La discusión acerca de la sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones está a la orden del día en todos los países de nuestro entorno. En Francia, la reforma del sistema constituye la promesa estrella del presidente Emmanuel Macron, diferida desde el anterior mandato. El tema es pura dinamita. Los anuncios realizados al respecto por Elisabeth Borne, primera ministra y encargada de lidiar con el tema, han suscitado ya un amplio rechazo social, empezando por los sindicatos. Pero, más allá del nudo político que ese tema supondrá para Francia, interesa captar, como lo hace Thomas Piketty en esta reciente columna, el trasfondo de las desigualdades que han ido ahondándose a lo largo de años de políticas fiscales neoliberales y regresivas. Sin ese encuadre, difícilmente podríamos entender lo que hay en juego. Ni, aún menos, encontrar soluciones practicables. Su búsqueda nos remite, una y otra vez, a la necesidad de una reforma tributaria a la altura de las inversiones y del gasto público que requiere la transición a un modelo medioambiental y socialmente justo.

            Lluís Rabell

Presidente de los ricos, segunda temporada

Thomas Piketty

       En 2023, ¿volverá Emmanuel Macron a equivocarse de época, ilustrándose como el presidente de los ricos? Desgraciadamente, es lo que parece avecinarse con la reforma de las pensiones. Durante su primer mandato, decidió apostarlo todo a favor de “los primeros de la cordada” y suprimió el impuesto de solidaridad sobre las fortunas. Hasta que surgió un poderoso sentimiento de injusticia y se produjo el movimiento de los “chalecos amarillos”. En el transcurso de unos pocos meses, el gobierno logró desacreditar por mucho tiempo en Francia la simple idea de un impuesto sobre el carbono. Una medida que, para que fuese aceptada, debería eximir a las franjas más modestas de la población y solicitar esfuerzos proporcionalmente mucho mayores a los sectores acomodados.

            De manera general, la respuesta al desafío climático exige la construcción de nuevas normas colectivas de justicia social y fiscal. El incremento del precio de la energía, la exclusión de los vehículos contaminantes, la transición a la propulsión eléctrica, la renovación acelerada de viviendas… descargarán una presión creciente sobre las clases populares y medias. Sin olvidar que habrá que encontrar recursos para invertir mucho más en sanidad y formación, clave para una economía productiva y sostenible. A fin de preservar la cohesión social, será indispensable la contribución de los más ricos, y ello deberá hacerse sobre la base de indicadores objetivos y constatables, como los niveles de renta y el patrimonio.

            Hoy más que nunca, vivimos en un mundo necesitado de justicia y trasparencia. Basta con ojear cualquier revista para comprobar que las cosas les van de perlas a los millonarios a los grandes ejecutivos. En Francia, las 500 mayores fortunas del país han pasado, en los últimos diez años, de poseer un patrimonio de 200.000 millones de euros a ostentar un billón. Bastaría con aplicar un tipo impositivo del 50% a ese enriquecimiento excepcional para recaudar 400.000 millones. La amplitud de la reserva fiscal sería aún mayor si ampliásemos el foco sobre los 500.000 contribuyentes más ricos (el 1% de la población) o sobre el 10% o el 20% de ellos. Todos esos grupos deberán contribuir de manera proporcional, según unos principios de justicia discutidos abiertamente, y empezando por los de arriba.

            Desigualdades sociales

            Todo el mundo es conocedor de esas realidades e injusticias. Por lo menos, tanto como lo era el pueblo en tiempos de la Revolución y de los privilegios de la nobleza. No tiene ningún sentido pretender que no hay nada que hacer. Seguir repitiendo que el impuesto sobre las fortunas apenas permitía recaudar 5.000 millones, significa tomar a los ciudadanos por tontos: ese bajo rendimiento tributario revela, en realidad, la opción tomada por sucesivos gobiernos, que eximieron a los millonarios de sus obligaciones, admitiendo autodeclaraciones patrimoniales engañosas. Esa es precisamente la opción que hay que revertir. Sólo encarando con decisión la cuestión de la justicia fiscal superaremos la crisis actual.

            Pues bien, con la reforma de las pensiones, el poder se dispone a hacer todo lo contrario. El objetivo anunciado es ahorrar 20.000 millones al año de aquí hasta 2030, con objeto de financiar el resto de prioridades gubernamentales. El problema es que el esfuerzo que representan esos 20.000 millones recaerá íntegramente sobre los ciudadanos con ingresos más modestos. Actualmente, para cobrar una pensión completa, hay dos condiciones: tener la edad legal de 62 años y haber cotizado cuarenta y dos anualidades para los nacidos en 1961-1962 (gradualmente, se incrementaría el tiempo de cotización exigido, hasta llegar a cuarenta y tres anualidades para los nacidos en 1973). Tomemos, por ejemplo, el caso de una persona nacida en 1961, y que tendrá por lo tanto 62 años en 2023. Si realizó estudios a nivel de master y empezó a trabajar a los 23e años, debería esperar hasta los 65 años para acumular esas cuarenta y dos anualidades.

            Dicho de otro modo, la reforma que consiste en retrasar la edad de jubilación a los 64 o los 65 años no tendrá, por definición, ningún impacto sobre esas personas. Por cuanto se refiere al objetivo de los 20.000 millones, las personas con mayores titulaciones universitarias no aportarán ni un céntimo. Esa suma será íntegramente extraída de los bolsillos del resto de la población. En particular, de obreros y empleados, que son quienes tienen una menor esperanza de vida y padecen ya un sistema profundamente injusto, puesto que sus cotizaciones financian las pensiones de los cuadros con una mayor expectativa vital.

            El gobierno puede tratar de maquillar las cosas, si quiere. Pero la realidad es que ha inventado un impuesto regresivo que deben satisfacer las personas con menor titulación. Cuando Elisabeth Borne anuncia que nadie deberá cotizar 47 o 48 años, no hace sino confesar que algunos deberán hacerlo durante 45 o 46 años. Concretamente, aquellos que empezaron a trabajar con 19 o 20 años y desempeñan los oficios más penosos. Por definición, todas las medidas de ahorro serán financiadas por quienes dispongan de menos diplomas. Eso es tan evidente que la reforma ha unido en su contra, no sólo a la izquierda, sino también al grueso de las fuerzas de la derecha: al RN de Marine Le Pen, por supuesto, pero también a una fracción creciente de la derecha liberal (LR).

            El argumento según el cual no tendríamos más remedio que seguir el ejemplo de nuestros vecinos resulta particularmente endeble. En primer lugar, porque los sistemas de otros países de nuestro entorno combinan en realidad múltiples parámetros y son más complejos de lo que se pretende. Y porque el hecho de que ningún país haya tomado correctamente en cuenta las abismales desigualdades sociales existentes a la hora de abordar el tema de las pensiones, no justifica en absoluto que debamos persistir en ese error. ¿Alguien se atrevería a invocar la existencia generalizada de una brecha salarial de género para justificar nuestra inacción al respecto? Ya va siendo hora de que el sistema concentre su atención sobre las pensiones medias y bajas. Un esfuerzo que debe ser acompañado por el fortalecimiento del servicio público de atención a la dependencia, con objeto de que todo el mundo pueda terminar su vida con dignidad. Existen los medios necesarios para lograrlo. Esperemos que los diputados y el movimiento social sepan convencer al poder actual.

            “Le Monde”, 8-9/01/2023

            Traducción: Lluís Rabell