Enemigo a las puertas

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Todas las formaciones políticas tienen subrayada en sus agendas la fecha del 26 de mayo, en que se celebrarán las próximas elecciones municipales. Ahí se dirimirán muchas cosas, más allá de los asuntos locales. En primer lugar, se medirá la consolidación – o el retroceso – de la oleada de cambio que, en 2015, desalojó a la derecha de alguna de sus plazas fuertes y propició gobiernos inéditos, como el de Manuela Carmena o Ada Colau. Y, por supuesto, en Catalunya, con la sentencia del juicio a los líderes independentistas en ciernes, será imposible que la problemática municipal no se entrecruce con la crisis territorial.

Si todo eso es visible, mucho menos lo resulta la convocatoria, coincidente en esa fecha, de las elecciones al Parlamento Europeo. Sin embargo, en la actual coyuntura esas elecciones devienen cruciales. Europa puede amanecer el 27 de mayo ofreciendo al mundo la imagen de un inquietante avance, en casi todos los Estados miembros de la Unión y en sus instancias comunitarias, de movimientos populistas y nacionalistas de extrema derecha. La persistencia de altas cotas de popularidad de Trump o la posible elección de Bolsonaro en Brasil indican que estamos ante una vasta oleada reaccionaria. Una oleada que se ha ido gestando en las contradicciones y los estragos sociales de una globalización des-regulada, y que afecta a las viejas metrópolis industriales como a las potencias emergentes.

Sería erróneo considerar los acontecimientos internacionales como un “contexto”, como un entorno con mayor o menor incidencia en los asuntos locales. En una realidad global tan estrechamente conectada, es más exacto considerar los acontecimientos nacionales como las manifestaciones singulares, específicas, de las grandes tendencias mundiales. Hay datos concretos, propios de la coyuntura de nuestro país, que entrelazarán los debates municipales de la próxima primavera con las cuestiones nacionales y con el devenir europeo. El hecho de que Oriol Junqueras encabece la candidatura de ERC al Parlamento europeo, con la carga emocional que supone su encarcelamiento, puede tener una considerable fuerza de arrastre en el plano local. En cualquier caso, esa candidatura “europeiza” las elecciones municipales. Como, a su manera, lo hace también Manuel Valls, al postular a un ex-primer ministro francés a la alcaldía de Barcelona.

Pero, más allá de esos elementos, la relación entre los distintos planos se ha tornado muy intensa. Y eso tiene una base objetiva. Cuanto más ha avanzado el “procés” catalán, más se ha ido configurando como el movimiento secesionista de las clases medias de una región europea rica, que caen en la ilusión de que les iría mejor separándose de la “España subsidiada”. El conocido “España nos roba” reproducía como un eco el “Roma ladrona” de la Liga Norte italiana, del mismo modo que el mito de los 16.000 millones de déficit fiscal se corresponden con aquellos 350 millones de libras que, supuestamente, la UE succionaba cada semana a Gran Bretaña y que se convirtieron en una de las mentiras más eficaces de la campaña del “Brexit”.

Naturalmente, en el movimiento independentista coexisten – cada vez con mayor dificultad por cuanto a su representación política se refiere – muchas ideas y sensibilidades. Y no pocas atribuyen a ese movimiento potencialidades progresistas. Sin embargo, cuando el independentismo quiso definir una República el 7 de septiembre de 2017, esbozó un régimen autoritario y populista, con el poder judicial sometido al gobierno y la futura representación constituyente de la ciudadanía encorsetada por una expresión previamente establecida de “los designios del pueblo”. Y cuando los partidos independentistas pensaron en cómo sostener esa hipotética República, que difícilmente iba a encajar en los estándares europeos… concibieron transformar Catalunya en un paraíso fiscal. “Andorra con vistas al mar, ése es su proyecto”, dijimos en alguna ocasión desde el grupo parlamentario de CSQP. Del mismo modo que, al discutir ciertas leyes, como la referida a una Agencia Catalana de Protección Social, advertimos de que la ruptura del sistema único de pensiones sólo podía llevar a una competición, a la baja en prestaciones, entre la clase trabajadora del nuevo Estado y su homóloga española.

¿Por qué surgían esas ideas retrógradas en el independentismo? Evidentemente, una parte de sus dirigentes, vinculados a determinados negocios poco dependientes del mercado español o aspirantes a devenir testaferros de grades operaciones especulativas, podía identificarse con aquel esbozo de un pequeño Estado parásito, incrustado en los intersticios del sistema financiero mundial. Una hipótesis difícilmente compatible con una democracia representativa plena y con la preservación de los derechos sociales. Desde ese puno de vista, había una lógica interna entre la ensoñación del paraíso fiscal y el régimen esbozado el 7 de septiembre – un “no Estado de Derecho”, proclive a constreñir la lucha de clases.

Pero, más allá del atractivo que semejante perspectiva pudiera ejercer sobre determinadas élites procesistas – y por encima de los deseos los sectores de izquierdas del independentismo – eran las poderosas fuerzas de la globalización las que dominaban el imaginario y dibujaban los inquietantes contornos de esa República. En un compendio de artículos recientes, el economista crítico Thomas Piketty (“Ciudadanos, a las urnas!”. Siglo XXI editores) evoca una situación, vivida hace algún tiempo por Francia, que guarda muchas similitudes con nuestro actual debate acerca de la venta de armas a la sanguinaria monarquía saudí. “Fue necesario que miles de personas murieran en Ucrania y que pasaran meses de titubeos culposos para que Francia, finalmente, accediera a suspender de manera provisional sus envíos de armas a Rusia. Todo esto con tal de vender fragatas que representan apenas un poco más de 1.000 millones de euros…”.

Un comercio que Piketty considera inaceptable en términos humanos y geopolíticos, pero que le lleva a esta significativa reflexión: “En la nueva economía-mundo, el costo de ser un país pequeño se ha vuelto exorbitante: terminamos por aceptar cosas cada vez más inaceptables que contradicen nuestros valores. Con tal de arañar algunos millones de la exportación, venderíamos lo que fuese a quien fuese. Estamos dispuestos a ser un paraíso fiscal, reducir los impuestos a multinacionales y oligarcas antes que a las clases medias y populares, aliarnos con emiratos árabes… Todos los países europeos, incluidos Francia y Alemania, se verán cada vez más en la situación de países minúsculos, listos para padecer y sacrificarlo todo.”

Francia y Alemania, “países minúsculos”… ¿Qué sería entonces de una República Catalana que nacería endeudada, con una hacienda propia por construir y necesitada de financiación? ¿Qué otro camino le quedaría sino el recurso al dumping social y la entrega más absoluta al dictado de los mercados? Lejos de alcanzar una mítica soberanía nacional, esa independencia tendría todos los números para convertirse en la antesala de una redoblada esclavitud para la mayoría social del país.

El proyecto de una izquierda transformadora, no sólo no puede mostrar connivencia alguna con la idea de una secesión territorial, sino que debería ser capaz de oponer a semejante aventura una alternativa democrática, basada en la cooperación y la fraternidad. Por ese camino iban los debates y reflexiones que, el pasado 6 de octubre, fluyeron en el multitudinario encuentro de l’Hospitalet – “Por una España federal en una Europa federal” – organizado por Federalistes d’Esquerres.

Europa. Ahí está la clave de toda perspectiva progresista. Sólo una mayor integración, cooperativa y solidaria, de las economías y recursos de los distintos países puede constituir un polo sólido y una gobernanza a la altura del potencial que acumulan las grandes corporaciones industriales y financieras. Sin un salto adelante de la Unión Europea en ese sentido, será imposible siquiera que los Estados miembro sostengan sus modelos de bienestar frente a la presión competitiva americana y asiática. “Sin una refundación social y democrática radical – insiste Piketty – la construcción europea va a ser cada vez menos defendible ante las clases populares”.

Y es que la gestión tecnocrática de la crisis financiera de 2008 por parte de las altas instancias comunitarias, imponiendo unas políticas de austeridad que sumieron a los países del sur de Europa en una recesión dolorosa y prolongada, ha pesado – ¡y mucho! – en la eclosión de los movimientos populistas. En estos años, por ejemplo, Italia dedicaba casi el 6% de su PIB a pagar intereses de su deuda, cuando invertía apenas un 1% en universidades. No es de extrañar que prendan en la opinión pública los discursos demagogos de un Salvini, denunciando “la insensibilidad de las élites europeas hacia los italianos”… al tiempo que dirige su ira contra la población más vulnerable e indefensa, los inmigrantes. “Las instituciones europeas, proclives al principio de una competencia cada vez más pura y perfecta entre territorios y países, sin base fiscal y social común, reforzaron estas tendencias”.

La izquierda no podrá hacer frente a las crisis nacionales al margen de un proyecto europeo. Y si, en torno a ese proyecto, no agrupa sus fuerzas a nivel internacional. Como no podía ser de otro modo, son las corrientes federalistas, españolas y europeas, las que están empezando a explorar ese camino. Las elecciones de la próxima primavera adquieren en ese sentido una importancia crucial. Hay que debatir sin miedo. ¿Cuál debería ser la perspectiva? El mismo Piketty lleva tiempo insistiendo en la idea de una cámara parlamentaria de los países de la zona euro, basada en una representación proporcional de sus espectros políticos nacionales, pero con una capacidad legislativa no subordinada a la regla de la unanimidad para establecer una fiscalidad armonizada y disponer de un presupuesto ambicioso dedicado a la educación y las inversiones en infraestructuras o servicios públicos. ¿Es factible en estos momentos tal propuesta? ¿Es la más idónea? ¿Es posible hacer ver a Alemania que una oleada de euroescepticismo triunfante acabaría socavando su economía y precipitándola en una crisis? En cualquier caso, resulta evidente que sostener una moneda única sobre 19 deudas públicas distintas, 19 tasas de interés dispares e impuestos a las empresas también diferentes, genera enormes distorsiones y acabará resultando inviable. Un avance en la integración europea requiere acabar con las zonas de opacidad financiera, con la elusión fiscal de las grandes corporaciones… y requiere ámbitos transparentes de decisión democrática – entre otras cosas para poder abordar una solución concertada a la asfixia de la deuda. ¿Sería quizás más factible empezar por una revisión de los tratados? ¿Dar prioridad a determinadas directivas de protección de derechos sociales y laborales? ¿Hay que replantear los grandes acuerdos comerciales con cláusulas que permitan luchar efectivamente contra el dumping fiscal y medioambiental? Es imperativo que las poblaciones perciban en sus vidas la acción positiva de la Unión, si queremos contener la demagogia y evitar la decadencia – o el colapso – de la construcción europea.

El desafío es enorme. La izquierda debe aunar fuerzas para cambiar Europa… si no quiere sucumbir en cada país, cediendo incluso ante los cantos de sirena del populismo xenófobo. “Hoy en día – advierte Pikettyla acción de las fuerzas nacionalistas podría desembocar en un retorno a las monedas nacionales y la inflación, lo que propiciaría ciertas redistribuciones más o menos caóticas, a expensas de una violenta y angustiosa tensión social y de una etnicización del conflicto político. Frente a ese mortífero riesgo, al cual conduce el statu quo actual, sólo queda una solución: trazar una vía democrática que permita salir de este atolladero y, dentro del marco del estado de derecho, organizar las redistribuciones necesarias”.

He aquí la disyuntiva. El enemigo está a las puertas.

Lluís Rabell (10/10/2018)

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