¿Quién no recuerda aquel impactante documental en que una simpática iguana era perseguida por un montón de serpientes? Inmóvil al principio para no ser detectada, la escamosa criatura salvaba la vida echando a correr en el momento oportuno, zafándose de mordeduras y fatales envolventes. Tras el anuncio del president Torra de que convocará elecciones en cuanto se aprueben los presupuestos de la Generalitat, quizás convendría que la izquierda alternativa imitase el comportamiento de la iguana: pararse un momento a pensar… y luego apresurarse en la buena dirección. Mucho se han empecinado los comunes en destacar el acuerdo presupuestario alcanzado con ERC – y asumido a regañadientes por el gobierno -, presentándolo como un ejercicio de responsabilidad ante el país. Hasta el punto de aplaudir la decisión de Torra de aprobar las cuentas antes de ir a las urnas. Valdría la pena, sin embargo, reflexionar acerca de todas las implicaciones de este asunto.

Veamos. Los socios del gobierno independentista andan a la greña. La legislatura no da más de si, las instituciones del autogobierno se degradan a ojos vista y la sociedad catalana está agotada tras estos años de confrontación estéril. Cuanto antes termine esta agonía, mejor. ¿Qué sentido tiene diferir las elecciones para aprobar estos presupuestos? ¿Con qué derecho y en nombre de qué interés nacional este gobierno en desbandada acotaría, antes de desaparecer, las líneas de actuación del que ha de salir de las urnas? Es cierto que la administración catalana está al límite. Urgen unos presupuestos. Pero quienes han sido incapaces durante años de sacarlos adelante – estaban en otros asuntos – no tienen autoridad moral para hipotecar la decisión de futuras mayorías. Sobre todo porque, a falta de examinar más de cerca las cuentas que serán presentadas, desde sindicatos y movimientos sociales empiezan a alzarse voces alertando de que el acuerdo alcanzado con ERC no sería tan satisfactorio como nos gustaría creer. La Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía avisa de que el incremento real de la prestación rondaría los 40 millones de euros – lejos de los 125 anunciados y muy por debajo de las necesidades de los colectivos más vulnerables. Hace unos días, CCOO, UGT y seis asociaciones patronales denunciaban que esta propuesta de presupuestos para 2020 prevé dedicar menos de un euro al día por persona mayor en residencia asistida. Por otra parte, no se aceptó incluir en los presupuestos la actualización del Indicador de Renta de Suficiencia, el baremo que permite acceder a las ayudas sociales, que lleva congelado desde 2010. Unas cuentas que serían menos expansivas de lo que se pretende, en la medida en que se comparan las cifras propuestas con las aprobadas en 2017, no con los gastos realmente ejecutados en el último ejercicio – con lo cual los 3.000 millones de supuesto incremento de las partidas sociales quedarían notablemente mermados a la hora de la verdad. (En ello hace hincapié el PSC para reclamar que se modifique el orden de los factores: primero elecciones y, luego, presupuestos a cargo del gobierno que deba ejecutarlos). En fin, ya sabemos que los márgenes en que nos movemos son estrechos en razón de los límites del propio modelo de financiación autonómica y del riguroso control del déficit. No se trata, por tanto, de pedirle peras al olmo. Pero tampoco resulta sensato embellecer la realidad más de la cuenta. Ni hacer oídos sordos a esas objeciones.

Sobre todo porque, sin decirlo explícitamente, la controversia acerca de los presupuestos encierra en realidad la discusión sobre el gobierno que saldrá de los próximos comicios. Al reivindicar con tanto entusiasmo estos presupuestos – que, ante la opinión pública, son los de ERC -, como si iniciasen la reversión de los recortes, el blindaje de los servicios públicos y marcasen la senda que debería seguir un futuro gobierno tripartito, la izquierda alternativa está apostando, desde un papel subalterno de socio preferente, por el liderazgo republicano sobre una hipotética mayoría de progreso. Semejante proyección se inspira en una parte de la realidad: es necesario un entendimiento de las izquierdas con el partido de Oriol Junqueras. Para el gobierno de Pedro Sánchez resulta imperativo sacar adelante los PGE, y para ello se requiere mantener la compleja alianza parlamentaria que permitió la investidura. Más aún: reconducir la situación en Catalunya es del todo impensable sin que una parte significativa del soberanismo abandone la vía unilateral y opte por la negociación con el Estado. En esa complicada maniobra está ERC, acechada por la acusación de traición por parte de la derecha nacionalista, y es necesario disponer una pista de aterrizaje.

Pero hay más elementos a tener en cuenta. Las convulsiones que hoy disgregan a las fuerzas independentistas no son si no la réplica del fracaso de su acometida en el otoño 2017. Pero que el independentismo carezca de estrategia y se halle dividido no quiere decir que el conflicto se haya disuelto como un azucarillo. Hay razones objetivas en la crisis del orden global para que la desazón de las clases medias siga latente – o incluso pueda avivarse en un momento dado. ERC es el partido por antonomasia de esos sectores sociales; encarna su psicología, sus temores y sus ensoñaciones. Estamos en una fase de distensión que puede ser larga – y que puede también quebrarse. En el tono desafiante de Junqueras (“lo volveremos a hacer”) se mezclan las urgencias electorales y con un fondo de verdad: más allá del realismo que puedan imponer las circunstancias, ERC no renunciará a su objetivo final de alcanzar la independencia. No cabe discutir la legitimidad de tal aspiración y, desde luego, las urnas hablarán. Pero, ¿sería acaso admisible por parte de las izquierdas ceder a ERC el liderazgo de la Generalitat sin confrontar un proyecto federal con el secesionismo?

Desde Madrid se tiende a ver a todos los catalanes como más o menos nacionalistas. Y a un partido que lo es abiertamente como el más representativo de la sociedad catalana. Sin duda décadas de hegemonía convergente fueron decisivas en el arraigo de ese imaginario… del que también participa la izquierda española. “Nunca haremos presidente a un independentista”, repite el PSC en lo que lleva camino de convertirse en un lema de campaña. Y es que, so pena de negarse a si mismo, el PSC no puede renunciar a disputar el liderazgo político del país. De ahí sin duda la irritada réplica de los socialistas a Torra. En el espacio de los comunes, por el contrario, cabe la ilusión de devenir partido de gobierno de la mano de ERC. De ahí la sobre-actuación en torno a los presupuestos.

El problema es que, más allá de la lógica competición electoral, las dos izquierdas se necesitan. Tanto más cuanto que, bajo una fórmula u otra, una mayoría progresista necesitará atraer a toda una franja del nacionalismo moderado a un pacto para la mejora del autogobierno y la cohesión social, desactivando la tentación de nuevas aventuras. Y eso no cuajará sin un fuerte polo de la izquierda social, sin una complicidad entre la socialdemocracia y la izquierda alternativa. Todas las elecciones planten una pregunta crucial. Las próximas plantearán sin duda qué viene después del “procés”. “Mantener la tensión con el Estado”, dirán los partidarios de Puigdemont. “Hacerse con el gobierno e ir acumulando fuerzas para más adelante”, responderá ERC. Pero, ¿y la izquierda? ¿Qué horizonte propondrá? ¿Y qué respuesta – política antes que algebraica – a la cuestión del gobierno? Primero, debemos pensarlo bien. Luego, habrá que moverse deprisa. Como la iguana.

Lluís Rabell

(29/01/2020)