncian que están perdiendo el control de su propia criatura, o cuando las empresas de energías fósiles siguen acelerando el desajuste climático y los Estados parecen superados – si es que no actúan como cómplices -, la cuestión es de rabiosa actualidad.
Si la democracia parece amenazada por el mercado es, ante todo, porque las empresas han ido adquiriendo, a lo largo de los últimos siglos, poderes exorbitantes debido al gigantesco volumen de capitales que son capaces de reunir, poniéndolo al servicio de objetivos que pueden estar muy lejos del interés general. En Estados Unidos, en Gran Bretaña y en Francia, fue imposible durante mucho tiempo crear una sociedad anónima sin obtener una expresa autorización del Estado. Dado que permitía reunir importantes capitales y limitar la responsabilidad de los inversores, el código de comercio francés de 1807 condicionaba la creación de una sociedad anónima a la previa autorización del gobierno, que éste concedía solamente si se demostraba su utilidad pública. La ley de 1867 suprimió esta autorización gubernamental, sobre todo de cara a facilitar las grandes obras de finales del siglo XIX. Si los años posteriores a la segunda guerra mundial lograron canalizar el ímpetu del mercado al brindar al Estado numerosos instrumentos de intervención (nacionalizaciones, reglamentos…), las décadas de 1970 y 1980 vieron desarrollarse ideologías cada vez más favorables a los inversores capitalistas. Fue teorizada la idea según la cual la única misión del responsable de una empresa consiste en ocuparse del interés de los accionistas. Paralelamente, fueron creciendo potentísimas multinacionales, cuyo volumen de negocio superaba el PIB de algunos países. Hoy, vemos a empresas que inician procedimientos de arbitraje contra Estados o ejercen sobre ellos el chantaje de la deslocalización.
Pero los investigadores llaman ahora la atención sobre el giro autoritario de la empresa. En su trabajo “Authoritarianism with Silicon Valley Characteristics” (“El autoritarismo al estilo de Silicon Valley”, Journal of Management Inquiry, enero de 2023), el sociólogo americano Gerald F. Davis sostiene que la propagación del autoritarismo en la esfera política va de la mano con ciertas tendencias observadas en el sector tecnológico estadounidense, donde los directores ejecutivos ejercen cada vez más su autoridad sin un verdadero control estructural, ni obligación de rendir cuentas. Cuando una parte cada vez mayor de nuestra economía y de nuestra sociedad está regida por plataformas digitales procedentes de Silicon Valley, el autoritarismo empresarial se convierte en una amenaza creciente para el día a día de la democracia.
El investigador recuerda que Google y Facebook fueron pioneras por cuanto se refiere a esa tendencia, otorgando a sus fundadores acciones con derecho de voto privilegiado, lo que les garantizaba un control de la empresa a perpetuidad. A lo largo de estos últimos años, cerca de la mitad de las start-up tecnológicas que cotizan en bolsa han ido adoptando estructuras similares, esgrimiendo una teoría de gobernanza empresarial según la cual los fundadores son creadores en pos de una visión única… cuyo impulso no debería ser frenado por aprovechados ni reguladores – incluidos los propios accionistas de la compañía.
Un gigantesco poder de manipulación
Se trata, pues, de nuevos principios de gobernanza, que permiten al creador movilizar capitales al tiempo que reduce de modo muy significativo la potestad de los accionistas y suprime cualquier contrapoder. Davis escribe que Silicon Valley está repleto de “dictadores de empresa”: en 2021, no menos del 46% de las empresas tecnológicas que cotizaban en bolsa disponían de acciones con doble derecho de voto.
Los inversores en capital riesgo y los emprendedores que propugnan esas estructuras autoritarias “favorables a los fundadores” son también críticos feroces del ESG (Environmental, Social and Governance); es decir, el movimiento que pretende evaluar las empresas en función de sus impactos medioambientales, sociales y de gobernanza, recompensando a aquellas que se orientan hacia la duración, la equidad y la responsabilidad. El sociólogo recuerda que, en abril de 2022, Elon Musk había tuiteado: “Cada día estoy más convencido de que el ESG de empresa es la encarnación del diablo.” Mientras que las empresas tecnológicas protegen a sus dirigentes frente cualquier responsabilidad de cara al exterior, algunos de ellos crean y despliegan herramientas de vigilancia que les permiten escrutar hasta el mínimo detalle los movimientos de sus empleados a partir del instante en que se conectan para trabajar. Y, sobre todo – pensemos en Google, Facebook, X o TikTok -, los fundadores de esas empresas disponen de una gigantesca capacidad de manipulación de la opinión pública.
La idea de que las empresas no tendrían que rendir cuentas a nadie cuando ejercen poderes privados considerables sobre sus asalariados, sus contratistas, los territorios, el medio ambiente y las políticas públicas, es cada vez menos defendible. Frente a ideólogos como el multimillonario americano y cofundador de Paypal, Peter Thiel, que sostienen que habría que confiar a las empresas el gobierno de las naciones, urge, por el contrario, constitucionalizar sus poderes. Es lo que propone el jurista Jean-Philippe Robé: del mismo modo que las constituciones permitieron en su día encuadrar el poder absoluto del Estado, a partir de ahora es necesario definir las leyes fundamentales que embridarán los poderes de la empresa, nacional o multinacional, determinando los deberes y responsabilidades de una organización colectiva cuyas decisiones afectan a muchísimas personas y a la propia estabilidad del mundo en que vivimos.
Dominique Méda (Profesora de Sociología, Universidad Paris-Dauphine-PSL)
“Le Monde”, 11/10/2026
