¿Qué podría salir mal?

Un viejo chiste soviético decía que un pesimista no es más que un optimista bien informado. A pesar de las incertidumbres que los rebrotes de la pandemia ciernen sobre un anhelado retorno a la normalidad – y a pesar de la bronca que no cesa en el Congreso de los Diputados -, se respira un cierto optimismo en la escena política. Y hay buenas razones para ello. Bajo el paraguas del beneplácito europeo, los indultos no han sublevado a la sociedad española: sus preocupaciones parecen ir por otros derroteros más prosaicos, ligados a las dificultades de la vida cotidiana. Por otra parte, la vacunación progresa a buen ritmo, las previsiones macroeconómicas parecen halagüeñas por cuanto se refiere al crecimiento económico y a la generación de empleo, los planes españoles para la utilización de los fondos europeos han recibido la aprobación de Bruselas… El gobierno de Pedro Sánchez enfila las conversaciones sobre los próximos presupuestos, esperando contar de nuevo con el apoyo de los partidos vascos y de ERC. Y, sin embargo, la izquierda no debería confiarse más de la cuenta. La votación del decreto ley sobre la reforma de las pensiones, con esos socios poniéndose estupendos, demuestra que las cosas no van a ser fáciles. (ERC, de tintes neoliberales cuando gestiona la Generalitat, es capaz de adelantar por la izquierda a los sindicatos de clase allí donde no tiene ninguna responsabilidad de gobierno). Habrá que negociar curvas muy cerradas en los próximos dos años. Que las cosas salgan bien depende de que la izquierda no se duerma al volante.

La partida va a jugarse de un modo decisivo en el terreno social. Quizá no se valore suficientemente hasta qué punto el mayor factor de estabilidad del gobierno progresista reside hasta ahora en la concertación social entre sindicatos y patronal, auspiciada desde el Ministerio de Trabajo. ERTE, mejoras contractuales, subida del salario mínimo, inicio del acuerdo sobre pensiones… Un gobierno que se apoya en una mayoría parlamentaria heterogénea necesita de los acuerdos entre los grandes actores sociales para sacar adelante su programa de reformas. Pero deviene imperativo intensificar el ritmo de las mismas. Una reactivación de la economía debería conllevar un nuevo incremento del SMI. La pandemia ha ensanchado persistentes bolsas de pobreza que deben ser atendidas: un año después de ser instaurado, el Ingreso Mínimo Vital no llega aún a la mayoría de personas que lo requieren, ni acaba de resolverse su encaje con otras prestaciones autonómicas de similar finalidad. Ni que decir tiene que las declaraciones del ministro Escrivà, confusas e intranquilizadoras, deberían quedar enterradas cuanto antes por una prosecución decidida de la reforma de las pensiones en la línea de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Tras el alineamiento de los incrementos de las pagas con la curva del IPC y la eliminación del “factor de sostenibilidad”, hay que garantizar que el sistema pueda recurrir a los PGE para sostenerse. Lo que plantea la premura de abordar una reforma fiscal progresiva, siempre “inoportuna”, pero sin la cual el Estado nunca dispondría de los recursos necesarios para unas políticas redistributivas consecuentes. Más que una engañosa “solidaridad intergeneracional” – susceptible de traducirse en un empobrecimiento de futuros pensionistas -, lo que debe prevalecer es la solidaridad tributaria de la rentas del capital, los grandes patrimonios y los ingresos más elevados. Por otra parte, el desmontaje de la reforma laboral del PP, devolviendo toda su capacidad negociadora a las organizaciones obreras, sigue pendiente…

Más allá de los equilibrios parlamentarios, la izquierda necesita atender a esas cuestiones. De ello depende su capacidad para devolver confianza a su base social. En un reciente artículo publicado por “Agenda Pública”, el politólogo Oriol Bartomeus analiza el cambio de tendencia que durante los últimos meses se ha producido en las encuestas, situando al PP por delante del PSOE en intención de voto. Su conclusión es que esa variación no se debe a los indultos, encajados sin revuelo por la sociedad española, sino a la reverberación de las elecciones autonómicas de mayo en la Comunidad de Madrid. Allí, la derecha supo movilizar a su público, arrastrando incluso el voto de los barrios más humildes y cabalgando la perspectiva de una reactivación de la vida económica tras meses de angustiosa parálisis. La izquierda, por su lado, no supo ilusionar a su gente, más necesitada de una perspectiva alentadora en cuanto a sus condiciones de vida que de consignas abstractas. Hay que tomar nota de ello. La dependencia que tiene el gobierno del voto de los partidos nacionalistas puede dar lugar a situaciones complejas. ERC es capaz de hacer una crítica izquierdista de los PGE para forzar bajo mano un apoyo a las cuentas del gobierno catalán… cuyo carácter progresista puede resultar muy dudoso, pero sobre las que se espera lluevan los fondos europeos. Por no hablar del PNV, especialista en sacar tajada de cada encrucijada parlamentaria. Al tiempo. La izquierda debe hacer de izquierda, si no quiere verse zarandeada por estos “amigos” primero… y derrotada por los adversarios, al cabo.

Pero tampoco deberían las fuerzas progresistas subestimar el impacto de determinadas decisiones que, consideradas en el corto plazo, pueden parecer de escasa relevancia electoral – pero que acabarán operando como un explosión submarina, con sus ondas expansivas concéntricas. El anteproyecto de “ley trans” adoptado por el gobierno ha soliviantado a amplios sectores del feminismo. La controversia aparece hoy muy alejada de la opinión pública, bombardeada por una intensa propaganda sentimental en favor de los postulados transgeneristas. Pero la tramitación del proyecto será larga y agitada. Electoralmente, el PSOE ha sido “el partido de las mujeres”. Eso podría cambiar si el feminismo se siente traicionado. No se antoja nada fácil corregir el rumbo adoptado por el gobierno en este tema, sin duda más trascendente de lo que parecen creer algunos asesores de la Moncloa.

Finalmente, mucho dependerá de la vitalidad y las “ingerencias” de la sociedad civil en la agenda de los gobiernos. Estos se mueven por imperativos inmediatos, ligados a su estabilidad, a la aprobación de unos presupuestos… Sin ir más lejos, el conflicto catalán no encontrará solución si ésta depende exclusivamente de una negociación entre dos ejecutivos. Es necesario que las entidades sociales, sindicatos, asociaciones, actores culturales… propicien los foros adecuados de reencuentro de una sociedad profundamente dividida y velen por que el diálogo no descarrile. Las grandes centrales sindicales están obligadas a actuar como brújula y anclaje social del gobierno de izquierdas. El feminismo no puede cejar en su empeño frente a los intentos de desactivar su agenda transformadora. Vienen tiempos difíciles. El futuro estará en disputa. Que los ociosos especulen sobre el desenlace de los conflictos. Ni ellos ni los escépticos han cambiado jamás el curso de la historia. Los elementos más conscientes saben, por el contrario, que habrá que pesar activamente sobre los acontecimientos para que las actuales posibilidades de progreso no se vean frustradas. 

Lluís Rabell

8/07/2021

https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/3042969/podria-salir-mal

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