Tiempo de contradicciones

Así son las corbetas que España le ha vendido a Arabia Saudí por 2000 millones

Lenin definió la fase imperialista del capitalismo como una era de guerras y revoluciones. Tras la tormentosa historia del siglo XX, no cabría sino reconocer lo acertado de aquel diagnóstico. Bajo la crisis de la globalización neoliberal, siguen palpitando, hoy envueltas en nuevas configuraciones, las mismas pulsiones sistémicas que marcaron la precedente centuria. Si el siglo XXI ha de ser el de la transición ecológica, ésta no se vislumbra como un cambio de paradigma, ordenado y racional, sino como un convulso período de luchas de clases y graves conflictos geopolíticos. La izquierda está obligada a pensarse en un incierto marco mundial, encarando no pocas contradicciones. Contradicciones que, en el corto plazo, quizá tan solo quepa gestionar y cuya superación resulta en todo caso imposible al amparo de ilusorias soberanías nacionales. Basta con echar un vistazo a algunos acontecimientos recientes para convencerse de ello.

Nissan está a punto de echar el cierre definitivo a su factoría en Barcelona… y los planes de reindustrialización que deberían cubrir esa baja aún siguen sin materializarse. El fabricante chino Great Wall Motor se ha retirado definitivamente. Lo más probable es que se instale en los terrenos de la histórica planta automovilística un hub de empresas de mediano tamaño. Se baraja incluso la eventualidad de proyectos logísticos, algo que preocupa a los sindicatos, que aspiran preferentemente a la creación de empleos industriales, de mayor calidad contractual y salarial. Eso ha propiciado que estallase una fugaz controversia entre CCOO y el gobierno de la Generalitat a propósito de un eventual candidato a recalar en Zona Franca: Tess Defence, empresa dedicada al mantenimiento de los blindados del ejército. Esa opción parece ahora desvanecerse; pero el intercambio de argumentos habido ilustra perfectamente la complejidad del momento. Como era de esperar, el Govern se oponía a la presencia de una industria militar española en la capital catalana – desde luego, menos por convicciones pacifistas que por puro nacionalismo. A lo que Javier Pacheco, secretario de CCOO, replicaba: “Trabajaremos para que haya alternativas. Pero, si se diese el caso de que tenemos que recurrir al proyecto de Defensa, ¿Cómo les decimos a nuestros trabajadores que no lo queremos? No podemos dejar a 600 familias en la calle porque anteponemos nuestra ética al pan que hay que llevar a la mesa”

El dilema no es nuevo. El pasado 4 de diciembre, se botaba en los astilleros de Navantia, en Cádiz, la última de un conjunto de cinco corbetas encargado por Arabia Saudí. Es más: la empresa pública está negociando con ese mismo cliente, que no se distingue por su escrupuloso respeto de los derechos humanos, nuevos contratos para la construcción de buques anfibios y lanchas de desembarco. ¿Es eso muy acorde con la política exterior de un gobierno progresista? Sin embargo, tras semanas de intensa lucha del movimiento obrero en defensa del maltrecho tejido industrial de la bahía… ¡a ver quien les dice a los gaditanos que rechacen la carga de trabajo que supondría ese pedido! Sin que ello sirva de consuelo, cabe decir que no somos los únicos que nos vemos confrontados a tales disyuntivas. Hace unos años, en septiembre de 2014, el economista Thomas Piketty escribía: “Fue necesario que miles de personas murieran en Ucrania y pasaran meses de titubeos culposos para que Francia – a la sazón bajo la presidencia del socialista François Hollande – accediera a suspender de forma provisional sus envíos de armas a Rusia. (El contrato en cuestión se firmó durante el precedente mandato de Nicolas Sarkozy). Todo esto con tal de vender fragatas que representan apenas un poco más de 1.000 millones de euros. (…) En la nueva economía-mundo, el costo de ser un país pequeño se ha vuelto exorbitante: terminamos por aceptar cosas cada vez más inaceptables que contradicen nuestros valores”. Efectivamente, en el marco de la globalización, el PIB de Francia o el de Alemania, tomados por separado, no pesan demasiado. No digamos ya el de España.

La globalización ha estrechado la interdependencia entre las distintas economías, al tiempo que transformaba en profundidad la realidad social de las viejas naciones industriales. Jérôme Fourquet habla del surgimiento de una nueva “civilización periurbana”. Coincidencia cargada de simbolismo: en 1992, en el plazo de dos semanas – recuerda el laureado politólogo en una entrevista concedida a “Le Monde” (18/12/2021) -, cerraba la legendaria factoría de Renault-Billancourt, cuyos cambios de humor hicieron temblar a tantos gobiernos… y se inauguraba con gran pompa Eurodisney París. Así, las deslocalizaciones fueron desplazado la producción mundial hacia el continente asiático, mientras florecía en las metrópolis una economía basada en el consumo, la distribución, la logística y los servicios. Un modelo que ha propiciado el espejismo de una clase media aspiracional, al tiempo que tomaba cuerpo un nuevo proletariado, notablemente feminizado y mestizo, sujeto a empleos mal remunerados y precarios. Las crisis financieras y la pandemia no han hecho sino agravar las desigualdades y sembrar una profunda desazón. El nacional populismo ha irrumpido con fuerza en nuestras sociedades, degradando la democracia política y favoreciendo el crecimiento de la extrema derecha. Entre tanto, el sindicalismo de clase y la izquierda, perdiendo pie sobre una clase trabajadora empobrecida y atomizada, deben lidiar con esas insolubles contradicciones. “Mientras las economías nacionales de las sociedades capitalistas avanzadas sigan compitiendo entre sí – escribía Ellen Meiksins Wood en “El origen del capitalismo” -, el ‘capital global’ (que siempre radica en una u otra entidad nacional) se seguirá beneficiando de unas pautas de desarrollo desigual, de las diferencias en las condiciones sociales de los distintos contextos nacionales y de regímenes laborales low cost susceptibles de ser explotados (…)”.

No es posible embridar la fuerza gigantesca de ese capital global desde la arena nacional. Son necesarios ámbitos de cooperación y gobernanza supranacionales para encarar semejante tarea. La construcción federal europea es sin duda un objetivo obligado en ese sentido. El progreso exige acotar el imperio del mercado, sustraer a sus dictados esferas determinantes para el bienestar social y medioambiental. Eso requiere avances sustantivos en la integración europea: armonización fiscal, erradicación de paraísos… y un ambicioso presupuesto comunitario, muy por encima del actual, que permitiese impulsar proyectos de interés compartido y sostener una transición ecológica justa, cuyo esfuerzo no puede recaer sobre las espaldas de los desfavorecidos. El mismo Piketty, recogiendo los datos del último informe anual sobre las desigualdades en el mundo, escribía hace unos días: “En cuanto a las emisiones de carbono, se constata que el 50% de los más pobres se mantienen en casi todas partes a niveles relativamente razonables, unas cinco toneladas por habitante en Europa. Entre tanto, la emisión media alcanza 29 toneladas por cuanto se refiere al 10% de arriba y supone 89 toneladas para el 1% más rico”. (“Le Monde”, 12/12/2021). Esa integración debería ir de la mano de una firme política común en materia de defensa como en el ámbito diplomático. Sólo el potencial conjunto de Europa permitiría que prevaleciesen en la práctica los valores democráticos, solidarios y humanistas que proclaman sus textos fundacionales. En otras palabras: sólo el peso del PIB europeo, gestionado desde una gobernanza cooperativa y democrática, evitaría a cada país tener que escoger entre el pan y los principios… a sabiendas de que, sea cual sea la elección, los de abajo acabarán perdiendo. El camino será difícil. El brexit nos ilustra acerca de las fuerzas desintegradoras que se ciernen sobre el proyecto. Pero, para la izquierda, no hay política realista que no tenga como horizonte los Estados Unidos de Europa. 

Lluís Rabell

19/12/2021

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