Nuevos episodios sobre las tramas de corrupción, fiasco en la renovación del gobierno de la magistratura, desolación en el Tribunal Supremo a las puertas de un juicio trascendente… Cada día aporta nuevos factores de incertidumbre sobre la duración de esta legislatura. ¿Adelantará Sánchez la convocatoria de elecciones? ¿Habrá un “superdomingo” el próximo 26 de mayo? Todo es posible. En cualquier caso, lo que parece cada vez más cierto es que no habrá nuevos presupuestos en parte alguna: ni en el Congreso, ni el Parlament, ni en el Ayuntamiento de Barcelona. El intento de triple carambola puede acabar con las bolas desparramadas por la mesa de billar… y un siete en el tapiz. La causa no es otra que el enquistado conflicto catalán y la lucha permanente entre ERC y el mundo convergente por la hegemonía del independentismo. Ese conflicto, que ha llegado a poner en crisis al estado español, atravesará una etapa de alto voltaje emocional con el juicio a los dirigentes del “procés”. En semejante tesitura, nadie quiere aparecer connivente con el “Estado carcelero”. Tampoco es fácil imaginar un “intercambio de cromos” entre los dos centros de poder de la Plaza de Sant Jaume.

Es muy probable que nada se mueva antes de la conclusión del juicio y de que los comicios de mayo dibujen el nuevo escenario político. Las elecciones autonómicas andaluzas lo empezarán a perfilar. Las europeas lo encuadrarán, poniendo de relieve correlaciones de fuerza que pesarán decisivamente en el devenir de todos los Estados de la Unión. Entre tanto, ese tenso compás de espera se va poblando de gestos simbólicos y exageradas actuaciones que pretenden colmar el vacío de política. Pero esa teatralidad no será inocua. Nunca lo es. Cuando las emociones están a flor de piel y la razón se enturbia, esos gestos contribuyen poderosamente a tejer un relato, que acabará pesando sobre los acontecimientos ulteriores.

Ante la inminencia del juicio, la izquierda debería redoblar sus esfuerzos por contener los ánimos y sentar las premisas para una salida de este atolladero. Porque es evidente para todo el mundo que no se podrá discutir seriamente de propuestas políticas mientras los líderes de una de las partes implicadas permanezcan en la cárcel. Pero tampoco es posible eludir el principio de realidad: el juicio va a tener lugar. Ciertamente, se celebrará en condiciones adversas: se va a dirimir en el ámbito penal una grave crisis territorial exacerbada por la dimisión de la política – herencia envenenada de la era Rajoy. Y eso se hará en medio de una erosión sin precedentes de la credibilidad de la propia magistratura, necesitada de una renovación que supere los vicios del bipartidismo. La instrucción ha estado teñida de ideología y de celo defensivo del Estado frente a la amenaza de secesión. Last but not least, la prisión preventiva puede acarrear una imagen hiriente que permanecería por mucho tiempo en la retina de la sociedad catalana: la de unos hombres y mujeres llegando esposados, día tras día, a la audiencia. Y atención, porque el sentimiento de humillación no sólo conmovería al mundo independentista. Se avecina una prueba de fuego para la democracia española y para la propia sociedad catalana.

Pero hay que pasar por ella. Y hay que prepararse a hacerlo. Tras los escándalos que han minado el prestigio del Supremo, la opinión pública democrática debe exigir un juicio justo, transparente, con plenas garantías y ecuánime. Las defensas deben poder rebatir las acusaciones de sedición o rebelión. No será nada fácil. Las tesis del instructor Pablo Llarena tienen notable predicamento entre la judicatura, más allá del talante conservador o progresista de los magistrados. El resultado del juicio es muy incierto. Quizás haya que recurrir a instancias europeas. (Más de una vez, Estrasburgo ha llamado al orden a la justicia española. Aunque no habría que contar con que una eventual reprimenda resolviese el conflicto.) Quizás haya que llegar, en un momento dado, a medidas gubernamentales de gracia. Todo eso puede ocurrir. Sin embargo, no sería democrático pretender soslayar la acción de la justicia. Hemos llegado hasta aquí por la actuación del gobierno del PP frente a la crisis catalana. Pero también a causa del camino, intransitable, seguido por el independentismo. Su ruptura deliberada del ordenamiento democrático vigente durante las aciagas jornadas de septiembre y octubre del año pasado, aunque desprovista de violencia, debe ser juzgada, no puede dejar de tener consecuencias. Lo contrario supondría dejar indefensa a la ciudadanía – cuyos derechos fueron vulnerados – y sería imposible recomponer la cohesión civil.

A pesar de todas las dificultades, la izquierda tiene el deber de tratar de convencer a los sectores del independentismo que empiezan a evaluar lo erróneo de la vía unilateral. Nadie debe renunciar a sus sueños. Pero no puede pretender alcanzarlos sumiendo a la mitad del país en una pesadilla. Por eso, la izquierda debería esforzarse por desinflamar los ánimos… en lugar de cabalgar y azuzar la indignación. Hay que tener el valor de decir la verdad, por desagradable que sea – y aunque todavía haya mucha gente que no esté en condiciones de atender a razones. Más allá de la denuncia de actuaciones policiales inadmisibles, como las cargas del 1-O, no tiene sentido alimentar el discurso de “un frente contra la represión del Estado” – como si hubiese una persecución ideológica y no el procesamiento, tan desproporcionado en su planteamiento como se quiera, de unos hechos. No ayuda en nada a los encausados apelar al “juicio supremo de la Historia” y negar legitimidad a los tribunales, cuando se trata de librar ante ellos una batalla por la verdad y la justicia. De modo paradójico, la crisis abierta en la alta magistratura y su exposición a la luz pública podrían jugar a favor del rigor de un procedimiento y de la mesura de una sentencia que serán escrutados en sus menores detalles. Y, desde luego, no ayudan las fanfarronadas sobre una desobediencia que ya nadie se atreve a practicar, pero que se blande como una amenaza de reiteración por parte de algunos sectores.

Por lo mismo, tampoco resulta oportuna una extemporánea campaña de reprobaciones del Rey. Es dudoso que el intento del gobierno socialista de impugnar la resolución recientemente votada en el Parlament tenga recorrido jurídico alguno. El Jefe del Estado debe estar sujeto a crítica. Quienes pertenecemos a la tradición republicana preferiríamos, sin duda, que esa jefatura fuese asumida por una presidencia electiva y no por un monarquía hereditaria. Pero no se trata de reconfortarnos, sino de incidir en la realidad. La reprobación, lejos de propiciar cualquier cambio, sólo sirvió para conferir una pátina republicana y progresista a un “procés” cuyo abrupto desenlace desvirtuó, de facto, sus credenciales democráticas. Presidencialista, alejada de los principios de separación de poderes que rigen en un Estado de Derecho, la República diseñada por la “Ley de Transitoriedad” presentaba una arquitectura política netamente menos democrática que la denostada monarquía parlamentaria española. En tales circunstancias, la evocación de la República enmascara el problema crucial de la huida hacia adelante que nos ha llevado a la actual situación. Sólo saldremos de ella facilitando el retorno al terreno de juego de la política y el respeto de los marcos institucionales. Pero, no lo lograremos alimentado un discurso épico que retrase el balance de lo acaecido y ponga al conjunto del independentismo a merced de quienes prefieran reactivar una estrategia de tensión. En tiempos propicios a francotiradores e incendiarios, la responsabilidad de la izquierda será enorme.

Lluís Rabell (21/11/2018)

ilustración : Joan Miró, Strange animal