La ofensiva mediático-judicial contra el gobierno de Pedro Sánchez hace aflorar toda una serie de rasgos de psicología política que retratan la época que vivimos. Se alternan momentos de involuntaria sinceridad con episodios de cinismo, mojigatería y falsa neutralidad. Entre los primeros, cabe destacar la confesión realizada por Ester Muñoz, portavoz del PP, en el pleno del Congreso: “El Estado se está defendiendo del gobierno”. Sería difícil expresarlo con mayor claridad: el Estado – en realidad una parte de él, vinculada a la derecha más rancia, y actuando desde posiciones preeminentes en la magistratura y la policía – se ha insubordinado contra el gobierno legítimo del país y trabaja para derribarlo.

El Tribunal Supremo vivió como una afrenta la Ley de Amnistía. Sus magistrados se hallan en la cúspide de una casta de togados que se considera una suerte de vanguardia nacional, sobre cuyas espaldas recae la sacrosanta tarea de velar por la salvación de España. Semejante encomienda situaría a estos jueces por encima de la voluntad popular, de la que emana el poder legislativo, confiriéndoles la potestad de obstruir las decisiones soberanas del Parlamento. Desde las Cortes, una mayoría, representativa de la realidad plurinacional del país, ha tratado de restañar las heridas de un conflicto político que a punto estuvo de fracturar a la sociedad catalana… mientras que sus señorías preferían la ejemplaridad del escarmiento al restablecimiento de la concordia civil. ¡Dios nos libre del gobierno de los jueces! (Por cierto, ya veremos como encajan el nuevo discurso del líder del PP, llamando a “pasar página” del “procés”.)

               En cualquier caso, el ejecutivo de Pedro Sánchez se ha convertido en el vector de las iras de esos togados. “¡Pero no todos los casos son lawfare!”, “¡No todos los jueces son como Peinado!”, se indigna una legión de tertulianos y periodistas pretendidamente imparciales. “No es tiempo de conspiraciones”, sentencia doctamente El País. Desde luego, Peinado es el más chusquero de todos – aunque ha cumplido perfectamente con el encargo que tenía: hostigar durante dos años a la esposa del presidente y, finalmente, sentarla ante un jurado popular. En lo que El País sí está en lo cierto es en lo poco adecuado que resulta hablar de conspiración cuando toda la operación, perfectamente sincronizada con la agenda de la derecha, se desarrolla a plena luz del día, en medio de un ruido mediático ensordecedor y con vocación intimidatoria.

En realidad, sí: todo es lawfare. (Aunque tal vez sería más exacto decir que se trata de “lo siguiente”, una forma incruenta de golpe de Estado en grado de tentativa). Incluso cuando se dan casos reales e indignantes de corrupción – como el cobro de comisiones por la adquisición de mascarillas en plena pandemia -, su tratamiento judicial tiene un claro sesgo político y se inscribe en un movimiento de conjunto, orquestado para erosionar al gobierno. Severidad extrema en el castigo al exministro socialista Ábalos… y vuelta al ruedo triunfal de Víctor de Aldama, acreditado corruptor y soez embustero en sede judicial, convertido en héroe de Madrid DF. Y aquí no valen los distingos de algunos delicados analistas a quienes les gusta la primera parte de la sentencia, pero les incomoda la benevolencia para con el “arrepentido”. Esto no es la estantería de un supermercado, donde cada cual escoge el producto que le conviene. La sentencia es una e indivisible. En el contraste del trato dispensado a unos y otro, está precisamente el mensaje, altamente tóxico, que se traslada a la opinión pública.  

En cuanto a las causas contra Begoña Gómez y el hermano de Pedro Sánchez, basadas en falsedades ya desmentidas y que nunca hubiesen tenido que llegar a juicio, necesitan concluir en sentencias condenatorias por exigencias del relato. Ése es, por lo menos, el plan. Manuel Marchena, magistrado del Supremo, se indigna porque hay quien habla de “mafia judicial”. Pero lo cierto es que la cacería de familiares y allegados de un enemigo a quien se pretende destruir forma parte de los métodos más arraigados entre los clanes del crimen organizado. Y conviene recordar que fue precisamente el Tribunal Supremo, con su sentencia condenatoria del Fiscal general del Estado – estimando que “él o su entorno” habrían filtrado una información… que ya era ampliamente conocida – quien abrió la veda. A partir del precedente del alto tribunal, cualquier atropello es posible.

Aunque, sin duda, será el “caso Zapatero” el que tendrá mayor calado político, dada la relevancia de su figura. También es el asunto que, al cabo, podría volverse como un boomerang contra sus instigadores. Llevaban tiempo rondando al expresidente; pero ha sido manifiestamente la voluntad vengativa de la administración americana contra el díscolo gobierno español, el último ejecutivo de izquierdas que sigue en pie en Europa, lo que ha precipitado las cosas. Llamada a capítulo de Feijoo, Ayuso y Abascal en la embajada de Estados Unidos, entrega de un volcado de teléfono móvil realizado cinco años atrás… y un auto que se reduce al corta y pega de un informe policial. Tanto es así que contiene “perlas” como la afirmación de que la ausencia de trazabilidad de los delitos de Zapatero demostraría una extrema habilidad para ocultar sus fechorías. La lógica de la sospecha policial desplaza al rigor del procedimiento judicial, en el cual es imperativo que se acrediten las pruebas inculpatorias del delito.

Pero, las prisas son malas consejeras. Por eso el juez Calama corre ahora tras su propia instrucción, tratando de taponar los agujeros que ha ido dejando por el camino. En primer lugar, haber basado la imputación de Zapatero en informaciones sesgadas, cuya obtención reviste una dudosa legalidad, por lo cual todo el procedimiento podría venirse abajo. En segundo lugar, porque, intuyendo que la investigación sobre el rescate de la compañía aérea “Plus Ultra” – operación fiscalizada favorablemente, incluso desde instancias europeas – podría acabar en nada, ha ido abriendo otros frentes. El más sonado, hasta el punto de desplazar al primero, ha sido el de las joyas halladas en la caja fuerte del despacho de Zapatero. Y aquí también, por si lo del “contrabando” no llegase a prosperar, el magistrado ya ha pedido a Hacienda que se incorpore a la causa… aunque un eventual delito tributario habría prescrito. Pero esa es, sin duda, la cuestión que más ha turbado a la izquierda. Con la moral hemos topado. Detengámonos un instante en ese extremo.

Mucha gente progresista se ha sentido incómoda con este asunto. ¿Es ético conservar regalos de valor recibidos durante el ejercicio de una responsabilidad pública? La discusión es legítima y tiempo habrá de hacerla. Pero ahora prima, en todos los aspectos del procedimiento iniciado, el respeto escrupuloso de la legalidad y del principio de presunción de inocencia. ¡Cuidado con los arrebatos de moral! No fuese que acabásemos razonando que “Tal vez Zapatero no haya cometido ningún delito. Pero eso de las joyas es muy feo. Si, finalmente, fuese condenado, quizás sería justicia poética”. Desengañémonos: ese tipo de justicia no se imparte en la Audiencia Nacional. La primera cuestión moral que debería interpelar a todo demócrata es el respeto de las garantías procesales y los derechos constitucionales del encausado. Y, desde la cuestionable validez de las fuentes hasta la escandalosa filtración de datos personales ajenos a la causa, esas garantías y derechos están siendo vulnerados. Se está buscando, previamente a cualquier desenlace judicial, la muerte civil de Zapatero. Si se admitiese semejante precedente, asistiríamos a la quiebra del Estado de Derecho y consagraríamos la indefensión jurídica de todos los ciudadanos.

Cuando llegue el momento de hablar de moralidad, quizás haya que “darse golpes en el pecho”, como dice con buen tino Gaspar Llamazares. Pero, sobre todo, habrá que discutir con seriedad. Hay una cierta izquierda que se inclina más por una visión franciscana de las cosas que por la tradición del movimiento obrero. La pobreza no es un mérito, ni es manantial de virtudes. Si el ejercicio del poder representa una fuente de infección política – y por eso, en un régimen democrático, requiere contrapesos y fiscalización -, la esclavitud también corrompe y degrada a los oprimidos. Sólo la resistencia y la solidaridad los elevan por encima del “sálvese quien pueda”; sólo el combate colectivo forja una moral que exige abnegación y lucha denodada por la verdad. Esa moral significa – en primer lugar, para los dirigentes – honradez, ejemplaridad e incluso una cierta austeridad, de tal modo que no se alejen de las clases populares cuyas aspiraciones promueven. Todo ello tiene muy poco que ver con el miserabilismo de algunas corrientes, supuestamente radicales, tendentes a creer que, cuanto más pobres, más revolucionarios somos. La formación de la conciencia no resulta de esa ecuación simplista.

La ofensiva contra el PSOE es de tal intensidad que no pocos amigos y compañeros de viaje empiezan a sentir temblor en las piernas. Abundan las protestas de honorabilidad de cada cual y las tomas de distancia. En nombre de una exigencia de pureza absoluta, se le pide incluso a Sánchez que disuelva las Cortes y convoque elecciones. Todo el mundo sabe, sin embargo, que en estos momentos de confusión semejante rendición supondría entregar el gobierno del país al PP y a Vox. Y no se trataría de un simple relevo, sino de la apertura de un período de profunda involución social y democrática. La agenda de la derecha y de la extrema derecha, que asoma a través del alineamiento con Trump y que supondría un ataque feroz contra el Estado del Bienestar y la convivencia, es de tal radicalidad que necesita arrasar con la socialdemocracia como fuerza capaz de vertebrar una alternativa… o una resistencia de la sociedad civil ante semejante acometida. La ofensiva judicial pretende desmoralizar, destruir reputaciones y, efectivamente, encarcelar a líderes y referentes socialistas. La “prioridad nacional”, inscrita en el pacto de las derechas, y la manera en que están tensando las costuras del ordenamiento constitucional para llegar al poder, deberían alertar a los más incautos acerca del peligro que se cierne sobre la democracia.

Por supuesto, el PSOE no es perfecto. Ni los sindicatos, ni organización alguna lo son. Sin embargo, la experiencia histórica del movimiento obrero enseña que, planteado un desafío, hay que pelear con las herramientas disponibles. Aquí o allá, habrá que calafatear la nave, reparar los estropicios causados por quienes cedieron ante el soborno. Pero rendirse no es una opción. Que la estética no nos pierda. Esto no es una amable competición deportiva. Es lucha de clases, pura y dura. Y nosotros nos debemos a la nuestra. Los sermones de los santones y equidistantes – que aspiran a salir indemnes de la refriega… o se preparan para inclinarse ante quienes, suponen, serán los vencedores de la misma – sólo pueden desarmar a la izquierda en un momento crítico.

Lluís Rabell

28/06/2026