La imputación de Mónica Oltra por presunto encubrimiento de un delito de abusos a una menor, así como la posterior dimisión de todos sus cargos de la dirigente valenciana, han suscitado numerosas reacciones en el seno de la izquierda, sobre todo en el espacio de la izquierda alternativa. Estos días han abundado mensajes de solidaridad con la líder de Compromís poniendo de relieve su trayectoria política; ha habido discusiones sobre si es pertinente o no exigir una dimisión antes de la apertura de juicio oral… e incluso sospechas de encontrarnos ante una persecución orquestada por un aparato judicial al servicio de la extrema derecha. Esa profusión de mensajes y disquisiciones hace más llamativo aún el silencio sobre el origen de este asunto, la ausencia de toda referencia empática hacia la menor que fue víctima de abusos en 2017. Una niña reiteradamente abusada en un centro, bajo la tutela de la Generalitat, que tenía la responsabilidad de protegerla. La administración, no sólo no lo hizo, sino que desoyó las denuncias de la menor y las desacreditó, revictimizándola. Y al respecto no hay debates ni opiniones que valgan: los hechos fueron establecidos en sede judicial, y el abusador – por aquel entonces marido de Mónica Oltra – fue condenado a cinco años de cárcel. Sentencia firme. La instrucción en curso se deriva de aquella causa, y pretende esclarecer si hubo negligencias, encubrimiento o prevaricación por parte de quienes debían velar por el bienestar de la menor. Una izquierda consecuente debería ser la primera en ponerse al lado de la víctima y exigir que se haga toda la luz. Asumiendo, en un sentido o en otro, las implicaciones de la verdad. No he detectado en las reacciones a que me refería ese latido de solidaridad hacia los más débiles que, por encima de cualquier otra cosa, define a la izquierda. Creo que tenemos un problema.

            Por supuesto, está la presunción de inocencia. Lo que se ha comunicado en sede judicial a Mónica Oltra es su situación de investigada, al considerar jueces y fiscales que existen indicios de una posible actuación irregular. Estamos lejos aún del cierre de la instrucción y de la apertura de juicio oral, con acusaciones concretas y formalizadas. Todo podría concluir todavía en un archivo de la causa, en ausencia de elementos probatorios que pudiesen sustanciar dichos cargos. ¿Es exigible entonces la dimisión de un responsable político por el mero hecho de hallarse en situación de investigado? Hay que andarse con cuidado. Multitud de denuncias acaban archivadas por carecer de fundamento. Podemos, al igual que Ada Colau y su equipo municipal, han sido objeto de multitud de querellas torticeras, promovidas desde grupos mediáticos o empresariales adversos, cuya única pretensión era deteriorar su imagen ante la opinión pública. No cabe rendirse a semejante dinámica, perversa para la democracia política. Pero, hay que reconocer que, sin quererlo, la izquierda alternativa también ha contribuido a generar un clima favorable a esa utilización de la justicia. En los años en que los escándalos de corrupción del PP o de CiU alimentaban una oleada de indignación, los nuevos liderazgos alternativos pusieron el listón muy alto. El entusiasmo regenerativo llevó a proclamar – e incluso inscribir en los códigos éticos – la exigencia de renuncia a cualquier cargo en cuanto se produjera una imputación. La propia Mónica Oltra abanderó esa rigurosa actitud en las Cortes valencianas frente a Francisco Camps. La beligerancia contra la corrupción derivó en algunos casos en un enfoque franciscano de las retribuciones de los cargos electos. La pobreza casi se convirtió en una virtud. Algo que poco tenía que ver con la tradición del movimiento obrero, que no combate la riqueza, sino la pobreza, incidiendo en una distribución social cada vez más justa de la primera. Estábamos lejos de aquella austeridad, entendida como sobriedad, responsabilidad pública, seriedad y transparencia, que reclamaba en su día para la izquierda Enrico Berlinguer. Por fortuna, aquella impronta inicial se ha ido modulando al contacto con la realidad. Del mismo modo, ha ido imponiéndose el criterio, mucho más razonable, de entender la obligatoriedad ética de la dimisión si se llega a la apertura de juicio oral. Sin que por ello decaiga la presunción de inocencia, que prevalece en tanto no haya sentencia condenatoria por parte de un tribunal. Pero, una vez llegados a juicio, y sin prejuzgar de su desenlace, se entiende que la persona encausada debe atender ante todo a su situación penal. No puede, por tanto, desempeñar de modo responsable una tarea de representación política. La experiencia ha ido afinando los criterios.

            En ese caso, ¿cabía exigir la dimisión de Mónica Oltra en la fase actual de la instrucción? Los criterios generales deben siempre declinarse de modo particular en cada circunstancia. Y ésta era especialmente delicada. Hablamos de un caso sangrante que se produjo en una institución bajo la responsabilidad política de la vicepresidenta de la Generalitat, a manos de una persona allegada a ella y sin que la administración tutelar reaccionase adecuadamente para proteger a una víctima de abusos sexuales. Más allá de que la justicia acabe determinando si hubo delito o tan solo ineptitud, la responsabilidad política parece inexcusable. Hoy, algunos saludan la renuncia de Mónica Oltra como un noble sacrificio por el bien de la izquierda. Todas las interpretaciones, por cuanto subjetivas, son respetables. Nada más legítimo que amigos y compañeros de Mónica Oltra le manifiesten su apoyo. Menos decoroso sería que quienes sostenemos profundas discrepancias con ella aprovechásemos su embarazosa situación para exhibirlas. Pero lo cierto es que, desde un punto de vista político, la vicepresidenta y portavoz del gobierno valenciano sólo ha hecho, tarde y acorralada, aquello que hubiese debido hacer desde el primer momento. Los festejos en torno a su persona tenían un punto de obscenidad.

            En cuanto a las sospechas de lawfare… ¡cuidado con lo que decimos! ¿Que la derecha y la extrema derecha tratan de sacar rédito político de este caso? Por supuesto que sí. Y hasta petróleo sacarán, si desde la izquierda seguimos comportándonos como adolescentes inmaduros. El letrado de la víctima, sin ir más lejos, está vinculado al grupo fascista España 2000 y a ANELA, la patronal de los clubes de alterne. Podemos razonablemente presumir que no es una especial sensibilidad ante las situaciones de abuso sexual de las mujeres lo que le ha llevado a velar por los intereses de esa muchacha. Sin embargo, no es bueno que la izquierda, por mucho que crea en la inocencia de la investigada, caiga en una suerte de paranoia conspirativa, mezclándolo todo y cuestionando a la ligera la probidad de los magistrados. En el caso del Supremo de la comunidad valenciana, fiscales y jueces de acreditada trayectoria profesional. Y, por si fuera poco, de reconocido sesgo progresista y compromiso con las causas de violencia de género. Evitemos, pues, simplificaciones propagandísticas. La izquierda debe educarse y educar en el rigor de las cosas. Ni linchamientos mediáticos de Mónica Oltra, ni descalificación apriorística de la justicia, cuyos tiempos y procedimientos garantistas hay que respetar. Sólo la verdad nos vale.

            Este es sin duda un episodio muy doloroso. Razón de más para afrontarlo desde lo que constituye el alma auténtica de la izquierda – que no defiende ningún interés particular, distinto al de los oprimidos – y desde la autoexigencia. Porque, en política, no hay peor tesitura que aquella en que tus más acérrimos enemigos lleven razón. Algo pasa… con la izquierda.

            Lluís Rabell

(22/06/2022)