Están a punto de cumplirse diez años de la celebración del referéndum que decidió la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Y el balance del brexit no podría ser más lamentable. No sólo no se ha cumplido ninguna de las expectativas de prosperidad y grandeza que auguraban los promotores de la ruptura, sino que la situación del país ha empeorado en todos los frentes. El PIB registra una caída que se sitúa entre el 6% y el 8%. La inversión, una pérdida del orden del 12% al 18%. La productividad, una disminución del 5%. Y las exportaciones a la UE, un 14%. El impacto de todo ello sobre la vida social tiene enormes consecuencias y genera un clima de creciente irritación entre la población. 6,5 millones de británicos cobran el paro. Un millón de jóvenes ni trabaja ni estudia. Los servicios públicos están desbordados. Y, si bien el brexit ponía fin a la libre circulación de los ciudadanos europeos y prometía frenar la inmigración, lo cierto es que ésta no ha dejado de crecer – principalmente, a partir de los países de la Commonwealth.

               Recientes encuestas de opinión indican que un 57% de los británicos admite que el brexit fue un error, y un 67% sería incluso partidario de volver a la UE. El sentimiento europeísta está muy arraigado entre la juventud. Andy Burnham, que acaba de ganar su escaño parlamentario en la otrora industrial y hoy deprimida circunscripción de Makerfield y se dispone a arrebatar el liderazgo del Labor a Keir Starmer, se sitúa sin duda en esa órbita. No obstante, ni él ni nadie llama a desandar el tortuoso camino hacia ninguna parte, recorrido durante estos años. Nadie se atreve a proponer un giro decidido hacia Europa, más allá de mesurados acercamientos diplomáticos y comerciales. ¿Cómo explicar esa paradoja?

“Al mismo tiempo que una amplia mayoría lamenta el voto de 2016 a favor del brexit – escribe el analista Philippe Bernard en las páginas de “Le Monde” -, el más radical promotor del divorcio con la UE, el líder de la extrema derecha Nigel Farage, está a las puertas del poder.” La amargura ante el fracaso recubre, en efecto, distintas percepciones de la realidad. “Casi la mitad del electorado, un 46%, (…) estima que el brexit hubiese podido funcionar bien, pero los políticos lo han gestionado mal. Resultado: la mitad de los electores favorables al brexit de 2026 vota ahora por el partido de Farage, reprochando a los conservadores, en el poder desde 2026 hasta 2024, no haber sido capaces de terminar el trabajo.” En otras palabras, “ese descontento alimenta el ascenso de un nacionalismo identitario, específicamente inglés y blanco, que se expresa a través de violentas manifestaciones xenófobas y anti musulmanas. Concretamente, las que organiza el neofascista Tommy Robinson. (…) Los extranjeros han substituido a Europa como chivo expiatorio para desviar la cólera social provocada por el aumento de las desigualdades y de la precariedad, la inflación y la degradación de la sanidad pública.”

He aquí un fenómeno que podemos entender muy bien desde Catalunya. El “procés” se inscribió en la oleada de movimientos populistas que empezó a recorrer el mundo a lo largo de la década anterior. Las clases medias del país, en plena desazón tras la crisis financiera y vislumbrando su propia decadencia, se aferraron a la ilusión de la independencia, creyendo que podría irles mejor si rompían con España. En realidad, en un mundo altamente polarizado y en plena reconfiguración geoestratégica, la soberanía de las pequeñas naciones se reduce a la libertad de escoger el amo al cual servir. En cualquier caso, el fracaso del amago secesionista ha dejado un pósito de frustración y resentimiento en una franja de la población que creyó en aquel espejismo… y cuya angustia ante la incertidumbre que nos envuelve no ha disminuido, sino todo lo contrario. Hoy, la extrema derecha xenófoba – Aliança Catalana – gana predicamento entre el electorado tradicional de la derecha nacionalista. Y amenaza con morder en segmentos de las clases populares, inquietos ante el fuerte incremento de la población extranjera en los últimos años, percibida como la causa de las dificultades de unos servicios públicos que sufrieron en su día recortes y desinversión. Aquí también, un chivo expiatorio ocupa el lugar de otro: la lucha contra España no está a la orden del día; pero una identidad exaltada, étnica y culturalmente definida por sus orígenes, puede afirmarse como un refugio.

Incluso en la crisis abierta en el modelo educativo y las airadas protestas del profesorado de estos últimos meses puede reconocerse un eco tardío del “procés”. Un sector del cuerpo docente – que lo acompañó y llevó las urnas del 1-O a las escuelas -, ante las dificultades de adecuación del sistema a la nueva realidad del país, se revuelve contra “el gobierno del 155”. “Todo o nada”. Muy poco que ver con la cultura del sindicalismo de clase, que pelea, negocia, llega a acuerdos… y se hace cargo de la función social del servicio público frente a quienes sólo atienden al interés corporativo. Cuando el populismo naufraga, las corrientes arrastran el pecio hasta la playa. En ella se deposita el racismo desacomplejado que encarna el ascenso de la extrema derecha de Sílvia Orriols. Pero también los despojos de una “rauxa” impotente, característica de la mentalidad menestral, que ha marcado algunos episodios de la historia del nacionalismo catalán.

¿Estarían entonces nuestras sociedades condenadas a no poder salir de este bucle? ¿A pasar de la fiebre populista a la desesperanza y a gobiernos de sesgo autoritario liderados – o tutelados – por la ultraderecha? La amenaza es perceptible. Si en el Reino Unido las encuestas sonríen a los ultras, no son menos favorables en Francia al Reagrupamiento Nacional. Tras marear la perdiz durante un año, Feijoo ha “revelado” por fin lo que todo el mundo sabía ya: su proyecto pasa por una alianza con Vox y consagraría el principio de la “prioridad nacional”. Renegando de los valores democráticos sobre los que surgió el proyecto europeo, el Parlamento de Estrasburgo acaba de votar un política de internamiento de extranjeros en países terceros que escarnece el respeto a los derechos humanos. Sombrío panorama.

¿Nada que hacer, pues? Todo lo contrario. Es urgente y es posible reaccionar desde la izquierda. Pero se requiere hacerlo con una determinación a la altura del desafío social, medioambiental y democrático planteado. En su última columna de opinión, Thomas Piketty, ante la trascendencia de las próximas elecciones presidenciales francesas, plantea algunas propuestas que podrían servir de reflexión al conjunto del socialismo democrático europeo. “Francia tendrá que tomar decisiones de gran calado el año que viene. Por un lado, tenemos a una derecha nacionalista en pleno ascenso, cada vez más cercana al mundo de los negocios, y que pretende llegar al poder estigmatizando a la emigración y a los extranjeros. En su mochila, trae la propuesta de celebrar referéndums contra la inmigración que ‘devuelvan la palabra al pueblo’. Frente a eso, la izquierda tergiversa, vacila, se divide y tartamudea. Para clarificar su postura y unir sus fuerzas, la izquierda debería proponer la adopción, mediante un referéndum, de un impuesto de solidaridad nacional que gravase a los mil millonarios y a los cien mil millonarios. (…) La derecha quiere que el pueblo tome la palabra acerca de la identidad y la inmigración. La izquierda debería hacer lo mismo, pero situándose en el terreno de la solidaridad y la justicia. Y mostrando de paso que el discurso del RN no es más que un disfraz para desviar la cólera social contra los emigrantes y proteger a los más ricos.”

Como bien recuerda el economista francés, no sería la primera vez que, en un momento crítico, se exige un esfuerzo tributario excepcional a las clases pudientes. De hecho, la propuesta de Piketty se inspira en lo que fue el impuesto de solidaridad nacional adoptado en 1945, tras la Liberación. Y no fue aquella la única experiencia europea en ese sentido: el Lastenausgleich, aplicado en Alemania en 1952, supuso una imposición excepcional sobre los patrimonios más altos del país, cuyos ingresos representaban un 60% del PIB en aquellos años. La propuesta de Piketty resulta incluso más moderada. Se trataría, en primer lugar, de fijar un impuesto excepcional, a un tipo del 50%, sobre los enriquecimientos superiores a los 100 millones de euros entre 2017 y 2027. Y, luego, de instaurar un impuesto anual permanente al 5% sobre los patrimonios superiores a 100 millones y al 10% para aquellos que superasen los mil millones. Pero, más allá de su diseño fiscal, la fuerza de la propuesta reside en la capacidad de reorientar el debate público. La concentración de riqueza – y, con ella, de poder – en un reducido polo de la sociedad constituye una grave amenaza para la sociedad, para su progreso y su convivencia democrática.

Y es que urge proponer alternativa frente al agotamiento del neoliberalismo y la acometida contra el Estado del Bienestar. La transición hacia un nuevo modelo productivo justo y sostenible es impensable sin enfrentarse a la desigualdad, sin embridar el egoísmo de los ricos. Así pues, se trataría de captar los recursos necesarios para constituir “un fondo soberano que permitiese a los poderes públicos reorientar la inversión en función de las prioridades estratégicas del país (…). Sobre la base de esos nuevos activos, podría lanzarse un empréstito destinado a financiar un ambicioso plan en materia de formación, de investigación y salud. Se trata de un nuevo contrato social (…), opuesto al modelo que nos proponen los multimillonarios y los tecno-nacionalistas, que no tienen más proyecto que el de cubrir el mundo entero de centros de datos y enriquecerse cada vez más, sin la menor preocupación social o medioambiental.”

¿No es ése acaso el dilema que se plantea en todas partes, pero de forma especialmente aguda allí donde la burguesía local se incorporó a la globalización apostando por modelos de negocio basados en el turismo, la construcción – hoy varada – y los servicios? Albert Carreras, catedrático de la UPF, pone de relieve, en las páginas de la Revista Económica de Catalunya, “el bucle sin fin” que supone un modelo que requiere mucha mano de obra, pero con bajos salarios y escaso valor añadido. De tal modo que el PIB per cápita se incrementa merced al aumento de la ocupación, pero no de la productividad ni de los salarios reales. El propio modelo dibuja las líneas de la fractura social. “La especialización turística ha sido una mala apuesta, como lo fue abandonar sin alternativas el sector industrial”. “El exceso de turismo – escribe por su parte Marie Charrel – alimenta la subida de los alquileres y agudiza una crisis habitacional que penaliza duramente a las clases medias.” (“Le Monde”, 19/06/2026).

El gobierno de Pedro Sánchez se ha apoyado en los fondos europeos para empezar a revertir esa situación, apostando por las energías renovables y las nuevas factorías tecnológicas. La Generalitat busca también la diversificación, trata de reactivar polígonos industriales y captar inversión extranjera. Pero vencer las inercias requiere un sobreesfuerzo. Las disfunciones sistémicas cronifican las bolsas de pobreza y alimentan la desazón social sobre la que cabalga la extrema derecha. Y el tiempo puede echársenos encima. La ofensiva mediático-judicial para derribar al gobierno progresista esconde la pugna entre las dos tendencias socioeconómicas cuyo choque decidirá el semblante de Europa y el destino de las democracias. No lo perdamos de vista en medio del estrépito.

Lluís Rabell

22/06/2026