Uno de los peores errores que pueden cometerse en política es elevar una propuesta, válida en determinadas circunstancias, al nivel de categoría absoluta, haciendo de ella una solución mágica y una suerte de camino obligado. En otras palabras, transformarla en un fetiche. Algo de eso viene ocurriendo con la idea de un referéndum como vía de salida a la crisis territorial planteada desde Catalunya. Que se me permita una breve reflexión al respecto.

Durante la pasada legislatura catalana, fui sin duda uno de los responsables políticos que con mayor insistencia defendió esa propuesta. Hoy, no lo haría en absoluto del mismo modo. No porque haya modificado mis convicciones acerca de cuál sería, al cabo, la solución idónea para la “cuestión catalana” – que, a mi entender, pasa por una reforma federal de España -, sino porque los acontecimientos del pasado otoño no han sucedido en vano. El momento político ha cambiado.

En realidad, cuando desde el grupo parlamentario de CSQP defendíamos la idea de un referéndum acordado con el Estado, lo hacíamos en contraposición a la vía unilateral por la que se iba deslizando la mayoría independentista. Esa vía, decíamos, sólo podía llevar a un callejón sin salida. Una convocatoria unilateral, al tiempo que ilegal y por el hecho mismo de serlo, no interpelaría al conjunto de la ciudadanía, ni podría concitar reconocimiento alguno. Lejos de encerrarnos en un “no” a las aspiraciones de toda una parte de la sociedad catalana, nuestra propuesta esbozaba una senda transitable, basada en la negociación, por donde podían discurrir las energías desatadas por el “procés”. Ese fue el caso cuando, en solitario, el 9-N de 2015 opusimos una resolución que reclamaba una consulta legal a la célebre “resolución de desconexión” de JxSí y la CUP, que acabaría determinando el rumbo de aquella accidentada legislatura.

Un año más tarde, negociamos directamente con el President Puigdemont una resolución a favor del referéndum pactado – resolución que fue finalmente adoptada por el Parlamento en su debate de política general, que nunca fue impugnada ante el TC y que sirvió de base para la constitución de un efímero Pacto Nacional con partidos, sindicatos, colectivos profesionales y un amplio abanico de representantes de la sociedad civil catalana. Meses después pactamos en condiciones similares otra resolución, igualmente adoptada por el Parlament, en virtud de la cual la convocatoria de un referéndum debía atenerse a los parámetros establecidos por la Comisión de Venecia – organismo consultivo dependiente del Consejo de Europa – para homologar una consulta. Vale la pena recordar que la primera exigencia que formula dicha comisión es que… la convocatoria se realice en el marco del ordenamiento jurídico vigente.

En todas esa ocasiones, éramos conscientes – y así lo explicitamos públicamente – de estar brindando una “pista de aterrizaje” al independentismo. Éste corría ya hacia el abismo, pero aún no había cruzado el Rubicón, como ocurrió en las aciagas jornadas del 6 y 7 de septiembre de 2017. Como no nos cansamos de repetir, no queríamos que las enormes ilusiones generadas por el “procés”, que habían movilizado a dos millones de personas – singularmente, entre las clases medias -, condujese a un choque frontal, condenado de antemano al fracaso, con el Estado. Intuíamos que el resultado de esa colisión sería una fractura profunda en el seno de la sociedad. Y su legado, un pósito de amargura y frustración, que acentuaría las tendencias más retrógradas, nacionalistas y excluyentes del movimiento… alentando a su vez una reacción identitaria en sentido opuesto en los barrios metropolitanos y en toda España. Los acontecimientos más recientes han confirmado con creces esos temores.

La propuesta de un referéndum pactado tenía sentido cuando la pelota aún estaba en el tejado, cuando la suerte de la legislatura aún estaba en disputa. La idea funcionaba, de hecho, como uno de esos “significantes vacíos” tan apreciados por los seguidores de Ernesto Laclau. La formulación era genérica, cada cual le daba un sentido particular… Pero permitía que esa disparidad, en vez de dar lugar a lugar a un empate infinito, discurriese, debatiendo, por un camino transitable. Un camino que, en la medida en que soslayaba el enfrentamiento con el Estado, ofrecía una doble ventaja: evitaba la fractura interna en Catalunya, al tiempo que favorecía el diálogo y a la búsqueda de complicidades de la sociedad civil con las fuerzas progresistas españolas. Importaba mucho menos la concreción final del referéndum, cuándo y en qué términos podría producirse – eso quedaba muy abierto – que la singladura que se pretendía emprender.

Sin pasar por una reforma constitucional, la única posibilidad era la de una consulta no vinculante. Pero, esa opción brindaba un amplio margen de discusión. Podía imaginarse, por ejemplo, un pacto de claridad sobre la lectura política que se hiciese desde las instituciones de aquella expresión del sentir ciudadano a partir de determinados porcentajes de participación o del requerimiento de mayorías reforzadas. Podía imaginarse una discusión sobre la pregunta. Algunos pensábamos incluso que, a aquellas alturas de la crisis política, no procedía ya formular una pregunta en términos binarios (independencia sí o no), sino que lo más sensato era consultar a la ciudadanía sobre el alcance de una reforma constitucional promovida por el Parlament de Catalunya. En pocas palabras: en el cajón de sastre del “referéndum pactado” cabían muchas cosas. Esa era su virtud: ni bloquear la situación, ni tratar de resolver en nuestras cabezas lo que había que resolver en la vida. Se trataba de echar a andar por un camino en el que iríamos construyendo la solución.

Pero un referéndum no era, ni puede ser, en si mismo, una solución a un conflicto planteado en una sociedad dividida, con fuertes elementos de identidad en juego y una enorme carga emocional de por medio. El valor y la operatividad de la propuesta – como salida, como perspectiva aceptable por una mayoría transversal, no como solución – depende de las la lucha política y de las correlaciones de fuerzas que acaben estableciéndose. Coincidimos con el independentismo en un Pacto Nacional por el Referéndum durante unos pocos meses. La pretensión de las fuerzas independentistas, visible desde las primeras reuniones del Pacto, era argüir el rechazo a cualquier diálogo por parte de Rajoy para legitimar la fuga hacia adelante que tenía en mente y que nos llevaría hasta el 1-O. La nuestra era retener a las fuerzas independentistas en el marco de una amplia deliberación sobre la crisis territorial que alcanzase al conjunto de la sociedad española. Que eso funcionase dependía de una musculatura que nuestro espacio político no tenía. No éramos tan ingenuos como para ignorar esa evidencia. Sin embargo, la propuesta era valiosa en aquellos momentos para indicar una alternativa democrática la aventura unilateral. Con ello, delimitábamos también un espacio de izquierdas independiente, evitando su captura por la fuerza gravitatoria de uno u otro de los dos bloques enfrentados en el Parlament.

Pero las potencialidades de aquella perspectiva han dejado de ser tales tras la secuencia de acontecimientos del pasado otoño. La división de la sociedad se ha ahondado y cristalizado. Entre el 1-O y las elecciones del 21 de diciembre, nos hemos “contado” varias veces. La sociedad está polarizada y partida en dos mitades. En tales condiciones, sólo son imaginables victorias por escaso margen, en un sentido o en otro, que no permitirían implementar ninguna salida estable y asentada sobre un consenso social suficiente. En las condiciones en que nosotros defendíamos la perspectiva de un referéndum pactado, se trataba de dar una oportunidad a la política, a la negociación y al pacto. Insistir en ello ahora tiene, por el contrario, mucho de concesión a la atmósfera populista reinante: que la calle resuelva lo que las fuerzas políticas no han sabido solventar. La idea de que “el pueblo manda y nosotros – gobiernos, partidos, políticos… – obedecemos” ha perdido su sentido progresista; es decir, el de una ciudadanía más politizada y con mayor incidencia en los asuntos públicos. Ahora se trata más bien de una actitud de dimisión, de un gesto de impotencia por parte de las direcciones políticas, de la idealización de las vías plebiscitarias ante la crisis de la democracia representativa.

En estos momentos, lo más apremiante es descongestionar una situación endiabladamente difícil, envenenada por el encarcelamiento de los líderes independentistas. Hay que empezar por revertir los estropicios de la etapa anterior antes de poder discutir serenamente posibles soluciones al conflicto… Soluciones que, una vez construidas, efectivamente, el pueblo tendrá que refrendar en las urnas. Pero hay mucho camino por andar antes de llegar a ese estadio. En resumen: antes del 1-O, la idea de un referéndum pactado podía actuar como un freno al “tenim pressa” (tenemos prisa) del independentismo – aunque ya se comprobó que ni teníamos, ni pudimos concitar fuerzas suficientes para que así fuera. Hoy, sin embargo, la evocación a destiempo de un referéndum facilita que los partidos independentistas difieran el balance del fracaso de la vía unilateral y recompongan el relato de un proceso a ninguna parte. El colapso del Parlament así lo atestigua. No pongamos la carreta delante de los bueyes. El tiempo sigue siendo la materia prima de la política.

Lluís Rabell (3/10/2018)