Interesante reflexión de Thomas Piketty… que tiene, además, el don de la oportunidad cuando estalla en Bruselas el escándalo del “Qatargate”. Un gravísimo caso de corrupción que afecta a la honorabilidad del Parlamento europeo y, por tanto, a su credibilidad a ojos de la ciudadanía. Europa vive un momento crítico, en medio de la erosión de la democracia representativa bajo los embates del populismo, confrontada a los desafíos de la guerra, la transición ecológica y el desorden global. Se hace necesario repensar las coordenadas de unos tratados concebidos en otras circunstancias, bajo la creencia – desmentida por crisis sucesivas – de que el librecambismo trazaría un camino de prosperidad para nuestras sociedades. El proyecto europeo requiere fortalecer la deliberación democrática, adecuando las relaciones comerciales de la UE a los objetivos sociales y medioambientales que definen ese proyecto.

Ll.R.

            ¿Hubiésemos tenido que boicotear el Mundial de fútbol de Qatar? Probablemente no. A partir del momento en que, desde siempre, se ha aceptado participar en competiciones deportivas con regímenes muy alejados de la democracia social y electoral, empezando por China (Juegos Olímpicos de 2008) y Rusia (Copa del mundo de 2018), el boicot a Qatar hubiese sido forzosamente interpretado como una nueva demostración de hipocresía por parte de los occidentales, siempre dispuestos a dar lecciones de moral a los países pequeños… mientras siguen haciendo negocios con todos aquellos que les reportan suficientes ganancias.

            Sin embargo, el hecho de no boicotear el Mundial no implica que no pueda hacerse nada. Todo lo contrario: habría que actuar sobre la palanca comercial, mucho más efectiva que el resorte deportivo. Ya va siendo hora de que cada país redefina las condiciones de sus intercambios con otros territorios, en función de criterios universales de justicia, aplicables a todos por igual. En el caso de Qatar, las violaciones de derechos fundamentales son conocidas, tanto si hablamos de los derechos de las mujeres, de las minorías sexuales como de los derechos sociales y sindicales. ¿Habría que establecer aranceles aduaneros del 10%, del 30&, del 50%? ¿Deberíamos concentrar las sanciones sobre determinados bienes o sobre las transferencias de capitales, de tal manera que el coste de tales medidas recayese sobre las clases adineradas y dirigentes? No me corresponde a mi zanjar la cuestión: es la deliberación democrática quien debe hacerlo, colocando el listón al nivel que corresponda.

            Lo cierto es que el argumento según el cual nunca llegaremos a ponernos de acuerdo – y, por lo tanto, que no debemos hacer nada, contentándonos con aplicar un librecambismo absoluto a todo el mundo -, resulta increíblemente hipócrita, nihilista y antidemocrático. Por miedo a la democracia, acabamos sacralizando el librecambismo y la libre circulación de capitales sin límite alguno, sin tratar siquiera de someter esas reglas al menor objetivo colectivo. Cuando el régimen chino ha destruido ante nuestros ojos el pluralismo electoral en Hong Kong en 2019, la única reacción de la Unión Europea fue proponer a Pequín una nueva liberalización de los flujos inversores.

            Herramienta de emancipación

            La segunda razón que debería empujarnos a redefinir el régimen comercial es, evidentemente, la crisis climática. En 2022, proseguimos nuestros intercambios con China y con el resto del mundo sin tratar siquiera de aplicar tarifas aduaneras correspondientes a las emisiones de carbono que resultan del transporte y la producción de los bienes importados, en contradicción con los objetivos climáticos que decimos perseguir. Y lo mismo ocurre con el dumping fiscal y social: si un país exporta sin respetar un mínimo umbral común, no solo es legítimo, sino que resulta indispensable aplicar a sus productos derechos de aduana que permitan restablecer el equilibrio.

            La tercera razón tiene que ver con el hecho de que cada país tiene derecho a escoger una especialización productiva y a proteger sectores que estime estratégicos. El mejor ejemplo sería hoy en día el de las baterías y el coche eléctrico. Tras haber hecho lo propio con las placas solares, China subvenciona masivamente a sus empresas para asegurarse el control de dicho sector. Estados Unidos sigue sus pasos. Solo Europa anda a la zaga, como lo demuestra la prima francesa de 6.000 euros por la compra de un vehículo eléctrico, aplicable sea cual sea el lugar donde fue fabricado, mientras que la prima americana de 7.500 dólares (7.100 euros) está reservada a las baterías y vehículos producidos en Estados Unidos.

            Frente a esa deriva social e industrial anunciada, ¿qué puede hacer un país como Francia? La única solución es que cada país fije sus condiciones para la prosecución de la integración económica y comercial, tanto por cuanto se refiere al respeto de los derechos fundamentales, a la lucha contra el dumping climático y fiscal, como a la preservación de los sectores estratégicos. Esas condiciones deben incluir los derechos aduaneros y las subvenciones, dependiendo del lugar de producción de los bienes.

            Algunos se sobresaltarán al leer estas líneas: si Francia adoptase unilateralmente semejante reglas, ¿no sería acaso una violación caracterizada de los tratados europeos anteriormente suscritos? La respuesta es más compleja. Europa debe estar al servicio de la mejor propuesta social: los países que lo deseen deben poder adoptar conjuntamente las políticas comerciales, sociales y fiscales suplementarias que juzguen apropiadas, pero eso no debería impedir que cada país adoptase sus propias medidas.

            Tratándose de medidas protectoras unilaterales, el derecho europeo es más ambivalente de lo que parece. El artículo tercero del Tratado de Lisboa indica que la UE tiene como objetivos la democracia, el progreso social y la defensa del medio ambiente. ¿Acaso la destrucción de empleos industriales, importando todos los equipamientos de China sin tener en cuenta los estragos sociales y las emisiones de carbono que ello supone, se compadece con esos objetivos?

            Habrá quien diga que nuestra prosperidad depende del librecambio, olvidando que no debemos a China que el poder adquisitivo europeo se haya multiplicado por diez en el último siglo. Los intercambios con China no representan más que un ligero porcentaje en esa progresión. En cualquier caso, el debate debe ser político y no jurídico. El hecho de que anteriores gobiernos hayan firmado tratados que constitucionalizaban el librecambio – en una época en que la soberanía daba miedo en Europa e ignorábamos los desafíos que hoy se plantean -, no debería llevarnos a maniatar indefinidamente a las futuras generaciones. Más que nunca, el derecho debe convertirse en una herramienta de emancipación y no de preservación de determinadas posiciones de poder. Solo repensando el federalismo y el proteccionismo podremos superar la actual crisis.

            Thomas Piketty   (“Le Monde”, 11-12/12/2022)