(Artículo publicado en la edición del 8/1/2020 de “El País” y suscrito por el grupo de opinión “Pròleg”. Este colectivo está formado por Jordi Amat, Marc Andreu, Margarita Arboix, Laia Bonet, Joan Botella, Victoria Camps, Joan Coscubiela, Jordi Font, Mercedes García Aran, Gemma Lienas, Oriol Nel·lo, Raimon Obiols, Lluís Rabell, Joan Subirats, Marina Subirats y Josep M. Vallés)

Por fin se ha hecho realidad la investidura de Pedro Sánchez. Podrá conformarse, pues, el gobierno de progreso en que cifraban sus esperanzas no pocos sectores de la sociedad civil, tanto en Catalunya como en el conjunto de España. Esperanzas de desbloqueo institucional para abordar problemáticas y desafíos insoslayables: combatir desigualdades sociales y de género, revertir el deterioro del Estado del bienestar, emprender la transición ecológica, lograr una incorporación humanista del modelo productivo a la era digital… Y – ¡cómo no! – expectativas de iniciar, tras años de estéril confrontación, un tiempo de diálogo en el conflicto catalán. Sin embargo, el contexto en que nace este gobierno hace presagiar las mayores dificultades para su singladura. Quienes hemos apostado por él somos conscientes de que el éxito de sus propósitos requerirá de muchas y muy activas complicidades: en el mundo del trabajo, en los ámbitos académicos y culturales… en todos aquellos espacios de encuentro que, como el nuestro, no han dejado de propugnar el retorno de la política.

La virulencia mostrada por la derecha y la extrema derecha en el Congreso ha alcanzado niveles inéditos: insultos y descalificaciones, llamamientos explícitos al transfuguismo, acusaciones de “traición” y, por encima de todo, el no reconocimiento de la legitimidad de una mayoría, tejida en base a acuerdos políticos, entre distintas fuerzas parlamentarias. Lenguaje de guerra civil, amenazas de llevar la contestación a las calles… y de transformar los tribunales en un campo de batalla contra el nuevo ejecutivo. La sospechosa retirada de la condición de diputado al President Torra por parte de una exigua mayoría de la JEC en la víspera de la sesión de investidura, pone de relieve el potencial de dicha amenaza – que lo es, no sólo para la estabilidad de un gobierno que llega al poder apoyándose en una delicada aritmética, sino para la independencia efectiva y la credibilidad de las instituciones y, por ende, de la propia democracia.

He aquí el primer gobierno de coalición desde la Segunda República, agrupando a la socialdemocracia y a fuerzas que se sitúan a su izquierda: fin de un tabú y cambio cultural sustantivo. A nadie se le oculta que el programa de reformas anunciadas se topará con resistencias corporativas, con las limitaciones en el gasto impuestas por el rigor fiscal de la Unión Europea… Sin olvidar el posible desfase entre los ingresos tributarios previstos y el comportamiento de una economía al albur de numerosas incertidumbres a nivel internacional, por un lado, y la amplitud de los estragos causados por el período de austeridad en los servicios públicos y en las condiciones de vida de la gente, por otro. En este terreno, el éxito del gobierno dependerá, tanto o más que de sus propios aciertos, de la concertación entre los agentes sociales y, muy especialmente, de la iniciativa de los sindicatos. Su papel será fundamental. No sólo para alentar los cambios necesarios, sino también para brindar, junto a movimientos y entidades, cauces adecuados a las demandas de los distintos colectivos sociales. La explotación de la desazón de las clases medias y populares por parte de quienes izan banderas de odio y repliegue tribal, se extiende de modo inquietante por los países de nuestro entorno.

Por eso, la gestión del conflicto territorial será la gran prueba de fuego de esta legislatura. El acuerdo alcanzado con ERC, necesariamente genérico, esboza un camino transitable para el conflicto catalán. Se trata de empezar por reconocer su naturaleza eminentemente política y, por tanto, la necesidad de construir soluciones en ese ámbito, dejando atrás el tiempo de las togas. Al mismo tiempo, las propuestas que vayan surgiendo de la negociación deberán encontrar un encaje en el ordenamiento jurídico, de tal modo que sean viables. Es de justicia reconocer el esfuerzo de quienes, aún desde la cárcel, como Oriol Junqueras, han apostado por explorar ese camino. Lo que nos recuerda una vez más cuán difícilmente avanzaríamos sin hallar una salida adecuada a la situación penal de unos dirigentes – e interlocutores necesarios -, cuyo prolongado encarcelamiento no ha hecho sino agravar las cosas.

Pero los enemigos del diálogo están ya en pie de guerra. En Madrid, el griterío es ensordecedor y pretende desacreditar de antemano cualquier paso en esa dirección. En Barcelona, los partidarios de “cuanto peor, mejor” temen también que un proceso de distensión merme la influencia que les ha procurado la polarización. Y es que el conflicto no sólo tiene que ver con un pleno reconocimiento nacional o con el reparto territorial del poder en España. Estos años han abierto una profunda herida en el seno de la sociedad catalana y una áspera disputa por su liderazgo. Alimentándose mutuamente, los radicalismos nacionalistas de uno y otro signo se esfuerzan por ahondar aún esa división, blandiendo las tétricas imágenes de una España monolítica y de una Catalunya irredenta. Más que una ensoñación, ambas son una pesadilla.

El reto consiste en hacer progresar el diálogo – y sus concreciones – en medio de ese fuego cruzado. Eso no será posible si los esfuerzos se limitan al ámbito institucional, a las mesas previstas, a las iniciativas parlamentarias o a los dispositivos autonómicos. La sociedad civil – en Madrid y Barcelona, como en toda España – debe tomar cartas en el asunto: multiplicar foros, debates, encuentros; contrarrestar la crispación con ideas y propuestas; propiciar por todos los medios un clima favorable al entendimiento… Hay que tender puentes en todos los ámbitos, empujar desde abajo, blindar los acuerdos que se vayan alcanzando… Todo se antoja extremadamente frágil y el camino a seguir, plagado de amenazas. Está en juego la convivencia democrática. La llegada del nuevo gobierno de coalición abre una puerta a la esperanza. Pero urge afianzarla. Tal es nuestro compromiso.

7/01/2020

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