Si alguien ha aprendido que los acontecimientos modifican el sentido original de las palabras, esa es sin duda la izquierda. Tras la experiencia estalinista, ¿quién se atrevería a definir como “centralista democrático” el régimen de un partido? ¿Quién reivindicaría hoy la “dictadura del proletariado”, por mucho que su acepción primigenia poco tuviera que ver con la tragedia totalitaria del “socialismo real”? Pues bien, salvando todas las distancias, esa misma ley, según la cual la vida desplaza el “campo semántico” de nuestras expresiones y acaba cargándolas de un nuevo significado, ha operado a pleno rendimiento en el “procés”.

Después de las aciagas jornadas del 6 y 7 de septiembre de 2017, ya no podemos evocar candorosamente “el derecho a decidir”, o referirnos sin prevenciones al “mandato popular”. Violentando las garantías de la democracia representativa, una exigua mayoría parlamentaria, carente de legalidad y de legitimidad, se arrogó entonces ese presunto “mandato” y pretendió imponer su dictado arbitrario a la oposición – en realidad, a la mayoría social del país.

Del mismo modo, no podemos hablar de referéndum como si el 1-O no hubiese pasado por ahí. Antes de esa huida hacia adelante del independentismo, la propuesta genérica de una consulta pactada suponía, para una parte de la izquierda, el intento de reconducir las energías desatadas por el “procés” hacia una negociación con el gobierno español, desactivando el choque institucional y la división de la propia sociedad catalana que comportaba la vía unilateral. Se trataba de poder discutirlo todo: no sólo el formato de un eventual referéndum, sino de dar pie también a contra-propuestas del Estado – que, muy probablemente, preferiría votar un acuerdo en lugar de una pregunta binaria… o situar el debate en términos de reforma constitucional. Por supuesto, nada de eso era posible sin un ejecutivo de talante negociador en Madrid. Al poner por delante el diálogo y el pacto, lo que pretendíamos justamente era tejer complicidades con la opinión democrática española, contribuyendo a desplazar a la derecha del poder.

Eso no fue posible cuando lo intentamos. Nos faltaba musculatura. Y, por su parte, el independentismo – presa del interminable combate entre ERC y el “gen convergente” – era incapaz de frenar la dinámica que él mismo había desatado. La celebración de un referéndum de parte, sin garantías ni reconocimiento alguno, y el amago de proclamación de una República en base a su “mandato” quemaron por mucho tiempo, acaso para siempre, esa hipótesis. Los “hechos de otoño”, la aplicación del 155 y el posterior encarcelamiento de los dirigentes independentistas han generado tal polarización que, hoy, cualquier forma de consulta sobre la independencia sólo podría constatar la división existente en el país y, aún peor, exacerbarla.

Tanto es así que la exigencia de un referéndum vuelve a ser la bandera, recuperada por enésima vez, de los partidarios de “cuanto peor, mejor”. En el mundo convergente, asistimos a un cambio de guardia, por no decir a una mutación del espacio político: el radicalismo carlista de Puigdemont ha acabado por imponerse, desplazando a los cuadros formados en la escuela del tradicional nacionalismo pragmático. ERC, el portavoz por excelencia de la pequeña burguesía, creyendo llegada la hora del relevo, debería en buena lógica adoptar aquel perfil negociador. Pero, “el partido del señor Esteve”, como diría Andreu Nin, no se atreve a arrostrar el epíteto de “botifler”. Ni tampoco produce dirigentes a la altura del momento. Rufián, caricatura de cómo ERC se imagina a la clase trabajadora del área metropolitana hacia la cual pretende ampliar su influencia, reemplazará a Joan Tardà en el Congreso. Cuando llegó la hora del debate presupuestario, acabó imponiéndose la tesis de Puigdemont – que nunca perdonó a gente como Marta Pascal o Carles Campuzano haber facilitado la moción de censura contra Rajoy -, precipitando la caída del gobierno progresista de Pedro Sánchez. Ahora, la consigna parece ser “bloquear las instituciones españolas”. Es decir, hacer ingobernable el Estado, propiciando el ascenso de la derecha y la extrema derecha… y llevando el conflicto territorial – supuestamente – a una fase superior. Ese sería el momentum con que sueña Torra: un choque con el Estado capaz de arremolinar a la sociedad catalana entorno al independentismo y forzar una mediación de Europa. Una apuesta tan incierta y aventurera como irresponsable.

Tarde o temprano, alguien tendrá que armarse de valor y “bajar del tigre”, según la inspirada imagen del catedrático de Ciencia Política Joan Botella, refiriéndose al movimiento de las clases medias sobre el que cabalgan los partidos independentistas… mientras alientan los unos en los otros el temor a ser devorados si caen de lomos del felino. ¿Acabará ERC reuniendo los arrestos necesarios? ¿Llegarán a reagruparse los sectores moderados del nacionalismo en un proyecto propio, alejado de la corte de Waterloo? Sin duda los resultados de las próximas elecciones pesarán en ello, aunque hay indicios de que las fidelidades de voto pueden mantenerse aún. En cualquier caso, la izquierda debería hacer lo posible por facilitar ese aterrizaje.

Pero eso no es posible dando cuerda al fetiche del referéndum. Esa fue la imposible exigencia que sirvió de excusa para tumbar los presupuestos. Y será la bandera de un futuro bloqueo institucional, si la aritmética parlamentaria surgida del 28-A lo permite. El PSOE, con la lógica y las razones que son las suyas, hace tiempo que se ha plantado. La izquierda alternativa se equivocaría si siguiese agitando esa consigna. Ahora no toca. Después de haber forzado una referéndum unilateral, el independentismo radicalizado reclama “pactar” una nueva consulta… porque sabe que esa vía es del todo impracticable. Lejos de encerrar posibilidad alguna de reconducir el conflicto, la reivindicación de un referéndum sólo sirve hoy para agravarlo y tornarlo insoluble, dando alas a los más aventureros. El interés de las izquierdas, que tienen por delante el reto de un giro en las políticas sociales, medioambientales y de género, necesitan llevar al terreno de las negociaciones factibles un problema cuya persistencia sólo favorece a las tendencias más retrógradas, frenando cualquier progreso. El primer paso, antes de poder abordar soluciones de fondo, sigue siendo desescalar. No hay otro camino.

Pero no va a ser fácil. El juicio de los dirigentes independentistas mantiene abierta la herida emocional. Su desenlace puede resultar muy complicado de gestionar, tanto a nivel del Estado como en el seno de las sociedades catalana y española. Por eso debemos ser muy responsables. Se impone un aggiornamento en la izquierda alternativa. Por la misma razón que invocamos en su día la perspectiva de un referéndum pactado, hoy deberíamos considerar que se trata – valga la manida expresión – de una “pantalla pasada”. O, mejor dicho, de una espoleta que urge desactivar. Cuanto antes lo hagamos, mejor.

Lluís Rabell

(12/03/2019)