Mientras el estrépito mediático-judicial embota nuestros sentidos, muchas cosas suceden en el ámbito europeo. Cosas importantes, decisivas incluso para el futuro de nuestras sociedades, que pasan desapercibidas para la opinión pública. En parte, porque revisten cierta complejidad técnica… y los medios de comunicación, dominados por la fiebre de la inmediatez, raramente se esfuerzan por poner esos asuntos al alcance de la comprensión ciudadana. Pero en gran medida también porque están en juego poderosos intereses y hay quien prefiere dirimir las disputas en ausencia de luz y taquígrafos.

               El proyecto del euro digital, largamente trabajado por el Banco Central Europeo y ahora en discusión en las altas instancias comunitarias, es uno de esos temas cruciales. Se trata de desarrollar un dispositivo que permita efectuar pagos sin depender – como es ahora el caso de las tarjetas bancarias más utilizadas – de la intermediación de empresas norteamericanas. A través de ellas, la administración Trump ya ha bloqueado el acceso a sus cuentas a magistrados del Tribunal Penal Internacional o a funcionarios incómodos de Naciones Unidas. Está en juego la soberanía europea. Pero también el acceso de su ciudadanía a una moneda pública, frente a la creciente presión de las criptomonedas. Son, en primer lugar, las entidades bancarias las que quisieran frenar, o vaciar de sustancia, el proyecto del euro digital, temerosas de perder depósitos de sus clientes – que, por cierto, no remuneran – y dejar de percibir comisiones por las transacciones que éstos efectúan. Unos bancos cuya robustez no deja de ser proclamada… pero cuyo grado de exposición a los mercados financieros “en la sombra” planea como una amenaza sobre la economía real.

               Jézabel Coupey-Soubeyran, catedrática de Economía en la Universidad Paris-I Panthéon-Sorbonne, lo explica en la crónica publicada por el rotativo “Le Monde” (28/06/2026) que reproducimos a continuación. Como bien dice, urge que “lo que queda de fuerzas sociales y progresistas en el seno de las instituciones europeas” se movilice para sacar adelante un proyecto del que depende poder avanzar en la autonomía e integración de la economía europea.

               Lluís Rabell

               30/06/2026 

¿Qué futuro espera al euro digital?

               La comisión de asuntos económicos y monetarios del Parlamento europeo ha dado luz verde, el 23 de junio, al triálogo entre los negociadores del Consejo, de la Comisión europea y del propio Parlamento para trazar los contornos definitivos del proyecto del euro digital. El Banco central europeo (BCE) trabaja en ello desde hace siete años y deberá ejecutar una fase piloto experimental antes de su emisión, prevista para 2029. Pero el texto final se dirime ahora. Las negociaciones que están a punto de iniciarse decidirán si el euro digital tendrá el calibre suficiente para defender la soberanía de nuestros pagos, así como garantizar el servicio público de la moneda, o si tal solo servirá para que podamos marcar la casilla “moneda digital del banco central” sin que eso nos preserve de nada.

               El proyecto ha chocado con una doble resistencia. Por un lado, la de los bancos, temerosos de que sus clientes vacíen sus cuentas de depósitos para hacerse con euros digitales, más seguros y menos costosos. De ser así, las entidades bancarias perderían unos recursos estables, que les reportan mucho más de lo que les cuestan (tanto más cuanto que no remuneran los depósitos). Su lobby ha señalado el riesgo que ello supondría para la estabilidad del sector y la financiación de la economía, pero en realidad se trata de preservar sus beneficios. Por otra parte, los ataques han venido también desde el sector de las cripto, puesto que esa emisión del BCE constituiría la antítesis de su concepción de una moneda funcionando de igual a igual, sin Estado ni banco central. De ahí ha venido mucha desinformación: el euro digital supondría el fin de los abonos en metálico o se convertiría en un Big Brother siguiendo la pista de nuestros pagos. En realidad, la propuesta de reglamento en discusión prohíbe explícitamente al BCE acceder a los datos de las transacciones e impone un funcionamiento offline que garantiza un completo anonimato, comparable al que procura el uso de dinero en efectivo.

               Dos razones principales hacen que el euro digital sea absolutamente necesario: la pérdida de soberanía en nuestros pagos y la privatización galopante de la moneda. Siete de cada diez pagos electrónicos que se realizan en Europa transitan a través de Visa o Mastercard, dos empresas americanas. No disponemos de un modo de pago electrónico paneuropeo: las iniciativas privadas son embrionarias, como en el caso de Wero. O bien – como en el de Swish, bien arraigada en Suecia – operan al margen de la zona euro.

Relación de fuerza

            Esa dependencia respecto a infraestructuras extranjeras genera una amenaza, que se ha vuelto muy concreta con las sanciones americanas infligidas en agosto de 2025 a los magistrados del Tribunal penal internacional, quienes, de un día para otro, se vieron privados de acceso a sus cuentas. El euro digital, emitido por el BCE, permitiría disponer de una infraestructura de pagos soberana, universalmente aceptada en la zona euro y gratuita para sus usuarios. Esa es también la condición para que la moneda pública pueda sobrevivir a la digitalización de la economía. Nuestros pagos se realizan online mediante tarjetas de crédito, smartphones… Por eso los billetes se encuentran en vía de extinción. Y, con ellos, la única forma de moneda pública accesible a todos. Por supuesto, esa accesibilidad es relativa: para retirar billetes de un cajero automático, utilizamos una tarjeta bancaria de pago. Pero, con la irrupción de monedas digitales privadas, como las stablecoins adosadas al dólar, se vislumbra ya la desaparición de la moneda pública y, con ella, la pérdida de soberanía.

               No por casualidad la primera vez que Christine Lagarde evocó públicamente la idea de una moneda digital del Banco central fue en 2019, reaccionando al anuncio del proyecto libra, una stablecoin que Facebook acababa de lanzar. Por aquel entonces, las autoridades americanas se opusieron a esa iniciativa. Pero las cosas han cambiado desde la aprobación del Genius Act, firmado por Trump en julio de 2025.

               Varios puntos de fricción pesarán sobre el triálogo, cuyos aspectos técnicos no deberían hacernos perder de vista las relaciones de fuerza políticas subyacentes. El primero se refiere al límite de monedas de que se podría disponer. El BCE propone que la cartera de euros digitales en manos de cada particular no supere los 3000 euros. Se trata de una concesión a los bancos, pero supone una enorme limitación por cuanto se refiere a la soberanía. Y si las negociaciones acabasen reduciendo aún más ese techo, el euro digital solo permitiría efectuar pagos de pequeña cuantía y no tendría gran utilidad. El segundo punto de fricción se refiere a los gastos. Si el BCE procura la infraestructura necesaria, los costes marginales resultan prácticamente nulos y, en consecuencia, los gastos imputados a los comerciantes deberían serlo también. Pero el Consejo prevé un período transitorio de cinco a diez años durante los cuales esos gastos permanecerían indexados a los de las tarjetas de crédito. Una década de tarificación privada sobre una infraestructura pública, significa una década de captura reglamentaria.

               El tercero concierne a la privacidad. Dos disposiciones deben sobrevivir al triálogo: la arquitectura “respetuosa para con la vida privada desde su concepción” y la prohibición de almacenar los datos de las transacciones offline. Sin esas garantías, el argumento de la vigilancia de masas se convertiría en una profecía autocumplida. Un euro digital constreñido por un techo demasiado bajo, unos gastos calcados a los de las tarjetas durante diez años y un BCE capaz de identificar a sus usuarios, no responderían al reto de la soberanía, ni a la necesidad de preservar una moneda pública inclusiva.

               No subestimemos el combate que deberá librar lo que queda de fuerzas sociales y progresistas en el seno de las instituciones europeas. Más vale tener un euro digital imperfecto que no disponer de ninguno. Una vez establecido el marco general, aunque al principio sea insuficiente, siempre podrá evolucionar más adelante. A condición de que no se produzca un cerrojazo desde el interior. El peor escenario imaginable es aquel en que los responsables de haber vaciado de contenido el proyecto clamasen: “¡Ya os habíamos dicho que esto no iba a servir para nada!”, al tiempo que las infraestructuras de pago disponibles permaneciesen como una espada de Damocles suspendida sobre nuestras cabezas.

               Jézabel Couppey-Soubeyran

 28/06/2026

(Traducción: Lluís Rabell)