Cui prodest? La irrupción en Ceuta de decenas de miles de personas no tuvo nada de espontáneo. Por supuesto, hay mucha gente, empujada por la pobreza, las guerras o los desastres climáticos, deseosa de alcanzar el territorio europeo en busca de oportunidades vitales. Y la política migratoria de la Unión Europea, externalizando sus fronteras en lugar de establecer vías seguras para una migración regular, contribuye a la sucesión de tragedias humanitarias. Parece evidente, sin embargo, que en la reciente crisis que ha vivido el enclave español han intervenido toda una serie de actores políticos, interesados en desestabilizar al gobierno de Pedro Sánchez. Un movimiento de tal magnitud no podría haberse dado sin la connivencia de las autoridades marroquís. Por otra parte, la agitación en redes sociales, difundiendo falsas informaciones e incitando a saltar la valla o a cruzar a nado, sugiere una actuación sofisticada, característica de las modernas guerras híbridas. Con llamativa simultaneidad, Trump, Netanyahu, las agencias de propaganda rusas… han hablado de “invasión” y han apuntado a la responsabilidad exclusiva del ejecutivo progresista. Más aún: desde Washington se ha puesto abiertamente en cuestión la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. Estados Unidos e Israel apuestan fuertemente por la alianza con la monarquía marroquí desde una óptica geoestratégica: el control del acceso al Mediterráneo a través del estrecho de Gibraltar adquiere mayor importancia que nunca. La guerra contra Irán ha puesto de relieve el papel decisivo de determinados pasos marítimos por los que fluyen materias primas vitales para la economía mundial. Ormuz está en disputa, la vía del Mar Rojo es cada vez más incierta. Mohammed VI, firmante de los acuerdos de Abraham, es a ojos de Trump el vasallo ideal para asegurar el control de la ruta alternativa a Suez.

               Pero la crisis de Ceuta ha operado, sobre todo, como el revelador de una inquietante fragilidad de la solidaridad europea. La cumbre de urgencia de los ministros de Interior de la UE del pasado 3 de agosto, reunión solicitada por España, mantuvo una apariencia de unidad. (Aunque la tensión con el gobierno de Giorgia Meloni, persiste). Pero, por cuanto se refiere a la imagen de Europa, el mal ya estaba hecho. Desde el primer momento, nada menos que 22 países de la Unión se adhirieron a la iniciativa de Italia y Dinamarca, que acusaba al programa de regularización español de poner en peligro la seguridad de las fronteras europeas. Ningún hecho sostiene semejante afirmación. En realidad, y a pesar de la retórica antiinmigración de su gobierno, Italia ha legalizado la presencia en su territorio de un número mayor de trabajadores extranjeros que España. Ese discurso incendiario, destinado a atemorizar a la opinión pública, responde esencialmente a la influencia que ha ido ganando la extrema derecha en todos los países. Como dice el profesor Alberto Alemano en la tribuna de opinión que reproducimos a continuación, “la extrema derecha no necesita gobernar para dictar la respuesta de la Unión”.

               Todo ello resulta particularmente alarmante cuando se aproximan contiendas electorales tan decisivas como las presidenciales francesas, que se celebrarán dentro de ocho meses sobre un fondo de ascenso de Marine Le Pen y de penosa división en las filas de la izquierda. Si Francia, potencia nuclear y pilar de la UE, cayese en manos de una presidencia ultranacionalista y prorrusa, el destino de la construcción europea se vería seriamente amenazado. Lo que hoy aparece como una crisis en torno a la política migratoria – que, sin duda alguna, lo es -, va mucho más allá. Plantea la confrontación entre dos modelos, entre dos vías, sobre las que habrán de pronunciarse los electorados de todas las naciones. O bien un pacto democrático e integrador de ciudadanía – y un abordaje europeo mancomunado de los desafíos de nuestro tiempo – , como promueve el gobierno de izquierdas en España… o bien un repliegue nacional, abriendo las puertas al deslizamiento, desde los cimientos democráticos de los Estados y los valores fundacionales de la propia Unión, hacia fracturas sociales de base étnica, cultural o de origen. Es decir, el resurgir de los viejos demonios que asolaron Europa y que el proyecto comunitario quiso conjurar para siempre.

               Ante esa coyuntura, la izquierda europea está tardando en hablar con una sola voz. Está tardando en tomar la iniciativa. Desde ese punto de vista, el sindicalismo de clase brinda un ejemplo a seguir. CCOO ha manifestado una de las posturas más claras y solidarias frente a la crisis de Ceuta y ha encontrado una alianza natural en, su homóloga, la CGIL italiana, a la hora de denunciar los turbios manejos y la demagogia populista de la extrema derecha. En contraste con esa coincidencia fraternal, resulta sencillamente indignante que una primera ministra como Mette Frederiksen, socialdemócrata, vaya de la mano de un gobierno neofascista para arremeter contra el gobierno de Pedro Sánchez. La deslealtad es mayúscula. Pero, más allá de resolver esta fricción, urge un posicionamiento claro y unificado de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo sobre el fondo de la cuestión. Europa acaba de mirarse en el espejo de Ceuta. Y la imagen que éste nos devuelve es preocupante. La unidad de criterio europeísta y progresista constituye la fuerza indispensable con la que las fuerzas de izquierdas necesitan afrontar las próximas contiendas políticas. Ceuta es, en todos los sentidos, una cuestión europea. Cada una de esas contiendas nacionales también lo será.

               Lluís Rabell

               8/08/2026

De la urgencia fronteriza a la fractura de la solidaridad europea

            Entre el jueves 30 y el viernes 31 de julio, más de 50.000 personas han intentado pasar desde Marruecos al enclave español de Ceuta, una de las raras fronteras terrestres de la Unión Europea en África. Por lo menos 72 de ellas han perecido, y este trágico balance podría ser aún mayor. Este episodio ha puesto de relieve graves deficiencias en la gestión de la frontera, en materia de ayuda humanitaria y en cuanto a la cooperación de Marruecos con España. Todo ello no justifica, sin embargo, la idea, retomada por diversos dirigentes europeos y extranjeros, de una “invasión” de Europa.

               En el plazo de cuarenta y ocho horas, las autoridades españolas y marroquís habían restablecido el orden. Más de 48.000 personas fueron reconducidas a Marruecos. Las que permanecieron eran sobre todo menores no acompañados o personas cuyos expedientes estaban siendo examinados. Nadie pasó a la España continental, y quienes así irrumpieron en Ceuta no pudieron proseguir hacia el espacio Schengen. El episodio sobrevenido en el enclave fue una crisis mortífera en una frontera exterior de Europa, no el hundimiento de sus fronteras.

               No obstante, numerosos dirigentes europeos han tratado esa crisis como un acontecimiento de muy distinta magnitud. Una pérdida de control temporal se convirtió en un test para un principio central del proyecto europeo: la presión ejercida sobre una frontera exterior plantea una responsabilidad común. Muchos gobiernos no han superado el test.

               El jefe del Partido Popular europeo, Manfred Weber, ha vinculado este episodio al “efecto llamada” creado, según él, por el programa español de regularización de trabajadores inmigrantes. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha juzgado la situación “inaceptable” y ha exigido rápidas expulsiones, manifestando de entrada un escaso apoyo a Madrid y mostrándose reservada acerca del papel desempeñado por Marruecos. Italia restableció controles para las personas procedentes de España. La presidenta del gobierno italiano, Giorgia Meloni, y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, lanzaron la iniciativa de una carta, suscrita por veintidós dirigentes de la UE, señalando la apertura del proceso español de regularización como un detonante de la crisis. Dinamarca, la República Checa y Finlandia han llegado incluso a plantear la exclusión de España del acuerdo de libre circulación.

Medio de presión

Ninguna de esas afirmaciones resiste al contraste con los hechos. Las personas que aún permanecían en el enclave no podían proseguir su camino, los controles de salida ya estaban fijados. La cuestión no consistía en saber si Europa debía o no controlar sus fronteras. Debe hacerlo y lo hace. Se trataba de saber si la presión sobre una frontera exterior seguiría siendo una responsabilidad compartida o, por el contrario, se convertiría en un motivo para que los gobiernos se abalanzasen los unos contra los otros.

               La comparación con Lampedusa muestra que no se trataba sólo de una cuestión de gestión fronteriza, sino de solidaridad política. En septiembre de 2023, cuando más de 10.000 emigrantes llegaron en el espacio de unos días a la isla italiana, Úrsula von der Leyen acudió junto a Giorgia Meloni y calificó la inmigración irregular como “un desafío europeo” que exigía “una respuesta europea”. Sin embargo, quienes llegaban a Lampedusa tenían mayor facilidad para moverse dentro del espacio Schengen, haciendo más probables otros desplazamientos. En aquella ocasión, Italia fue tratada como un Estado que asumía una carga común. España lo ha sido como un gobierno que ha contribuido a su propia crisis.

               Esa diferencia establece un giro. La extrema derecha no tiene necesidad de gobernar para dictar la respuesta de la UE. Giorgia Meloni ha lanzado la ofensiva contra España, pero Manfred Weber, Mette Frederiksen – a pesar de ser socialdemócrata – y otros dirigentes han convertido un argumento partidista en la posición de veintidós gobiernos. La solidaridad se ha vuelto condicional, y Schengen un medio de presión contra los gobiernos cuya política migratoria no gusta. Esta fractura ha abierto una brecha que toda una serie de actores externos se han apresurado a explotar.

               Donald Trump ha citado a Ceuta para poner en guardia al electorado americano contra la inmigración incontrolada. Su vicepresidente, J.D. Vance, ha hablado de “invasión de Occidente”. Elon Musk ha comparado esa travesía de la frontera con la película de zombis World War Z. El ministro de asuntos exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, ha señalado la circulación en redes de más de 1500 publicaciones sobre Ceuta, difundidas por canales prorrusos vinculados a los medios de comunicación estatales Pravda y RT. Los responsables europeos no han creado esos relatos. Pero, al sostener un discurso similar, han facilitado su amplia difusión al tiempo que silenciaban la posibilidad de una guerra híbrida.

               La importancia duradera de los recientes acontecimientos de Ceuta se refiere menos a los hechos propiamente dichos que a la reacción política que han suscitado. Un desorden local se ha convertido en un test de la cohesión europea. La gravedad de los acontecimientos exige llevar a cabo una investigación sobre las redes de traficantes, acerca del papel de Marruecos en la crisis, sobre la preparación de España y la legalidad de las reconducciones. Pero nada de eso debe enmascarar la lección esencial. Ceuta no ha demostrado que Europa sea incapaz de preservar sus fronteras. Ha demostrado con qué rapidez las divisiones políticas pueden transformar una urgencia local en una amenaza para la solidaridad europea. España merece un examen riguroso, pero es acreedora también de apoyo. Si la solidaridad depende del alineamiento político, el espacio Schengen deja de ser un nexo de unión y se convierte en una moneda de cambio que nuestros adversarios ya saben manejar.

               Alberto Alemanno (titular de la cátedra Jean Monnet de derecho de la UE, HEC París)

               “Le Monde”, 7/08/2026