Es ocioso especular sobre el desenlace del pulso que se libra en Madrid en torno a la investidura de Pedro Sánchez. Han corrido ríos de tinta acerca de las intenciones, ocultas o declaradas, de socialistas y “morados”. Merecen reflexión, sin embargo, algunos episodios recientes de este proceso, en que se han ido alternando negociación, desencuentros y lucha por el relato.

La forma que debería tener un gobierno de izquierdas, acorde con la voluntad expresada por la ciudadanía el pasado 28-A, no está determinada de antemano, ni constituye una cuestión de principios, sino de conveniencia política. Tan legítimos son los gobiernos “a la portuguesa”o los de coalición, como otras fórmulas híbridas, acordadas entre las fuerzas que configuran una mayoría favorable al cambio. No pocos en la filas de la izquierda alternativa hemos dicho desde el primer momento que, en España, lo mejor sería inspirarnos en el ejemplo de nuestros vecinos lusos: hay suficientes intersecciones entre el programa socialista y el de UP como para tejer un acuerdo de legislatura; pero subsisten también discrepancias que necesitan dirimirse abiertamente en el Congreso y que, de estallar en un órgano eminentemente ejecutivo como es el gobierno, provocarían su crisis. En cualquier caso, la manera de dar con el diseño más adecuado exigía empezar por discutir a fondo del programa, delimitar el perímetro de los acuerdos y “pactar” las desavenencias. Lejos de ser cheques en blanco, los acuerdos que alumbraron, en Portugal o Dinamarca, gobiernos socialdemócratas monocolores con apoyos parlamentarios exteriores fueron trabajosamente construidos y comportaron, como toda negociación seria, transacciones y renuncias. Aquí, por el contrario, se puso la carreta delante de los bueyes. La discusión se focalizó desde el principio en la fórmula gubernamental, y eso lo ha enredado todo.

En fin, ya está. El caso es que, con los plazos agotándose, UP sigue identificando como una cuestión determinante su participación en el gobierno… frente a un PSOE que no se fía, se resiste a abrir el consejo de ministros y amaga con ir a una nueva e incierta convocatoria electoral. (La presentación de las 370 medidas de Sánchez se asemejaba mucho más al arranque de una campaña que al inicio de una ronda de negociaciones). Pero, si de verdad se trata de vencer los recelos del PSOE, lo último que conviene es darle nuevos motivos de alarma.

Estos días, se ha evidenciado una vez más la preocupación que causa en el PSOE el escenario que dibujará la sentencia del Tribunal Supremo, así como la inquietud acerca de la reacción que puedan tener UP y los comunes ante la efervescencia que desencadenará. Hasta tal punto que el PSOE reclama a Iglesias compromisos explícitos de lealtad en esta cuestión. Y es que, si bien es cierto que UP ya puso sordina a la reivindicación de un referéndum antes de la última investidura fallida, no lo es menos que, tanto en Madrid como en Barcelona, se siguen emitiendo señales contradictorias. Cuando se aproximan fechas decisivas, los comunes siguen cautivos del discurso procesista – “presos políticos”, “exiliados”… -, sin mesurar las consecuencias de un marco mental que sitúa a España fuera del espectro democrático. Y, por si fuera poco, he aquí que Jaume Asens, recién incorporado al equipo negociador, se enzarza en una polémica con Gabriel Rufián y, tras acusarle de “alinearse con el PSOE”, reclama “recuperar urgentemente la unidad de acción de las fuerzas soberanistas para ganar un gobierno que escuche a Catalunya”. Así pues, si nos atuviésemos a la retórica de estas últimas semanas, la izquierda alternativa estaría exigiendo entrar en un gobierno de lacayos de la CEOE… para gestionar con ellos un régimen autoritario. A no ser que se trate de vigilar a los primeros y subvertir al segundo en connivencia con “las fuerzas soberanistas” (que, se cuenten como se cuenten, no representan al conjunto de la sociedad catalana). El PSOE tiene muchas razones para no querer compartir sugobierno con UP. Y tal vez no todas sean de recibo. Pero esa retahíla de torpezas no hace sino llevar agua al molino de los más recalcitrantes.

Acabe esto como acabe, haya investidura o elecciones, lo que de verdad urge es un aggiornamento estratégico de la izquierda alternativa y sus distintas componentes. De un modo u otro, vamos a entrar en una fase de turbulencias económicas, sociales y políticas. No es posible hacerle frente con semejante confusión en la cabeza. Aún subsiste la ilusión de que el “procés” tendría un cierto carácter progresista, por cuanto rompería con el “régimen del 78” y sería susceptible de desencadenar una crisis revolucionaria, dando paso a un proceso constituyente. Pero eso es pura fantasía. La mejor tradición marxista aconseja hacer “un análisis concreto de la situación concreta”. De modo muy similar al brexit, el ascenso del independentismo ha sido la reacción de las clases medias de una de las regiones más ricas de Europa ante los efectos desestabilizadores de la última crisis y, en general, de la globalización. Esa reacción no sólo da la espalda a España – con la vana ilusión de que a Catalunya le iría mejor por su cuenta -, sino que ha excluido a buena parte de la sociedad catalana, singularmente a su clase trabajadora. Quien tenga dudas al respecto no tiene más que consultar la cartografía territorial y social de la adhesión – o el rechazo – a la secesión que dibujan obstinadamente todas las elecciones. Cuando ese movimiento se vio en la tesitura de esbozar el semblante de un Estado propio – conviene recordarlo en este aniversario de las jornadas del 6 y 7 de septiembre -, propuso un régimen populista y autoritario. Y no tuvo más perspectiva para la viabilidad de esa República que hacer de ella un paraíso fiscal. Pero es que, además de sembrar una profunda división en Catalunya, el “procés” se ha retro-alimentado con el nacionalismo español más retrógrado. Ciudadanos ganó las últimas elecciones autonómicas, recogiendo el sentimiento de agravio y el temor de toda una franja de las clases populares. Por no hablar de la gasolina que la crisis catalana brinda en permanencia a las tres derechas en el conjunto de España. ¿Alguien cree que con todo eso vayamos hacia una superación progresista del actual marco constitucional?

Habrá que empezar por rechazar la venenosa tesis populista de que la democracia está por encima de las leyes y las mayorías lo pueden todo. En el otoño de 2017, sólo una parte de la izquierda alternativa lo entendió así. La otra, titubeante, entre tímidas reservas y calculadas ambigüedades, se dejó arrastrar a un falso referéndum que sólo sirvió para enmascarar con épica – las cargas policiales en los colegios contribuyeron a ello – la tropelía cometida días antes por los partidos independentistas en el Parlament, precipitando el desastre en el que seguimos inmersos. Muchos debates, balances y elaboraciones como para que se resuelvan en unos días. Hará falta más tiempo. Pero la tarea es insoslayable, si se tiene la ambición de devenir una fuerza de gobierno. De no abordarla con decisión, la izquierda llevará siempre clavada una espina en su corazón. Y no será precisamente la que evocaba Àngel Guimerà en la célebre sardana.

Lluís Rabell

(7/09/2019)