…que tengo prisa. A lo largo de la última semana, la ciudadanía ha recibido un curso acelerado de Derecho Penal. Las reducciones de penas – e incluso la excarcelación – de algunos condenados por delitos sexuales a partir de la lectura que toda una serie de juzgados ha hecho de la “Ley de garantía integral de la libertad sexual”, popularmente conocida como “la ley de solo sí es sí”, han desatado una tempestad política. La emoción en la opinión pública, las controversias y los debates jurídicos se han entremezclado abundantemente. ¿Ley mal confeccionada? Salvadas las distancias, con las leyes pasa lo mismo que con la obra civil: a pesar de seguir todos los protocolos, lo definitivo es siempre la “prueba de carga”. Es decir, cómo sobrelleva la construcción su utilización en condiciones reales. Lo cierto es que la ley estrella del Ministerio de Igualdad no ha tenido una interpretación unívoca en las distintas sedes judiciales del país. Habrá que esperar, pues, a que el Tribunal Supremo fije eventualmente cierta unidad de criterio.

            Pero, tras la alarma social, ha sido la intempestiva reacción de Irene Montero y de su equipo lo que ha puesto al gobierno de coalición en un brete. Acusando a los jueces de ser unos “machistas” que interpretan la ley de modo torticero, la ministra ha logrado sublevar a toda la magistratura, incluidos sus sectores más progresistas. Más allá del debate estrictamente jurídico – “Doctores tiene la Iglesia” -, vale la pena subrayar, sin embargo, algunas incongruencias de la ministra. La viveza de sus reproches daría a entender que, fusionando en la nueva ley abusos y agresiones sexuales y estableciendo una nueva gradación de penas, la pretensión del ministerio no era en absoluto la de propiciar las reducciones de condena que varios jueces se han sentido obligados a aplicar. Pero, ¿de verdad era esa la disposición del Ministerio… o sencillamente se ha asustado al ver la conmoción de las mujeres, entre quienes ha cundido el sentimiento de que, en la práctica, se promovía una actitud más condescendiente hacia los violadores? La pregunta no es baladí. Irene Montero ha defendido en más de una ocasión que el propósito de la ley – y, en general, el espíritu del feminismo – debían alejarse de una visión punitiva. Bien, en principio, esa filosofía tiene sentido: no es la extrema severidad del castigo lo que disuade al delincuente. Allí donde permanece en vigor, la pena capital no impide que sigan cometiéndose asesinatos. El delito tiene una génesis mucho más compleja. Y, por esa misma razón, la reparación del daño causado y la protección de las víctimas deben discurrir por caminos que no son los de la justicia bíblica. Pero entonces, si tal era el punto de vista que inspiraba la ley, si lo que se pretendía era establecer una gradación más adecuada de las penas, ¿por qué no defender esa postura? ¿A qué viene la bronca a los jueces por su “permisividad”? ¿En qué quedamos? El caso es que, con los vaivenes de cierta izquierda, ya empezamos a estar curados de incongruencias: quienes se elevan contra las supuestas pulsiones punitivas del feminismo “clásico” sólo querrían contenerlas cuando se trata de multar a puteros o perseguir la tercería locativa… pero despliegan un furor desmedido contra quien se atreva a cuestionar los postulados queer. El régimen sancionador de la “Ley Trans” es, en ese sentido, emblemático.

            Al igual que ocurre en el ejercicio de la coerción por parte de la policía democrática, los principios que permiten establecer una justa gradación de penas son los de proporcionalidad y adecuación del castigo a los objetivos que persigue la ley. En ausencia de esos criterios, podríamos pasar del rechazo de las subastas punitivas, caras al populismo, a desdibujar el necesario repudio social del crimen y obviar la no menos perentoria exigencia de velar por la seguridad de los más vulnerables, en cuyo caso el Derecho vería hundirse el suelo bajo sus pies. En un contexto acentuado de violencias contra las mujeres y su alarmante repunte entre las nuevas generaciones, ése es sin duda el temor que ha aflorado de inmediato. La modulación de una reforma penal no puede abstraerse de la realidad. Y, en este punto, no es de recibo argüir sorpresa, ni repartir responsabilidades con el resto del gobierno. Es cierto que el proyecto de ley fue elevado por varios ministerios, junto al de Igualdad. Aunque no está de más recordar que las objeciones formuladas desde Justicia al redactado inicial fueron asimismo tildadas de “machistas” por parte de Pablo Iglesias, a la sazón vicepresidente del gobierno. Podemos siempre ha presentado esta ley como un emblema propio. “La ley no se toca”, ha sido su reacción fulminante ante la insinuación de que quizá convendría revisarla.

Pero hay un dato mucho más relevante: la clara advertencia de que iba a suceder lo que ha terminado pasando – y que ello sería percibido por las víctimas como lo está siendo – procedió del movimiento feminista, de esas feministas que el Ministerio de Igualdad considera trasnochadas y rehúsa escuchar. La prensa ha hecho hincapié en los informes de distintos organismos, empezando por el del CGPJ, preceptivos en el proceso de elaboración de una ley que, como ésta, conlleva cambios relevantes en el Código Penal. Sin embargo, de modo muy significativo, pocos están refiriéndose a las alegaciones feministas, que fueron abundantes y sustanciadas. Es como si, en la elaboración de un proyecto de prevención de riesgos laborales en la minería, se recabase la opinión de geólogos e ingenieros… pero a nadie se le ocurriese considerar como experto el parecer de los sindicatos. O peor: como si las mujeres juristas estuviesen menos acreditadas, en razón de su sexo, para emitir objeciones a unos cambios legislativos que afectan directamente a la igualdad. Lo que sería el colmo en el caso de un Ministerio que lleva ese nombre. “Aunque ahora se haya eliminado el delito de abuso sexual, haya que ‘reorganizar’ las penas y se contemplen agravantes, que antes también existían – advertía en su día la Asociación Themis -, en la práctica, casi con total seguridad, la reforma va a suponer la imposición más leve de penas por parte de los Juzgados y Tribunales”.

            También están advirtiendo las feministas lo que ocurrirá con la “Ley Trans”. Y no porque sean brujas con dotes de adivinación. Simplemente, conocen los efectos de la ley de la gravedad, ven lo que ha sucedido en países de nuestro entorno – Canadá, Reino Unido, Noruega, Suecia… -, que llevan años aplicando legislaciones transgénero, y señalan lo que está pasando también en nuestras comunidades autónomas. Un fenómeno que alcanzaría cotas insospechadas con el espaldarazo a los protocolos sanitarios y educativos en vigor que supondría la aprobación del texto remitido al Congreso de los Diputados. La desazón provocada la ley de “solo sí es sí” no será nada en comparación con los escándalos médicos que se están gestando a partir de los arriesgados tratamientos experimentales dispensados a menores. Más pronto que tarde, la sociedad tomará conciencia de la magnitud del desastre. Los datos recabados por Feministes de Catalunya acerca de Trànsit, servicio de referencia de la Generalitat para la atención de los casos de disforia, son estremecedores. (Ver el informe “De hombres adultos a niñas adolescentes”). No sólo por el incremento exponencial del número de menores atendidos, sino por la temeridad que supone el modelo afirmativo del autodiagnóstico de los propios pacientes: obviando cualquier exploración previa sobre el origen de su malestar, el 87% – chicas en su mayoría – sale de su primera visita con una receta de hormonas en la mano.

Urge que la izquierda entienda lo que se le está viniendo encima. Sirva como advertencia la iniciativa que acaba de tomar el grupo parlamentario de Vox en Catalunya, convocando a las asociaciones de padres de alumnos para denunciar el programa de educación sexo-afectiva desplegado por la Generalitat. El gobierno autonómico, escribe la formación de extrema derecha, “promueve la masturbación entre niños de tres años, la pornografía entre niños de ocho años, el sexo oral entre adolescentes de doce años o que en infantil se realicen juegos en que se intenta desvincular la asignación de género de los genitales”. El tono es hosco y la acusación desaforada, marca de la casa. Pero indica que la derecha más extrema ha olido sangre. La izquierda bien pensante puede hacer los mohines de disgusto que quiera. Pero lo cierto es que, como dice la antropóloga Sílvia Carrasco, “la coeducación está secuestrada”. La educación en la igualdad ha sido sustituida por las doctrinas queer y las explicaciones oscurantistas acerca de que es posible nacer en un cuerpo equivocado. Los enseñantes son conminados a detectar “menores trans” en función de si sus juegos y preferencias se adecuan, o no, a los estereotipos sexistas atribuidos desde siempre a niños y niñas. No recuperaremos la coeducación de la mano de Vox. Pero no pocas familias, sobre todo de condición humilde, asustadas por lo está pasando con sus hijos, serán receptivas a un discurso que reivindicará la protección de la infancia frente a un auténtico delirio. Los especialistas en salud mental alertan del aumento de las autolesiones en adolescentes: hasta el 45% admite haberse cortado alguna vez. “Ser chica es un factor de riesgo”. Esa es la dura realidad en la que nos movemos.

Todo eso puede acabar estallándole en la cara a la izquierda. Las leyes que afectan al conjunto de la sociedad no pueden hacerse en base a eslóganes, ni tratando de cabalgar modas. Exigen mesura, elaboración pausada, escucha de expertos y alegaciones, consideración de todas las implicaciones, rigor jurídico… Tiempo. El susto de la ley de “solo sí es sí” debería tomarse como un último y serio aviso. El futuro del gobierno de coalición, que ha hecho muchas cosas razonablemente bien en distintos dominios y en condiciones muy adversas, está ahora en cuestión. Lo último que debería hacer es seguir como si nada con la “Ley Trans”. A estas alturas, todo el mundo puede entender que es pura nitroglicerina. Mejor no agitarla. Vísteme despacio, que tengo prisa.

Lluís Rabell

21/11/2022