En una anterior entrada me refería al libro, recientemente publicado, de quien fuera letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona: “No todo vale. La mirada de un jurista a las entrañas del procés”. Destacaba en mi reseña la honestidad y el rigor que, a mi juicio, preside todo el trabajo, y recogía algunos de sus pasajes más significativos. No todos los que merecen ser tenidos en cuenta, sin duda, en una obra densa y documentada. Hay un aspecto que aparece en filigrana a lo largo de la narración de los acontecimientos que llevaron al tormentoso otoño de 2017 y que reviste un interés singular: la intervención del grupo parlamentario de CSQP en los momentos críticos de aquella legislatura. La trayectoria de este grupo representó un esfuerzo sostenido por configurar una oposición de izquierdas al gobierno de la mayoría independentista y por mantener una iniciativa política propia, sin caer bajo la fuerza gravitatoria de los dos grandes bloques que polarizaban el conflicto territorial. Un empeño nada fácil, dadas las modestas fuerzas con que contábamos. Antoni Bayona da cuenta de ello. Su puesto de observación era ciertamente privilegiado. Sin embargo, no es posible sustraerse a cierta impresión: desde la honesta descripción de los hechos – y a pesar de la distancia ideológica que puede separarle de nosotros -, el letrado parece valorar la labor de CSQP con mayor perspicacia… que el propio espacio político al que tratábamos de representar.

“Es posible que entre los votantes que obtiene CSQP – escribe – haya muchos que sean favorables a la independencia. Pero, aunque así sea, no se puede computar este 8’9% de los votos porque el programa electoral al que ha dado su apoyo es diferente del de las otras dos candidaturas y no plantea las elecciones como un plebiscito que abra paso directo a la independencia de Catalunya. A diferencia de la posición adoptada por ICV-EUiA en la fase anterior del derecho a decidir, CSQP se va a desmarcar de la vía unilateral que proponen ahora Junts pel Sí y la CUP y va a mantener su propia posición sobre el proceso catalán en la legislatura que se inicia”.

Y así fue. Aún sin haber solventado la investidura del presidente de la Generalitat – que recaería finalmente en Carles Puigdemont, después de que la CUP hubiese mandado a Artur Mas “a la papelera de la Historia” -, el 9 de noviembre de 2015, el Parlament votó una funesta resolución que marcaría la deriva de los meses siguientes: la famosa resolución 1/XI que proclamaba la plena soberanía de la cámara catalana, decía no reconocer la autoridad del Tribunal Constitucional y daba por iniciado el camino hacia la independencia. CSQP votó resueltamente en contra de esa resolución. Pero no nos limitamos a ello, sino que propusimos una resolución alternativa, que propugnaba trabajar en favor de una consulta pactada.“Era una propuesta que hacía especial énfasis en la adopción de un plan de rescate social y que, en definitiva, no entraba en el terreno de la ruptura unilateral ni de la desconexión, porque en ningún momento planteaba el referéndum como un acto unilateral. La defensa de un referéndum acordado con el Estado abriría una línea propia de este grupo que mantendría a lo largo de la legislatura”. Aún así, el rechazo a la resolución “disruptiva” nos valió ser acusados de “alinearnos con la caverna” por parte de algún destacado compañero en las redes sociales… ante el silencio consternado de la dirección de nuestro espacio. Una incomprensión que se revelaría tenaz.

Bayona recuerda también el episodio de la comisión de estudio del Proceso Constituyente, que se formó como tal a propuesta de Joan Coscubiela, contra la pretensión inicial de la mayoría de poner en pie una comisión de carácter legislativo, desafiando los requerimientos del TC. Se trataba para nosotros de proponer un camino que pudiese reconducir las energías desatadas por el procés sobre una vía de negociación, evitando un choque institucional que intuíamos condenado al fracaso. “CSQP participa con la voluntad de que el proceso constituyente, objeto de la comisión, se contemple desde una perspectiva más amplia y diferente de la que se desprende de la Resolución 1/XI, como un estudio que permita analizar una hipotética reforma de la Constitución española y ponga también especial énfasis en los aspectos sociales”.

La voluntad de brindar, desde la discrepancia con el proyecto independentista y la oposición a su programa, una “pista de aterrizaje” al gobierno estuvo presente en muchas de nuestras iniciativas. Preveíamos que un choque frontal con el Estado generaría frustración y fractura social en términos de identidades, el escenario más adverso para las izquierdas. Así, en la resolución 306/XI, aprobada en el debate de política general, introdujimos un apartado contradictorio, proponiendo la celebración de una consulta acordada con el Estado “para conocer la opinión de la ciudadanía respecto al futuro político de Catalunya”. Ese apartado nunca fue impugnado por el gobierno de Rajoy, ni mereció reproche del TC – que sí anuló el resto de la resolución – y sirvió de base para la efímera singladura del Pacto Nacional por el Referéndum. No éramos tan ingenuos como para no entender que, para el independentismo, se trataba de pasar lo antes posible a una convocatoria unilateral, tras demostrar que el Estado no respondía a sus emplazamientos. Apoyándonos en los sindicatos y en parte de la sociedad civil, se trataba de contener esa huida hacia adelante. Sólo quedaba desplazar el balón a una zona menos congestionada del terreno de juego. Frente al gobierno de Rajoy, incapaz cualquier contra-oferta que brindase una oportunidad a la política, sabíamos que era cuestión de tiempo que la mayoría independentista nos arrollase. Sin embargo, en esa tentativa, por escasas posibilidades que tuviese de prosperar, estaban el alma y la razón de ser de la izquierda alternativa.

Aún lo intentamos una vez más. “En mayo de 2017, se puso en marcha un último intento para evitar que la Generalitat convocara unilateralmente un referéndum. La tenacidad del portavoz de CSQP, Joan Coscubiela, obró que el pleno aprobara una moción sobre el cumplimiento del apartado de la Resolución 306/XI no impugnado… que instaba al Gobierno… a obtener el asesoramiento, el reconocimiento y el aval de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho”. La prestigiosa “Comisión de Venecia” respondió que esa cooperación requería que las autoridades españolas estuviesen de acuerdo y que el referéndum se realizase de conformidad con la Constitución y la legislación aplicable. Fue nuestra última baza. Pero la suerte estaba echada y el independentismo lanzado a la aventura. No nos quedaba más que ir al duro enfrentamiento que se produjo los días 6 y 7 de septiembre.

Con todo… Al final de su libro, meditando acerca de posibles salidas al conflicto, Bayona evoca una eventualidad que, curiosamente, la dirección del grupo parlamentario estuvo sopesando plantear en términos muy similares. “Quizá no podría preguntarse directamente por el sí o el no a la independencia, pero sí formular cualquier otra pregunta que permitiera auscultar lo que piensa la sociedad catalana… una que tuviera por objeto conocer su opinión sobre la conveniencia o no de impulsar una reforma constitucional que permitiera ejercer el derecho de autodeterminación”. Hablar de “autodeterminación” era ya controvertido. Buscábamos otros términos. Hoy, de todos modos, los “hechos de octubre” han alejado esa hipótesis y hacen dudar de su conveniencia. Pero no es menos cierto que, en aquel momento, nos planteamos que no bastaba con rechazar la ley de referéndum, sino que era necesario oponer un proyecto alternativo: un mandato parlamentario para negociar una consulta que cupiese en la legalidad vigente y no dislocase la convivencia.

No fue posible hacerlo. Catalunya en Comú, recién constituida, adoptó una posición ambigua respecto al 1-O, apoyando la convocatoria “en tanto que movilización”. (La “movilización” consistía, sin embargo, en un referéndum de parte, sin garantías, excluyente de más de la mitad de la sociedad catalana). Eso se daba de patadas con la trayectoria del grupo. Sin embargo, presionados para evitar una ruptura interna, acabamos por abstenernos ante la ley de referéndum. Por fortuna, la célebre intervención de Coscubiela del día 7, improvisada, no estuvo sujeta a negociación alguna. Nuestro portavoz pudo liberar su sentir y el de toda una tradición del movimiento obrero. Ese fue el boche final de CSQP. Que me perdone Antoni Bayona si me he servido de su libro para traer todo esto a colación.

¿Dejó algún pósito aquella singladura? Tal vez sea aún pronto para saberlo. Andreu Nin gustaba decir que la tarea de los revolucionarios es, ante todo, sembrar: “Sembrar en todos los suelos. Sembrar a todos los vientos. Sembrar sin descanso, al sol y a la sombra. Sembrar incluso sobre las rocas”. El tiempo dirá si se esparció una semilla fecunda para la izquierda.

Lluís Rabell

(31/3/2017)