El semblante actual de las democracias liberales no es el resultado de una evolución natural de los Estados, sino el producto de luchas históricas de los movimientos sociales, de las mujeres y, singularmente, del movimiento obrero. Ni el paso del voto censitario al sufragio universal fue espontáneo, ni el abanico de libertades y derechos sociales que, para las nuevas generaciones, parece formar parte del paisaje de las metrópolis occidentales, estuvo siempre ahí. Ni nada que no sea el apego de la sociedad a esas conquistas y su defensa consciente garantiza que vayan a perdurar.

               El ascenso de los movimientos de extrema derecha en medio de un clima general de incertidumbre así lo pone de manifiesto. Podríamos decir que la amenaza que esas fuerzas representan para las libertades tiene su “termómetro”, no sólo en su discurso de tintes racistas contra la emigración, sino muy concretamente en el acoso de que devienen objeto los sindicatos de clase cuando los partidos ultras alcanzan el poder. No hay nada de sorprendente en ello. Más allá de la demagogia populista acerca de los derechos sociales – que querrían reservar a los trabajadores “nacionales” -, los partidos de extrema derecha son genuinos representantes de los intereses del gran capital. Solo hay que ver qué candidatos propulsan los tecno-oligarcas como Elon Musk… o constatar, ante la proximidad de las elecciones presidenciales en Francia, las indisimuladas simpatías de la patronal por la oferta del Reagrupamiento Nacional.

               De Francia nos llega justamente una alerta al respecto, a partir del estudio realizado por las fundaciones Jean Jaurès y Friedrich Ebert sobre las medidas antisindicales que han ido desplegando a lo largo de estos últimos años gobiernos de extrema derecha en distintos países. No se trata de un tema menor. Décadas de políticas neoliberales y el impacto de la crisis financiera de 2008, mermaron las bases tradicionales del sindicalismo obrero en un largo proceso de deslocalizaciones y desindustrialización. Una tendencia que, de no revertirse, haría, por ejemplo, que Francia llegase antes de dos años al nivel más bajo de empleo industrial de su historia. El debilitamiento del movimiento obrero organizado, de sus partidos y sindicatos, constituye un factor primordial de desestabilización de la democracia.

               El desafío del sindicalismo es enorme: debe tratar de reagrupar a una clase trabajadora dispersa, precarizada, multicultural y multiétnica, y con una escasa conciencia de pertenencia colectiva. Pero, a pesar de todas sus limitaciones, el sindicalismo conserva un potencial nada desdeñable. Conscientes de esa atomización, nuevas generaciones de cuadros sindicales amplían el horizonte de su acción más allá de los límites de los centros de trabajo – que, por sí mismos, no puede cumplir la función socializadora de las antiguas concentraciones fabriles -, y se sitúan en primera línea de la defensa de los servicios públicos, la ampliación de los derechos civiles o la acogida de las nuevas migraciones.

               No es de extrañar, pues, que los sindicatos estén en el punto de mira de una extrema derecha cuyos progresos son directamente proporcionales al nivel de desagregación y zozobra que impere en la sociedad. Como lo demuestran el estudio y la crónica que reproducimos a continuación, las estrategias que los gobiernos de extrema derecha despliegan contra los sindicatos varían según los países, pero convergen en un mismo objetivo: mermar su influencia, su representatividad, su capacidad de impulsar la acción colectiva, auténtica forja de la conciencia de clase. No es exagerado decir que esta pelea, sorda y soterrada, que no genera grandes titulares de prensa, es sin embargo una de las más decisivas del convulso período histórico en el que nos adentramos. Tanto es así que los propios sindicatos no sólo son sujetos de la lucha de clases, sino que sus organizaciones se convierten asimismo en terreno de disputa con la penetración de los cantos de sirena populistas en sus filas. La experiencia del país vecino da cuenta de ello.

               Ni que decir tiene que la izquierda política debe hacer bandera de la defensa más intransigente de los derechos y prerrogativas sindicales. Por su parte, desde su registro autónomo, propio de organizaciones que aspiran a agrupar a una clase más diversa que nunca, estarán cada vez más llamados también a hacer política. Ni la amenaza autoritaria, ni el curso de los acontecimientos permitirán neutralidad, inhibición y – ¡aún menos! – repliegues corporativistas. En un ejemplo de buen hacer, CCOO tomaba centralmente posición, desde principios de agosto, ante la grave crisis de Ceuta mediante una declaración que concluía con estas premonitorias palabras: “Apelamos al mínimo resquicio de sentido de Estado que pueda quedar en los partidos que han decidido hacer de la inmigración el principal campo de batalla político en nuestro país, y también en los de nuestro entorno. Si ya cuando hablamos de políticas migratorias convencionales es una cuestión delicada e inflamable si se aborda desde la demagogia y el oportunismo, cuando se cruzan dinámicas e intereses geopolíticos en los que intervienen agentes externos, este riesgo se multiplica. A diferencia de otras cuestiones, más fácilmente reconducibles, las rupturas y brechas sociales en un tema como este, tienen difícil recomposición. Y un país que necesariamente va a tener que convivir con importantes flujos migratorios, no puede envenenarse civilmente por la cuestión migratoria. El riesgo de quiebra de la convivencia trascenderá de ciclos políticos.”

Más que nunca, la izquierda necesita aferrarse a su brújula de clase, defendiendo todos aquellos logros que la constituye como tal. Y en un lugar destacado a los propios sindicatos.

               Lluís Rabell

               30/08/2026

Los sindicatos tratan de movilizarse contra el RN

               La amenaza ya no tiene nada de teórica. A medida que el Reagrupamiento Nacional (RN) sigue encabezando las encuestas, los sindicatos se preparan para hacer frente al peligro que representa, para ellos, la llegada de la extrema derecha al poder. Después de que varios países occidentales hayan basculado en ese sentido a lo largo de los últimos años, las organizaciones sindicales están en condiciones de hacerse una idea bastante exacta de lo que les esperaría si Marine Le Pen accediese al Elíseo en 2027.

               Una nota conjunta de la Fundación Jean Jaurès y de su homóloga alemana, la Fundación Friedrich Ebert, publicada y remitida a las confederaciones a finales de julio, hace un balance de la acción desarrollada por los gobiernos de Estados Unidos, Hungría e Italia en relación con las organizaciones sindicales. “En los Estados donde la extrema derecha ha tomado las riendas del poder, la amenaza que pesa sobre los sindicatos ha dejado de ser un debate, como todavía ocurre en Francia o Alemania”, afirman Jean Grosset, asesor especial del presidente de la Fundación Jean Jaurès, y Adrienne Woltersdorf, directora de la Fundación Friedrich Ebert en Francia. Pues, en efecto, en esos países se ha convertido ya en “una realidad concreta y brutal”, prosiguen, frente a la cual “el sindicalismo, desde la posición que ocupa en Francia, en Alemania y en toda Europa, no puede permanecer neutral.”

               Un texto que sirve de advertencia acerca de los peligros que supondría la elección de Marine Le Pen, poniendo de relieve una enseñanza: el debilitamiento sindical no pasa necesariamente por una prohibición o un ataque frontal. Antes bien, resulta de una acumulación de medidas que impactan en la representatividad, la financiación, el derecho de huelga y el acceso al debate público. Los autores evocan una “lógica acumulativa” que conduce a un “retroceso severo y global de los derechos y libertades sindicales.” En todas partes, la negociación colectiva sufre las consecuencias de todo ello.

               Hungría, donde el antiguo primer ministro Viktor Orban se hizo de nuevo con el poder en 2010, es el país donde ese proceso ha sido más prolongado. El código del trabajo adoptado en 2012 redujo considerablemente las prerrogativas sindicales en el seno de las empresas. La financiación sindical se vio igualmente afectada con la supresión de las subvenciones estatales en 2011 y 2012. En Francia, no en vano los dirigentes de la CFDT han tratado de aumentar el montante de las cotizaciones de sus adherentes a fin de ser menos dependientes del Estado – una medida que fue rechazada en su congreso de junio.

               En Italia, la estrategia del gobierno de Giorgia Meloni es menos frontal. Desde sus inicios, en octubre de 2022, busca principalmente, según la nota, “reducir la influencia de los principales sindicatos” abriendo “los espacios de diálogo social a organizaciones carentes de una representatividad real” al tiempo que, formalmente, se mantiene la arquitectura de las relaciones profesionales.

               En Estados Unidos, la ofensiva de Donald Trump se materializa a través de decisiones directas contra los sindicatos del sector público y las instituciones encargadas de garantizar los derechos colectivos. Una serie de decretos ejecutivos ha privado a más de un millón de funcionarios federales de su derecho a la negociación colectiva. “Algunas agencias federales han ido incluso más lejos, anulando convenios que ya habían sido firmados con los sindicatos”, precisa la nota.

               No es ninguna sorpresa: el derecho de huelga, poderosa herramienta de acción sindical, está también en la diana de los gobiernos de extrema derecha. En Italia, la noción de “servicio esencial” ha sido ampliada, extendiendo las obligaciones de servicios mínimos y los plazos de preaviso. Por otra parte, algunas formas de acción han sido transformadas en infracciones penales; por ejemplo, las ocupaciones de fábrica y los bloqueos de carreteras. Viktor Orban ya reformó el derecho de huelga en 2010, ampliando el campo de los movimientos considerados como ilegales, y unas reglas más complejas disuaden de recurrir a ella.

“Solos, no lo conseguiremos”

                Desde hace varios años, los sindicatos franceses reflexionan sobre la manera de prepararse ante la eventualidad de una llegada al poder de la extrema derecha. Pero, a menos de un año de la elección presidencial, la cuestión adquiere una renovada urgencia. “Tenemos ocho meses para impedir la llegada al poder del RN. Es nuestra prioridad. Porque, como lo demuestra el informe, sabemos cuáles pueden ser los ataques contra la democracia, tanto en los centros de trabajo como fuera, explica Nathalie Bazire, secretaria confederal de la CGT. Nosotros solos no lo conseguiremos. Pero la CGT debe estar en el centro de la batalla, como lo estuvo en 2024 para impedir la llegada de Bardella a Matignon.”

               Para Yvan Ricordeau, secretario general adjunto de la CFDT, el documento no hace sino confirmar una alerta conocida. “Este estudio constituye una demostración suplementaria de lo que venimos diciendo desde hace tiempo acerca de la amenaza de la extrema derecha y su estrategia de reducción del derecho sindical y las libertades fundamentales”. Como todos los componentes de la sociedad, las organizaciones sindicales no son impermeables al avance del RN. De manera sorda, la marea sube entre los trabajadores, sindicados o no, seducidos por el discurso social de fachada que practica el partido de Marine Le Pen.

               Las confederaciones ya se han visto confrontadas a situaciones en las que algunos de sus miembros se han presentado bajo la bandera de la extrema derecha. Con ocasión de las elecciones legislativas de 2024, la CFDT y la CGT, las centrales más firmes sobre este tema, excluyeron a varios de sus adherentes identificados como candidatos o suplentes en las listas del partido de Marine Le Pen. Una acción decidida que funcionó relativamente bien por cuanto se refiere a la cara visible. Sin embargo, sigue siendo complicado convencer a los asalariados que se muestran sensibles a las tesis de la extrema derecha. “Debemos ser capaces de demostrar que la extrema derecha representa un peligro para las libertades fundamentales. En Francia, el contrato social constituye el cimiento de nuestra sociedad, y necesariamente lo atacarán”, advierte Yvan Ricordeau.

               Los sindicatos, con la CFDT y la CGT al frente, se organizan, pues, para sensibilizar a los trabajadores. “La prioridad consiste en poner en primer plano las luchas sociales, multiplicándolas, para sensibilizar y desenmascarar la impostura social del RN y sus aliados, avanza Nathalie Bazire. Hay que demostrar que los temas que importan al mundo del trabajo no son una prioridad para la extrema derecha: los salarios, los servicios públicos y la protección social.”

               Para Yvan Ricordeau, esta nueva nota es un “argumento suplementario para explicar a los trabajadores los peligros de la extrema derecha”. La CFDT utilizará este documento “en las sesiones de formación de los equipos sindicales y en la información difundida en los centros de trabajo”, precisa.

               Dada la progresiva implantación del RN en el país, los sindicatos no parten de cero: pueden referirse a la experiencia de los municipios que han ido cayendo en manos de ese partido. Intento de prohibición de la fiesta de la CGT en Saint-Avold (Mosela) el pasado mes de mayo, cancelación del acceso a locales municipales para distintas organizaciones en Carcasona, supresión de la manifestación del 1 de Mayo en Grenay (Paso de Calais)… En los municipios dirigidos por la extrema derecha, los ataques dirigidos contra los sindicatos se han multiplicado estos últimos meses. “Conocemos su modus operandi, tenemos la experiencia de los comicios municipales, señala Nathalie Bazire. El método que emplean es el mismo en el plano local que a nivel internacional. Se trata de una amenaza para las libertades democráticas en su conjunto, para las reivindicaciones, y no solo para los sindicatos.”

               Thibaud Métais

               (“Le Monde”, 25/08/2026. Traducción: Lluís Rabell)