Las guerras actuales, con la incorporación de los drones al arsenal táctico de los ejércitos, nos han enseñado la temible efectividad de los ataques por saturación. Incluso las más sofisticadas defensas antiaéreas, concebidas para derribar los misiles enemigos, pueden verse desbordadas por esos enjambres de pequeños artefactos. Algo similar está sucediendo en estos momentos con la opinión pública española, sometida a un incesante bombardeo informativo acerca de la corrupción que, supuestamente, envolvería al ejecutivo de Pedro Sánchez. Cada día se abren nuevas causas judiciales, estrechando el cerco en torno al presidente del Gobierno. Sin dar respiro, las filtraciones de sumarios e informes policiales llenan las portadas de los periódicos y alimentan las tertulias televisivas. Resulta imposible procesar tal avalancha informativa; distinguir entre bulos, medias verdades y datos ciertos. Apenas la ciudadanía empieza a familiarizarse con un caso, estalla, siguiendo una pautada sincronía, otro “escándalo”. El resultado de este ataque de drones mediático-judiciales es una atmósfera deletérea, irrespirable. Asediado, el Partido Socialista es conminado a formular desmentidos que, apenas emitidos, devienen inaudibles ante el ruido que provoca la irrupción intempestiva de la guardia civil en la sede de Ferraz o el anuncio de una enésima “inferencia”. Incesante, el estrépito es de tales proporciones que endebles “causas judiciales”, como la del hermano del presidente – sin sustento para haberse encauzado por vía penal – o la de su esposa, eclipsan los casos que afectan al PP. Casos referidos, ni más ni menos, que a la utilización del aparato del Estado para perseguir a adversarios políticos y destruir pruebas de corrupción.

               El propósito de la saturación no sólo es el de incapacitar al adversario para detener los golpes, sino hacer que se pierdan de vista los objetivos a medio y a largo plazo de la ofensiva; es decir, la finalidad estratégica de la contienda. El estruendo busca aturdir. Tomar consciencia de ello es fundamental para situar los acontecimientos en perspectiva. Edgar Morin, el gran pensador francés recientemente fallecido, decía que, muchas veces, lo acuciante nos hace olvidar lo esencial. Algo especialmente peligroso cuando, como ahora, entender lo esencial, aprehender lo que está en juego, se convierte en lo más urgente.

               Digámoslo sin ambages y midiendo la gravedad de las palabras: estamos asistiendo a un intento de golpe de Estado. Un golpe patrocinado y amparado por la administración norteamericana, impulsado desde las terminales de la derecha y la extrema derecha en la magistratura, los cuerpos policiales y los medios de comunicación, y sostenido desde unas determinadas élites empresariales. Resulta inapropiado hablar de una “conspiración” para derribar al gobierno. Los objetivos últimos del golpe descartan una confabulación secreta. Muy al contrario, exigen que todo se produzca a plena luz del día, descaradamente, como una amenazadora exhibición de fuerza. Porque no se trata tan solo de provocar una crisis política y propiciar la sustitución de un gobierno de izquierdas por otro conservador, sino de hacerlo de tal modo que ese cambio suponga el inicio de un proceso involutivo; un proceso que altere sustancialmente las relaciones sociales en detrimento de las clases populares, quiebre de antemano la capacidad de resistencia de la sociedad civil y vacíe de contenido la democracia representativa en favor de un poder autoritario. Y porque la operación en curso se dirige, a través de España, contra la construcción europea en su conjunto. El golpe debe llevar el sello inconfundible de Trump. Ha de ser leído en todas las cancillerías de la UE como un aviso para navegantes: quien se cruce en el camino de Washington puede ser personal y políticamente destruido. A pesar de las similitudes, no estamos ante una reedición de la operación de acoso y derribo que acabó, a mediados de los noventa, con el gobierno de Felipe González. Ciertamente, la “Brunete mediática”, como le gusta decir a Joan Coscubiela, o el “sindicato del crimen” – como se autodenominaban chulescamente los jefes de las principales cabeceras madrileñas -, continua operando a pleno rendimiento. Y Aznar sigue siendo el tótem de las derechas. Ahora, sin embargo, los objetivos se sitúan en otra dimensión. Ya no estamos en los años de la “globalización feliz”. Hemos entrado en una nueva época a nivel mundial, una época de radicalidad y un tiempo de depredadores. Vayamos por partes.

               La señal de inicio del procedimiento contra Zapatero ha sido dada por Washington,. Todo el mundo debía consciente de ello, así como de la exhibición de poder que ese gesto representaba. El embajador americano en Madrid llamó ostensiblemente a capítulo a Feijoo, Ayuso y Abascal. El recado era inequívoco: “Podemos acabar con cualquiera de vosotros”. Mensaje recibido, en medio de un silencio compungido, en Bruselas… y prestamente puesto en solfa en Roma, donde Georgia Meloni anulaba ipso facto un encuentro previsto con Pedro Sánchez. No estamos ante un bronco episodio de política doméstica. El gobierno español se ha convertido en un referente para quienes se oponen a los designios del imperio americano y en la fuente de inspiración de aquellas fuerzas que propugnan un salto adelante en la integración europea. Tumbar a este gobierno es clave para dar un impulso decisivo a los partidos nacionalistas del continente y lograr el vasallaje de los Estados de una UE políticamente disgregada. Ese es el alcance del envite.

               En segundo lugar, hablar de “golpe de Estado” no es, en este caso, una hipérbole, ni una figura retórica. Dada nuestra historia, asociamos la idea del golpe a un pronunciamiento, una asonada o un levantamiento militar. Sin embargo, hablando con propiedad, deberíamos considerar como un golpe de Estado el intento de modificar el ordenamiento constitucional, vigente en el país, por medios ilícitos. Y en eso estamos. Desde la aprobación de la Ley de Amnistía, asistimos a una rebelión del poder judicial – a través de un amplio e influyente sector de la magistratura, estrechamente vinculado a la derecha más rancia – contra los poderes legislativo y ejecutivo. ¡Inauditas las imágenes de togados manifestándose a las puertas de los juzgados contra una decisión soberana del Congreso de los Diputados o la difusión de instrucciones para entorpecer la aplicación de las medidas de gracia! Mientras las causas penales que afectan al PP se alargan durante años o excluyen a los principales responsables del perímetro de las investigaciones, los casos – inflados y carentes de sustento probatorio – llueven en torno al presidente del gobierno y su familia. La sentencia condenatoria del Tribunal Supremo contra el Fiscal general del Estado – por un supuesto delito que “él o su entorno” habrían tenido la posibilidad de cometer – constituye un anuncio de lo que viene. El relato sobre la corrupción “sanchista” requiere nuevas condenas en una escalada que llegue hasta el máximo dirigente socialista. Y hay magistrados con suficiente creatividad jurídica como para pronunciarlas a partir de hipótesis policiales. El Supremo abrió la veda. En la mente de algunos está el recuerdo del encarcelamiento de Lula en 2017.

               Insistamos: no sólo se trata – que ya sería gravísimo – de forzar por medios torticeros, utilizando los resortes del propio Estado, la caída de un gobierno legítimo. Lo que se pretende es desballestar al PSOE, embarrar a sus líderes y desmoralizar a su militancia. Atrás quedan los tiempos de la alternancia entre centroderecha y centroizquierda en un marco pautado de coexistencia. El proyecto del que son portadores PP y Vox, afín a los vientos que soplan desde el otro lado del Atlántico, requiere romper el espinazo a una previsible resistencia social. Hoy por hoy, con todas las limitaciones que se quieran aducir, la socialdemocracia representa la corriente troncal de las fuerzas progresistas, políticas, sindicales y sociales; la única que puede vertebrarlas y conjugar sus aspiraciones. Reventar al PSOE deviene estratégico para las derechas, dada la profundidad de la involución que traen en sus mochilas.

               Demasiadas veces, la izquierda repite que el PP insulta y provoca “porque no tiene un proyecto para España”. Error. Sí lo tiene. Pero aún resulta inconfesable. Es un proyecto que, claramente ubicado bajo la órbita comercial y las exigencias americanas, responde ante todo a los intereses de las élites capitalinas y de una burguesía rentista o de vocación “compradora”. La gran patronal está ya piafando de impaciencia; reclama la introducción urgente de “reformas” – de hecho, contrarreformas – en el mercado laboral, por cuanto se refiere al gasto social, en materia tributaria, sobre pensiones y jubilación, a propósito de las políticas energéticas y de transición ecológica… Hace unos días, hablando ante los empresarios catalanes en Barcelona, Feijoo enseñaba la patita: su ambición es liberalizar, desmontar esa odiosa arquitectura regulatoria europea que embrida los mercados. Exactamente lo que están exigiendo Trump, Peter Thiel o Elon Musk. En otras palabras: se trata del preludio de un capítulo de intensa lucha de clases para desmantelar el Estado del Bienestar sobre el que se asientan las democracias liberales.

               Podría aducirse contra la idea del golpe que nadie está propugnando una modificación de la Constitución. Bien, la revuelta de la judicatura para derribar a otro poder del Estado contiene en sí misma una ruptura del ordenamiento jurídico. Pero es que hay más. En medio de toda la polvareda mediática, no se está prestando la atención que merece la introducción del concepto de “prioridad nacional” en los sucesivos pactos de gobierno – ¡y ya van cuatro a la espera de Andalucía! – que Vox ha ido colando al PP en las comunidades autónomas que acaban de ir a las urnas. Se ironiza sobre esa fórmula, se pone en duda su efectividad, incluso se critican sus primeras concreciones discriminatorias. No se acaba de percibir, sin embargo, el tremendo potencial corrosivo de semejante principio. Estamos en la fase inicial de una “ventana de Overton”: lo impensable ha sido ya verbalizado e instituido a un primer nivel. La “prioridad nacional” conduce ineluctablemente a interrogarse sobre el “demos” del país, a redefinir el perímetro del “nosotros” sobre el que se asientan el Estado, sus leyes y el conjunto de derechos y deberes que consagran. Es un torpedo dirigido a la línea de flotación de los principios de igualdad amparados por la Constitución y al desarrollo jurídico de décadas de democracia. El cuco neofascista ha colocado su huevo en el nido del estado democrático. La “prioridad” apunta a una definición racial, cultural o de origen ancestral de los acreedores de derechos. Como piedra que se echase a rodar por una pendiente, puede llevar al deslizamiento de la democracia hacia una etnocracia. Pura dinamita en una sociedad tan diversa como la española, cuyo semblante están moldeando amplios movimientos migratorios. La obsesión identitaria de la extrema derecha es funcional a la aspiración tecno-capitalista de reinar sobre una sociedad fracturada, en guerra consigo misma, incapaz de trazar un destino colectivo y sometida al poder de los elegidos. ¿Hasta dónde podría tomar cuerpo ese delirio bajo un gobierno del PP y Vox, si el movimiento obrero, la izquierda y la sociedad civil hubiesen sido previamente divididos y neutralizados?

               Aún estamos a tiempo de desbaratar sus planes. Pero hay que empezar por tomar consciencia de la gravedad de la situación. Hay que rechazar las gracietas de quienes se burlan de la amenaza del “lobo”, diciendo que han oído muchas veces esa socorrida cantinela. Lo que nos amenaza no es un retorno a los años de recortes – y corrupción – que conocimos bajo el gobierno de Rajoy, sino una involución de mucho mayor calado, en última instancia existencial para nuestra convivencia. Tampoco hay que dejarse paralizar por los discursos de los equidistantes que, elevándose por encima del bien y del mal, señalan, horrorizados, que “también” se han dado casos de corrupción en las filas socialistas y piden a voz en grito “explicaciones”. Por supuesto que tales casos son del todo inaceptables y hacen un daño enorme a la izquierda, prestando un flanco a los ataques de los corruptos sistémicos. Pero la autocrítica no debe ser una rendición. Es hora de plantar cara, de defender la obra y la continuidad del gobierno progresista, de desenmascarar la maniobra en curso, su trasfondo y los objetivos de sus patrocinadores. Y a esa acometida urge oponer el proyecto ilusionante de una España plurinacional, socialmente avanzada, integradora e impulsora de una Europa federal. Sólo llegando al corazón de la sociedad, hoy aturdida, podrá la izquierda desbaratar el golpe. Empecemos a llamar a las cosas por su nombre.

               Lluís Rabell

               7/06/2026