La fuerza del Derecho

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La literatura acerca del procés es abundante. Se echaba en falta, sin embargo, un trabajo riguroso y concebido desde una óptica jurídica como el que nos brinda Antoni Bayona, letrado mayor del Parlament durante la decisiva legislatura que concluyó abruptamente el 27-O de 2017 con una – presunta – declaración de independencia y la – efectiva – intervención de la autonomía. “No todo vale” (Ed. Península) consigue hacer de los dilemas jurídicos de aquel período el nudo de un apasionante relato, arrojando luz sobre los acontecimientos desde “las entrañas mismas del procés”. La amenidad y claridad con que son expuestas complejas nociones de derecho constituyen méritos indiscutibles de la obra. Pero quizás el más notable resida en la valentía política y la honestidad intelectual de que hace gala su autor.

En efecto. La trayectoria de Antoni Bayona ha estado siempre profundamente unida a la tradición de Convergència y a su huella en las instituciones catalanas. La sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 2010 sobre el Estatut le lleva a abrazar el anhelo de la independencia. Es desde tales convicciones y desde su condición de jurista que Bayona disecciona el procés y fulmina la vía unilateral promovida por sus dirigentes. Con déficit y limitaciones, España forma parte del concierto de las democracias modernas. Emprender un camino que da la espalda a su legalidad conduce al desastre. “La ley es fruto de la democracia. Es democracia en estado puro. (…) Es muy peligroso intentar disociar democracia y legalidad, porque no hay nada tan anti-democrático como negar el valor de un derecho cuyo origen es democrático”.

El pleno parlamentario del 6 y 7 de septiembre de 2017 le lleva a evocar “los días de infamia” de que habló Franklin D. Roosevelt tras el ataque japonés a Pearl Harbor. En aquellas tormentosas sesiones se aprobaron las leyes de referéndum y de transitoriedad jurídica. Esta última, una suerte de constitución provisional, “era una ley de dudoso carácter democrático, pues su naturaleza excepcional no le permitía respetar algunos principios tan obvios como la separación de poderes. Baste recordar que la máxima autoridad judicial sería designada por el presidente de la Generalitat o que los decretos leyes aprobados por el Gobierno no serían susceptibles de control jurídico. (…) La mayoría hizo añicos el Reglamento de la Cámara para poder tramitar estas dos leyes y arrasó con ello todos los derechos de la oposición. Resultó así que la sesión parlamentaria que consumaba el mandato democrático del pueblo catalán fue la menos democrática celebrada jamás”.

No menos valiente – y teñida de amargura ante las consecuencias que aquellos acontecimientos tendrían para las personas directamente implicadas, pero también para las instituciones de auto-gobierno y para la sociedad catalana – resulta la crítica del 1-O y del 27-O. “La actuación policial del 1-O fue un desastre en toda regla. Una chapuza. (…) Detrás del referéndum había una organización que se subestimó, un verdadero movimiento cívico que lo preparó y previó las dificultades que podrían surgir. (…) El 1-O no era un acto inocente, pues detrás de su organización había plena conciencia de que el Estado intentaría impedir su celebración. Por eso se preparó a fondo un sistema de resistencia bien calculado. De esto no debe deducirse que fuera un acto violento ni concebido como tal, pero sí un acto en el que había conciencia de que el conflicto podría llegar a existir por la reacción del Estado, y, me atrevo a decir que, tal como se veían veían venir las cosas en los días anteriores, para algunos no dejaba de presentar una buena oportunidad para trasladar la imagen de un Estado represor de un movimiento pacífico y legítimo. Si esta percepción es correcta, el 1-O también escondía una provocación, en la que finalmente el Estado cayó de cuatro patas”. No resulta fácil decirlo en medio de la atmósfera de emotividad que se vive con el juicio de los dirigentes del procés.

Y aún menos separar el grano de la paja, como hace también Bayona, acerca de una dudosa declaración de independencia cuyos efectos jurídicos negaron sus propios promotores – “íbamos de farol”, “fue un accidente”, diría la consellera Clara Ponsatí –, que ni siquiera fue publicada y tras cuya adopción ni se arrió la bandera española en edificio alguno. “Sabiendo que no se iba a intentar consumar la independencia y lo que podía venir (la aplicación del artículo 155 y la causa penal), no se me ocurre otra cosa que verlo como una gran irresponsabilidad, como un acto de inmolación al que se ven abocados los protagonistas, después de haber hecho tantas promesas, para no aparecer ante los ojos de los demás como unos farsantes”. No hay que olvidarlo: un día antes, el president Puigdemont se echó atrás de su decisión de convocar elecciones ante la presión conjugada de un twitt de Rufián, los sollozos de Marta Rovira y el griterío de la Plaza de Sant Jaume. Y, el 27-O, cientos de alcaldes de comarcas, vara en mano, llenaban los pasillos del Parlament exigiendo que no se diera un paso atrás. No venían a intimidar a la oposición, sino a presionar a los suyos. Como unos aprendices de brujo, algo muy propio de los movimientos nacional-populistas, los impulsores del procés habían desatado una dinámica socio-política con vida propia. Eso explica en gran medida la dificultad del independentismo para abandonar la estrategia fallida de la vía unilateral – una estrategia que ha ignorado la fuerza del Estado y la pluralidad de la propia sociedad catalana, tal como subraya Bayona.

Un Estado y una sociedad cuyo devenir inmediato está estrechamente vinculado al desenlace del juicio que se está celebrando en el Supremo. Y hay que decir que las páginas dedicadas a desmenuzar el relato construido por la instrucción del juez Pablo Llarena brillan con especial intensidad. Viendo el rigor con que Bayona acota las nociones de rebelión y sedición, demostrando cuán poco se ajustan a lo propiamente acaecido en otoño de 2017 – para que se dieran tales delitos debería concurrir “un nivel de violencia de suficiente intensidad para forzar a la autoridad estatal a ceder a las exigencias de los acusados” -, uno no puede por menos que pensar que sus abogados harían bien inspirándose en la potente línea argumental del veterano letrado. Quien se remita al juicio de la Historia – o al de Estrasburgo – debe hacerse a la idea de que el veredicto puede tardar. Y, entretanto, no sólo los encausados sufrirán, sino que todo un país se desgarrará. “Puede que los conceptos de rebelión y sedición que maneja el Código Penal hayan quedado anticuados, porque son más propios del siglo XIX que del XXI, de otro tipo de conductas o comportamientos más coherentes con la era analógica. Es posible que lo ocurrido en Catalunya sea susceptible de un reproche que va más allá de la simple desobediencia porque entra en el terreno más propio de lo que se podría calificar como “macrodesobediencia” o “desobediencia sistemática”, que podría dar lugar a contemplar tipos penales proporcionales a sus riesgos. Esta conducta podría ser objeto de consideración penal, desde luego, pero hoy no lo es y hay que aceptarlo. Lo que no se puede hacer es castigar por elevación”. ¡Ojalá el Tribunal Supremo atendiese a tales razones! Por el bien de todos.

Y es que no podemos por menos que compartir plenamente con Antoni Bayona su opinión de que la aventura emprendida por los líderes independentistas “merece un juicio, desde luego duro, pero seguramente no son los tribunales los que deben hacerlo. El juicio de verdad debe ser político y social, para exigir responsabilidades a los que nos llevaron hasta aquí y pusieron en riesgo a las mismas instituciones, causando unos daños a la sociedad de los que difícilmente se recuperará a corto y medio plazo”.

A explorar posibles vías de recuperación y de respuesta al problema nacional y territorial planteado por esta crisis consagra el libro sus últimas páginas, preguntándose “cómo vamos a salir de ésta”. Sería prolijo comentar aquí las reflexiones acerca de una eventual reforma constitucional, de una revisión del Estatut, de un referéndum, de la opción federal… o del anhelo de la independencia, al que el autor permanece apegado. Hay que leer “No todo vale”. Nos enseña el valor del Derecho para organizar la sociedad y templar la democracia. Y, sobre todo, nos enseña que, desde horizontes ideológicos distintos, es posible tender puentes que nos ayuden a transitar hacia ella. Hoy por hoy, no es poco.

Lluís Rabell

(30/3/2019)

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