Europa se acerca a una serie de contiendas electorales que marcarán su destino. Las elecciones presidenciales francesas, que deben celebrarse dentro de ocho meses, constituyen sin duda una de las citas más decisivas. El peso específico de Francia en la Unión Europea hace que cuanto ocurra en el país vecino tenga una repercusión continental. El desenlace de esos comicios es tanto más incierto cuanto que aún no han comparecido todos los candidatos que entrarán en liza. De momento, hay dos candidaturas firmemente declaradas, que aspiran a polarizar la campaña y a erigirse en las opciones que se ofrecerán al electorado en la segunda vuelta: el Reagrupamiento Nacional (RN), la formación de extrema derecha que lidera Marine Le Pen, y La Francia Insumisa (LFI), la izquierda radical dirigida por Jean-Luc Mélenchon.
Frente a una derecha liberal fragmentada y unos aspirantes conservadores cada vez más escorados hacia las posiciones de la ultraderecha, las encuestas vaticinan que la candidata del RN tiene muchas posibilidades de encarar la recta final hacia el Elíseo. Y no puede decirse que oculte sus intenciones, ni haga un misterio de su programa, un autentico torpedo dirigido a la línea de flotación de la democracia liberal y la construcción europea. De hecho, lo que anuncia Marine Le Pen en caso de victoria vendría a ser, según Jean-Eric Schoetti, antiguo secretario general del Consejo Constitucional, “un doble golpe de Estado, en el fondo y en la forma.” (“Le Monde”, 20/08/2026). En efecto. El compromiso del RN es la convocatoria de un referéndum constitucional sobre la inmigración. Una consulta cuyo objetivo sería inscribir en la Carta Magna toda una serie de disposiciones – 14 artículos – que su grupo parlamentario presentó ya el 25 de enero de 2024 en la Asamblea Nacional. La adopción de esa reforma modificaría radicalmente el ordenamiento jurídico de Francia, dinamitando sus engarces democráticos. Se trataría de abolir el “derecho del suelo” – el reconocimiento como franceses a los nacidos en territorio de la República -, instaurar la “prioridad nacional” – por cuanto se refiere al acceso a viviendas, empleos y servicios públicos, así como a las prestaciones sociales – y suprimir de facto el derecho de asilo.
El plan de Le Pen sería hacer coincidir ese referéndum con la convocatoria de unas elecciones legislativas – donde, normalmente, se hace sentir todavía la marea de fondo que ha entronizado al nuevo presidente de la República. Sin embargo, la disposición que le permite la convocatoria directa de una consulta popular – el artículo 11 de la Constitución – no admite que ésta pueda versar sobre una modificación de la Carta Magna. Algo perfectamente comprensible. En general, las Constituciones de los Estados aspiran a establecer unos parámetros estables y duraderos de convivencia; un marco jurídico cuyas eventuales actualizaciones respondan a amplios consensos, debidamente madurados, y no a episódicos estados de ánimo de la opinión pública. La Constitución francesa prevé en su artículo 89 las condiciones para llevar a cabo una reforma de ese calado: es necesario el voto previo de la Asamblea Nacional y del Senado. Pero nada garantiza al RN que ese alineamiento se produzca. Lo que le lleva a considerar la posibilidad de someter directamente al pueblo la adopción de una nueva Constitución, incorporando aquellos 14 artículos y estableciendo además la supremacía absoluta del nuevo orden jurídico sobre cualquier norma o compromiso internacional.
Como puede verse, la alarma acerca de un golpe de Estado no es un temor infundado. Como tampoco lo es la amenaza que supone para la UE. Los ideólogos del RN piensan que, llegado el momento, Bruselas no se atrevería a recoger el guante lanzado por una potencia como Francia. “Sin Francia, la UE dejaría de existir – dice Renaud Labaye, secretario del grupo parlamentario -, se pegaría un tiro en el pie en caso de sancionar a nuestro país. Por el contrario, la Constitución puede ser una buena herramienta para cambiar y reorientar a Europa, para pesar en nuestras futuras discusiones con Bruselas.” Marine Le Pen es la candidata favorita de Trump, Putin y Netanyahu. No resulta difícil imaginar cuál sería el sentido de la “reorientación” europea, comenzando por la solidaridad con Ucrania, ni qué nefastas tendencias – bien presentes ya en el seno de la UE – consolidaría en materia de política exterior, de tratamiento de los flujos migratorios o de una ralentizada transición ecológica.
Pero, como señala el articulista Corentin Lesueur en las páginas del rotativo parisino, “la adopción de la reforma constitucional del RN no sólo amenazaría el lugar de Francia en el concierto de naciones. La estabilidad de la propia Constitución se vería cuestionada por el artículo 14, el último de la proposición del RN: esta disposición instauraría definitivamente la posibilidad de revisar la norma suprema a través del artículo 11.” Es decir, a partir de la única voluntad presidencial. La Constitución de 1958 es altamente bonapartista: el jefe del Estado dispone de amplios poderes, es él quien preside y dirige de hecho el gobierno; el primer ministro y su gabinete funcionan como una suerte de fusible que protege al presidente. Éste se eleva como una suerte de César por encima de las disputas parlamentarias y rige los destinos del país. No en vano François Mitterrand, opositor del general De Gaulle, calificó en su día al régimen de la V República como un “golpe de Estado permanente”. (Aunque, llegado el momento, Mitterrand se amoldó perfectamente a la denostada institución presidencial). Concebida para contener bajo una autoridad unipersonal las contradicciones de un país desgarrado por la guerra de Argelia, la Constitución gaullista, convenientemente remozada por la extrema derecha, podría convertirse mañana en la palanca de una profunda involución social y democrática.
Los referéndums los carga el diablo. Constituye el instrumento menos apropiado para zanjar las cuestiones complejas que se plantean a nuestras sociedades. Quienes un día tuvimos una inmoderada querencia por esta vía quedamos vacunados de por vida tras la experiencia del Brexit y la convocatoria independentista del 1 de octubre de 2017 en Catalunya. Pero, por su carácter polarizador y simplificador, de juego de suma cero, el referéndum es un recurso reivindicado por el populismo de extrema derecha. ¿Cuántas opciones regresivas podrían validarse, cuántas leyes abolirse de un plumazo bajo un fuerte impacto emocional en la opinión pública, en medio de una alarma nacional o merced a una intensa campaña demagógica? ¿Por qué no se restablecería la pena de muerte tras la conmoción causada por un atentado o un crimen especialmente atroz? ¿Cuántos derechos humanos podrían ser conculcados en nombre de la seguridad para tranquilizar a una sociedad atemorizada?
Marine Le Pen es muy clara en cuanto a su objetivo de instaurar un poder fuerte por encima de la democracia representativa: “Mi intención es poner fin al monopolio de una oligarquía que se arroga el derecho de decidir en nombre del pueblo concediéndole rara vez la palabra.” El pueblo contra las élites – identificadas, no con los más ricos y poderosos, sino con los cargos electos. Legitimidad versus legalidad. La voluntad popular frente a las instituciones. Es indiscutible que el parlamentarismo está en horas bajas: el descrédito de unas instituciones que parecen parlotear sin atender a los temores y demandas de la población corroe a todas las democracias occidentales. Su marco representativo, sin embargo, emana igualmente de la voluntad popular, y su función es justamente la de decantarla a través de una deliberación sosegada y responsable. Barrer esa mediación en nombre de un procedimiento fácilmente dominado por la emotividad y ajeno a cualquier matiz, no constituye en absoluto un avance democrático, sino todo lo contrario.
Sin embargo, a excepción del Partido Socialista, cuya cultura política se caracteriza por el apego al parlamentarismo, todos los aspirantes – declarados o no – al Elíseo abundan en la propuesta de los más variados referéndums. Mélenchon sobre la independencia de Nueva Caledonia, la ecologista Sandrine Roussel acerca de la energía nuclear. El que fue ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, propugna la celebración de “referéndums nacionales o locales como forma regular de decisión.” El conservador Edouard Philippe quisiera, por su parte, convocar un referéndum para constitucionalizar la disciplina presupuestaria. Un coro cacofónico y poco tranquilizador que contribuye a consolidar la idea de una vía de expresión supuestamente superior de los anhelos ciudadanos… que resultaría tremendamente corrosiva para el Estado de Derecho. Llegado el momento de un conflicto entre Marine Le Pen – en caso de alcanzar la presidencia de la República – y la doctrina restrictiva del Consejo Constitucional por cuanto se refiere al uso del referéndum, ¿resistirían en ese contexto los guardianes de la norma suprema las presiones que se ejercerían sobre ellos? La fuerza de los resortes institucionales depende de la adhesión social a unos determinados valores. Y es eso precisamente lo que está siendo socavado.
Ante este panorama, ¿cómo se sitúa la izquierda? De momento, reinan la confusión y la división en sus filas. A falta de que se concreten determinadas pretensiones dentro del espectro socialdemócrata, el eurodiputado Raphaël Gluksmann (“Place Publique”) está a punto de presentar su candidatura. Habrá que ver su programa y su política de alianzas. No ha sido un buen augurio, sin embargo, la filtración de un documento de sus asesores desaconsejándole desplegar su campaña en el extrarradio de las ciudades. Si su campaña adquiriese semejante sesgo, se alejaría de una franja muy significativa de las clases populares y Gluksmann aparecería como el portavoz exclusivo de los segmentos urbanos ilustrados, incapaz de congregar una mayoría social para el cambio. Su tono altivo hacia la izquierda radical – por discutibles que sean determinadas posiciones de LFI – tampoco facilita la vía de eventuales acuerdos.
Por su parte, Jean-Luc Mélenchon aspira a un duelo con Le Pen en la segunda vuelta, contando con que, de buena o mala gana, toda la izquierda “pequeñoburguesa” se alineará tras él para cerrar el paso a la extrema derecha. Y efectivamente, podría darse ese duelo. A estas alturas, no tiene mucho sentido especular sobre su desenlace. Cualquier pronóstico sería tanto más azaroso cuanto que – como lo revela una encuesta realizada por la Fundación Jean Jaurès – el campo de la izquierda, lejos de ser binario y dividirse entre un sector moderado y otro revolucionario, dibuja más bien cuatro espacios diferenciados. El primero sería el de la propia LFI, abarcando el 20% del electorado progresista. El segundo, representando un 23%, correspondería al espectro socialdemócrata y de centroizquierda, donde existe una fuerte animadversión hacia el líder “insumiso”. La tercera familia, agrupando a su vez a un 25%, abarcaría una significativa franja social que votó por Mélenchon en las presidenciales de 2022, pero que se ha distanciado de él hasta el punto de que la mayoría de esos electores lo percibe como un peligro para la democracia.
Y es que el sesgo populista y nacionalista es muy acentuado en LFI. Habrá que ver cómo evoluciona su discurso. Lejos de defender un proyecto europeísta – y habría mucho que decir ante el actual impasse de la UE -, Mélenchon ha llegado a propugnar como eje de su política exterior un partenariado entre Francia y China (imitando la estrategia del rey Francisco I de aliarse con el imperio turco frente a la presión de los Habsburgo). En cuanto a su narrativa de una “nueva Francia”, encarnada por la diversidad de los barrios periféricos y confrontada al “viejo país” de Le Pen, esa perspectiva galvaniza sin duda a las bases insumisas… pero contribuye también a un debate de tintes étnicos que conviene perfectamente a la extrema derecha. Se echa de menos un proyecto claro e integrador de ciudadanía, capaz de dar una respuesta democrática a unas tensiones que, como anuncia la crisis de Ceuta, irán in crescendo en toda Europa.
El cuarto y más nutrido espacio – 32% – sería el de los partidarios de un voto útil en favor del candidato – socialista, ecologista o radical – con mayores posibilidades. Si esa encuesta anda en lo cierto, nada está garantizado de antemano. Ante los nubarrones que pueblan el horizonte, la responsabilidad que incumbe a la izquierda es enorme.
Lluís Rabell
22/08/2026
