Eso sería lo exigible para que la sentencia del Supremo fuese un punto de inflexión, abriendo la posibilidad de un retorno a la política. Descontado el griterío de la derecha, mucho dependerá de la inteligencia con que la izquierda aborde el escenario que se abrirá a partir de ahí. En primer lugar en Catalunya, donde la emotividad puede desbordarse. Flaca contribución harían las fuerzas progresistas a la búsqueda de una salida – y, aún menos, de una solución – al conflicto si, por una razón u otra, cediesen al “discurso de substitución” que empieza a operarse en las filas del independentismo: cegado el camino de la secesión, la exigencia de absolución de los dirigentes encarcelados y expatriados pasa a ser la única bandera unitaria de un movimiento que hoy aparece tocado, dividido y carente de estrategia. Es muy posible que, tras la sentencia, el grito de “amnistía” ocupe el lugar de la aspiración a la independencia, relegada a un incierto horizonte.

La izquierda – singularmente el espacio de los comunes – ha tenido razón al criticar el abuso de la prisión preventiva, del mismo modo que cuando ha alertado sobre la tentación de “estirar” la interpretación de los hechos imputados hasta hacerlos encajar con los requisitos de rebelión o sedición. (Algo que, tras la vista oral, parece difícilmente concebible). Y acierta también al entender que el diálogo no podría prosperar con una parte de los interlocutores en prisión. Muchas razones, incluso de orden humanitario, militan a favor de poner fin cuanto antes a una dolorosa privación de libertad que ronda ya los dos años. Pero esa izquierda se equivocaría gravemente si, por oportunismo o cediendo a cierto chantaje emocional, adhiriera al planteamiento del independentismo. Porque tiene trampa y no permite salir del atolladero. Apelando al padecimiento de los encarcelados, presenta bajo un formato renovado el mismo relato sesgado y engañoso que ha sustentado todo el “procés”.

¿Absolución? ¿De qué delitos? Que sea improbable la rebelión no quiere decir que lo que ocurrió fuese un simple malentendido, que el independentismo tuviese derecho a hacer lo que hizo, ni mucho menos que se tratase de un ejercicio de libertad de expresión. Semejante enfoque sigue negando la existencia y la catalanidad de la mayoría de nuestra sociedad, cuyos derechos de ciudadanía fueron conculcados el 6 y 7 de septiembre. El independentismo carecía de legitimidad para abolir la Constitución y el Estatut. Tampoco la tiene ahora para “volver a hacerlo”. No es posible restañar las heridas, ni restablecer la unidad civil de la sociedad catalana, si no hay claridad al respecto. La aventura de la vía unilateral no sólo merece una severa crítica política, sino que se hizo acreedora también de reproche penal. La dificultad del momento radica en que una eventual sanción sea justa… y en que la política, desde el respeto a la separación de poderes – es decir, acatando las resoluciones de los tribunales -, sepa articular una salida al escenario generado por la sentencia. Pero esa complejidad no puede ser evacuada. De lo contrario, se transmitiría a la ciudadanía un mensaje tan peligroso como inaceptable: quienes detentan el poder pueden saltarse las leyes que a todos nos obligan. Peor aún, desde la perspectiva de la reconciliación: unos catalanes que proclaman ser la expresión genuina del “pueblo” podrían pisotear los derechos del resto de la sociedad, relegada a un estatus devaluado de ciudadanía, y prescindir de su opinión. Bajo una apariencia inofensiva, la petición genérica de “absolución” encierra en realidad la amenaza de una fractura social duradera y conforta a una derivada identitaria del “procés” – derivada que la frustración no hará sino acentuar en los sectores más exaltados del movimiento.

Algo similar ocurre con la consigna de la amnistía. Evocando la memoria de la lucha contra la dictadura, sugiere el enfrentamiento de la causa democrática de una nación oprimida con un régimen autoritario. Pero meterse en ese marco mental tampoco permite avanzar. Más allá del parecer de cada cual acerca de la sentencia, lo que se ha juzgado no ha sido una ideología – la aspiración a la independencia cabe en el ordenamiento jurídico vigente -, sino una determinada conducta, que no debería repetirse. El diálogo es inviable sin el reconocimiento de un terreno de juego compartido entre los interlocutores. Dejando aparte la dificultad de implementarla – pues sería necesaria nada menos que una reforma de la Constitución que la autorizase -, la amnistía significaría en cierto modo que el Estado de Derecho se inclina ante quienes se saltaron las leyes. En el fondo, ese enfoque sigue falseando los términos del conflicto y, en lugar de favorecer su aproximación, aleja a los actores que deben buscar entendimiento. Ni la sociedad española se reduce a una maquinaria estatal, ni el independentismo representa al conjunto de una realidad nacional catalana plural y diversa. Por eso la idea de la amnistía tiende a enquistar el conflicto. Lejos de encanar una mayoría social y una “transversalidad democrática”, constituye el cautivador envoltorio de una persistencia en los planteamientos que nos han llevado al lío en que estamos.

Habrá que buscar otros caminos para tratar la situación penal de los dirigentes encarcelados, considerando los razonamientos de una sentencia que generará jurisprudencia en muchos terrenos. Hay quien piensa en reformar el Código Penal. Otros han evocado la concesión de indultos – un mecanismo democrático que, lejos de anular a la justicia, permite modular sus efectos con la mirada puesta en el bien supremo de la convivencia. Pero sería prematuro opinar al respecto. Tanto más cuanto que cabe suponer que la sentencia establezca distintos grados de responsabilidad entre los encausados. Hará falta imaginación y altura de Estado. De seguir empantanada, la sociedad catalana, más allá de los sobresaltos que puedan producirse, se deslizará inexorablemente hacia una fase de decadencia, corroída por el conflicto de identidades. Pero la cuestión catalana es – y seguirá siendo – la piedra de toque de un progreso federal de España… o de una pérdida de vitalidad de sus instituciones democráticas a la hora de afrontar grandes desafíos económicos, sociales y medioambientales. La izquierda debería facilitar la evolución de aquellos sectores que, sin renunciar a sus legítimas aspiraciones a la independencia, pretenden optar por una vía pragmática y realista. Y eso exige ante todo claridad. La retórica grandilocuente y ambigua la carga el diablo.

Lluís Rabell

(12/09/2019)