…se niega a si misma. Y cava su propia tumba, para mayor provecho de las fuerzas políticas más rancias y conservadoras. Los hechos pueden parecer menores. Hoy apenas merecen un breve comentario en la prensa o son silenciados. Sin embargo, urge prestarles atención. Ya no estamos ante los síntomas de una dolencia, sino que nos enfrentamos a las primeras fases de una infección, susceptible de acarrear graves consecuencias en el debilitado organismo de la izquierda.

            Ayer, 10 de noviembre, a instancias de la Consejería de Igualdad (ERC), la policía autonómica inmovilizaba en Barcelona el “autobús transfóbico” fletado por la organización “Hazte Oír”. “Contra las campañas que incitan al odio, toda la determinación”, proclamaba Joan Ignasi Elena, responsable de Interior. “El Govern no tolerará que se vulneren los derechos de la ciudadanía de Catalunya. Los derechos de las personas trans son derechos humanos”, repetía la titular de “feminismos”, TàniaVerge. Pero, a la vista del mensaje exhibido por el autobús en cuestión (“No a la mutilación infantil. Stop Ley Trans. Les niñes no existen”), bien podría decirse que el único derecho ciudadano que ayer fue severamente conculcado fue el de la libertad de expresión. A no ser que admitamos que la mutilación infantil debiera engrosar el listado de los derechos humanos.

            El mismo día, en Granada, la filósofa feminista Alicia Miyares veía cancelada la anunciada presentación de su libro “Delirio y misoginia trans”, tras las presiones ejercidas por el ayuntamiento de la ciudad, cuyo alcalde es el socialista Francisco Cuenca. Ni que decir tiene que Alicia Miyares se sitúa en las antípodas ideológicas de “Hazte Oír”. Sin embargo, al igual que muchas destacadas pensadoras feministas y millares de mujeres que luchan por la igualdad, cuestiona radicalmente la idoneidad de las leyes transgénero. Acallar su voz crítica constituye, lisa y llanamente, un acto de censura. No es el primero. Los precedentes se acumulan en distintas ciudades y, singularmente, en centros universitarios – que, más que ningún otro lugar, deberían acoger el debate y la controversia, fuente de todo progreso en el conocimiento humano. También ayer, por la tarde, se presentaba en Barcelona un riguroso trabajo de investigación coordinado por la antropóloga Sílvia Carrasco (“La coeducación secuestrada”), que analiza de manera pormenorizada la penetración de la ideología queer en nuestro sistema educativo, con nefastas consecuencias para la formación sexo-afectiva de niños y niñas, así como para el desarrollo integral y saludable de los menores. Allí se expuso que nadie nace en un cuerpo equivocado, que la “infancia trans” no existe, sino que se fabrica, y que los protocolos educativos vigentes promueven los estereotipos sexistas y confunden al alumnado. Ateniéndonos a esas ideas, el gobierno de la Generalitat o el Ayuntamiento de Barcelona – adalid de la “identidad de género” – bien podían haber instado una intervención policial contra una asamblea de tal sesgo “transfóbico”.

            ¿Exageración polémica? ¿Boutade? En absoluto. En realidad, se está aplicando, por anticipado y con notable celo, el espíritu sancionador del proyecto de “Ley Trans”, que prevé multas de hasta 150.000 euros e inhabilitaciones para aquellos profesionales de la educación y la sanidad que cuestionen el riguroso ejercicio de la “autodeterminación de género”. Es decir, el autodiagnóstico y el acceso a tratamientos hormonales y quirúrgicos por parte de menores, así como el cambio de sexo registral sin más requisito que la declaración del interesado. Las familias que se opusieran a una “transición” podrían incluso verse privadas de su patria potestad, al contrariar la “identidad sentida” de un menor. Por si fuera poco, dicho régimen sancionador operaría por vía administrativa y no judicial. La carga de la prueba recaería sobre la persona denunciada, que debería responder… ante el Ministerio de Igualdad. La “Ley Trans” trae en su mochila una nueva ley mordaza. Con el agravante de que, esta vez, se dirigiría contra el pensamiento crítico, contra las opiniones discrepantes, que se verían así desplazadas al campo del “odio”. La ley que pretende transformar el sentimiento y el deseo en fuente de derecho necesita reducir la racionalidad a una mera pulsión emocional de carácter perverso. Y necesita reprimirla. En ese sentido, se antoja como lo más parecido al código de una policía religiosa.

            En el espacio de la izquierda alternativa se ha iniciado una subasta para ver quién es más queer. Para algunos, el proyecto de ley remitido al Congreso ya se les queda corto y querrían que se borrara cualquier mención al sexo en partidas de nacimiento y documentos de identidad. Curiosamente, los más ardientes partidarios de perseguir la herejía materialista, son los mismos que se escandalizan ante la pretensión de multar a puteros y proxenetas, contenida en la reforma legislativa de corte abolicionista de la prostitución que se está tramitando también en el Congreso, en este caso a iniciativa del PSOE. La paradoja sólo es aparente, pues todo ello se inscribe en una misma oleada reactiva frente al feminismo, que a lo largo de los años de hegemonía neoliberal ha ido penetrando por las porosidades ideológicas de la izquierda.

            A principios de esta semana, prolija en acontecimientos, el colectivo Feministas de Catalunya registraba en el parlamento autonómico un riguroso informe sobre el servicio Trànsit, dependiente de la Consejería de Salud de la Generalitat, hacia el que son derivadas las personas, menores y adultos, que manifiestan disforia de género o se plantean iniciar un cambio de apariencia para asemejarse al sexo con el que se identifican. El informe ha sido elaborado a partir de datos penosamente arrancados a una administración opaca. Los apologetas de las transiciones se resisten a hablar de los resultados que obtienen. Una actitud inadmisible, dada la creciente afectación social de sus intervenciones. “El informe demuestra – escribe en el biólogo Martín Endara, partícipe de la investigación – que Trànsit cada vez atiende a más mujeres adolescentes y preadolescentes. Se está repitiendo la tendencia que ya se vio en el Reino Unido, Suecia y Finlandia, países que han hecho marcha atrás después de adoptar políticas similares a las de Catalunya. El tipo de pacientes ha cambiado desde la fundación de Trànsit en 2012 hasta ahora. Al principio la mayoría eran hombres mayores de 30 años, ahora el 51% son mujeres y de éstas el 63% son menores de 25. En total, casi el 40% de los pacientes son menores de edad, que sumaron 1.300 personas entre 2012 y 2020. 1.300 niños, preadolescentes y adolescentes a los que probablemente se les han recetado tratamientos hormonales cuyos efectos a largo plazo desconocemos”. Así es. Este servicio excluye cualquier exploración médica, psicológica o psiquiátrica preliminar – lo que permitiría detectar trastornos, traumas o algún tipo de comorbilidad – y aplica un modelo afirmativo de la disforia o los deseos de los pacientes. En la práctica, estamos ante una “Ley Trans avant la lettre”, si bien conforme a los protocolos sanitarios vigentes en la comunidad autónoma. Ante la alarma que suscitan estos datos – sin duda conservadores -, las feministas piden una investigación independiente sobre Trànsit, similar a la que ha habido en Reino Unido – y que ha concluido con el cierre del servicio equivalente, asentado en la conocida clínica Tavistock, hoy objeto de una demanda civil por parte de más de mil familias cuyos hijos e hijas fueron inducidos a tratamientos agresivos y de consecuencias irreversibles, sin diagnósticos previos.

            Nos encontramos ante un experimento bio-médico y social de masas. Esto no es el fenómeno de la transexualidad que conocimos años atrás y para el cual se imaginaron ficciones médico-jurídicas para atender a un reducido número de personas, esencialmente hombres, que rechazaban persistentemente la realidad de su cuerpo sexuado y para quienes no se conocía otra manera de aliviar ese trastorno. No. Se trata de otra cosa. Una generación ha sido designada para servir de conejillo de indias. No sólo para las grandes corporaciones farmacéuticas, cuyos beneficios están creciendo exponencialmente, sino para aquellas élites que aspiran a reinar sobre una sociedad desestructurada e individualizada, sometida sin límites a los caprichos y delirios de los poderosos. El feminismo, con su voluntad de emancipación y su tenaz defensa de la vida, es hoy uno de los principales obstáculos en el camino de esa distopía reaccionaria, que anida en el corazón mismo del capitalismo de nuestro tiempo. La izquierda, sin embargo, está sucumbiendo peligrosamente a ese influjo.

            Y lo está haciendo con una cerrazón directamente proporcional a la ausencia de un auténtico horizonte de progreso civilizatorio. El delirio queer prende en la cabeza de quienes quieren mostrar un semblante radical, cuando en realidad han dejado de soñar con el socialismo. Pero esa apuesta es extremadamente peligrosa. La extrema derecha, con sus autobuses y un discurso alejado de la jerga posmoderna, puede hacerse con la bandera del sentido común… frente a una izquierda que parece empeñada en poner en riesgo la salud de los menores. Por supuesto, no faltarán padres abducidos por la moda, que querrán lucir hijos trans como un marchamo de progresía. También los habrá que preferirán recurrir a la técnica bio-médica antes que aceptar un hijo gay o una chica lesbiana en casa. Pero habrá muchas familias, muchas más, seguramente entre la gente trabajadora y las capas más humildes de la población, que no aceptarán que se destroce el cuerpo de sus hijos e hijas. Y que serán sensibles al discurso de quien acuda a ellas denunciando la mutilación infantil. Aunque, en el caso de “Hazte Oír”, no sea para promover la coeducación, sino el retorno a los roles sexistas, opresivos para la mujer, en un formato tradicional. Si no se corrige el rumbo a tiempo, la izquierda acabará preguntándose amargamente “cuándo se jodió Perú”. Fue el día en que dio la espalda al feminismo, se olvidó de defender a los suyos y cedió al adversario la enseña de las libertades.

            Lluís Rabell

            11/11/2022