A la izquierda le cuesta aún desembarazarse de la ilusión de una vuelta atrás, de un retorno a tiempos de mayor sensatez política. Pero eso no ocurrirá. En ningún orden de cosas. Hemos entrado en una época convulsa que arrastra en su vorágine el destino de las naciones y plantea las disyuntivas con una radicalidad inusitada. Es esa radicalidad lo que nos resistimos a admitir, esperando recomponer unos espacios de moderación que han saltado definitivamente por los aires. Las derechas tradicionales, los partidos conservadores, con quienes algunos siguen suspirando por pactar mínimos consensos de funcionamiento institucional, se han vuelto en muchos casos intratables: sienten que la base social sobre la que se asentaban, desestabilizada, se desliza hacia la extrema derecha… y tratan de contener ese desplazamiento normalizando los discursos más agresivos. La cuestión de la inmigración, hoy en el corazón de las más encendidas controversias políticas, es buena prueba de ello. Las izquierdas europeas se debaten entre distintas posturas, presas de una manifiesta incomodidad. Pero, desgraciadamente, sin tomar aún la medida de la centralidad que esa cuestión, a diferencia de otros momentos históricos, ha adquirido por cuanto se refiere al destino de la propia democracia.

Una parte de las fuerzas progresistas sostiene que se trata de un falso problema, un espantajo agitado por la derecha y la extrema derecha. Frente al “invierno demográfico” de su población autóctona – se repite insistentemente -, Europa no podría mantener su aparato productivo ni el Estado del Bienestar sin la aportación de millones de inmigrantes, venidos de todas las partes del mundo, a lo largo de los próximos años. Eso dicen los modelos predictivos. Pero, si planteásemos la cuestión estrictamente en esos términos, creyendo zanjar así el debate, caeríamos en una postura muy poco progresista… por no decir abiertamente conservadora. En primer lugar, porque sacaríamos de la ecuación el potencial incremento de la productividad merced a la innovación tecnológica. Pero también porque dejaríamos de cuestionar todo un entramado económico, tributario y comercial que favorece a las élites, propicia nichos de negocio parásitos y genera crecientes desigualdades. Hay poderosos factores que explican los actuales movimientos migratorios: pobreza, guerras, efectos del cambio climático… Todos ellos tienen que ver con la acción humana. Contar con que Europa y Estados Unidos preservasen su statu quo actual succionando sistemáticamente el talento, la juventud y la fuerza de trabajo del Sur Global, equivaldría a cronificar la injusticia y abonarse a la decadencia; supondría renunciar a la lucha por cambios estructurales que todo el desarrollo histórico ha puesto ya a la orden del día.

En cualquier caso, si nos atenemos a los hechos, los razonamientos economicistas hacen poca mella en una opinión pública que no deja de escorarse hacia posiciones hostiles a los nuevos contingentes de mano de obra extranjera. Entre las propias clases populares, en los extrarradios y las antiguas regiones industriales que sufrieron el azote de las deslocalizaciones, las admoniciones antirracistas bienintencionadas tampoco disipan el temor ante unos recién llegados que, muchas veces, son percibidos como competidores a la hora de acceder a unos servicios públicos erosionados e insuficientes. Y a quienes, desde la propia izquierda, se ha señalado como un “ejército de reserva”, movilizado por el capital para ejercer una presión a la baja sobre los salarios.

De hecho, así ha sido. Ese ha sido el gran subtexto de la globalización en nuestro país. Desde el año 2000, España ha registrado el mayor incremento de población de toda Europa por vía de inmigración económica. Catalunya ha pasado de los seis millones de habitantes con que contaba a finales del siglo pasado a los más de ocho millones que hoy pueblan sus ciudades y comarcas interiores. Nada de eso ha sido casual. Los importantes flujos migratorios procedentes de América Latina y del Magreb corresponden al efecto “llamada” de un determinado diseño económico. “La causa del estancamiento salarial en España está relacionada con su modelo productivo – escribe Josep Sala i Cullell. El crecimiento económico español de las últimas décadas se ha basado en sectores de baja productividad como la construcción, la agroindustria y la hostelería, que generan muchos puestos de trabajo, pero de poco valor añadido y con bajos salarios. También se ha desarrollado todo un mundo low cost – repartidores a domicilio, supermercados 24 horas, cadenas de pastelerías – que de otro modo no hubiesen podido existir, y que ha aumentado la sensación de confort de unas clases medias tradicionales muy empobrecidas desde la crisis financiera.” (“No som 6 milions”. Ed. Pòrtic) Este autor habla incluso de “una reforma laboral encubierta”, propiciada en su día por el PP… y admitida de modo acrítico por la izquierda como un hecho casi natural. Tan natural como irresistible se vivió en los años noventa del siglo pasado el fenómeno de la globalización.

Dicho sea esto para entender que los discursos insolidarios y racistas de la extrema derecha caen sobre el terreno abonado de la zozobra y el sentimiento de abandono de las clases populares… y sobre el declive de las clases medias. La narrativa demagógica que culpa a la inmigración de todos los males sociales cabalga sobre una angustiosa realidad objetiva. De poco sirven, pues, los sermones, ni la narrativa acerca de los beneficios de la diversidad. Tanto menos cuanto que emanan de ámbitos intelectuales o institucionales, percibidos como ajenos a las vivencias de la gente humilde. La masividad y diversidad cultural de esta última oleada migratoria – absorbida por una realidad económica que, a diferencia de las antiguas fábricas, no facilita la socialización, sino antes bien favorece el comunitarismo – han transformado profundamente el semblante de una clase trabajadora que pena por reconocerse a sí misma. En una sociedad fragmentada, con los vínculos de solidaridad debilitados, la lucha de pobres contra pobres deviene a la orden del día. E incluso sucede – como lo vimos con el fenómeno del voto latino a favor de Trump – que “el último en llegar cierra la puerta”.

Aunque las proporciones entre población autóctona y extranjera no sean las mismas que en España, y en la mayoría de países europeos – sobre todo en los países nórdicos, donde los sindicatos han conservado mayor influencia sobre la regulación del mercado laboral -, los criterios de admisión de mano de obra foránea sean mucho más restrictivos, la tensión en torno a la inmigración se generaliza, coagulando todos los agravios sociales. Los resultados de los comicios, regionales y locales, celebrados la pasada semana en Reino Unido, atestiguan ese estado de ánimo. La extrema derecha xenófoba del “brexiter” Nigel Farage se afianza en los otrora bastiones obreros del Labour del norte y el centro de Inglaterra. Unos resultados que, por otra parte, certifican igualmente el fracaso de una opción que ha sido la de Keir Starmer: el endurecimiento del discurso contra la emigración. Y es que, sin anular la discusión acerca de la política migratoria propiamente dicha, la confrontación se sitúa ya a otro nivel.

Todavía tendemos a tratar la idea de la “preferencia nacional” como una disparatada ocurrencia de la ultraderecha… sin mesurar la plasticidad de esa noción y su capacidad – justamente por inconcreta, por su carácter de “significante vacío” – para aglutinar los más variados miedos y resentimientos. Y para convertirlos en un ariete, no sólo contra la emigración, sino contra los cimientos mismos de la democracia. La denuncia de la emigración como una amenaza identitaria no es algo nuevo. Pero elevar esa amenaza al nivel de un choque existencial inminente, supone un cambio cualitativo, definitorio del cambio de rasante histórico que vivimos. En el ocaso de las viejas soberanías nacionales, el reclamo airado de la “prioridad” suena como un grito tribal que anuncia el deslizamiento de la democracia liberal hacia una etnocracia autoritaria, estrechando el perímetro de la ciudadanía, acreedora de derechos, sobre la que se asienta el Estado. Nos estamos acercando a la confrontación entre dos proyectos de sociedad absolutamente inconciliables.

La radicalidad regresiva del planteamiento de la extrema derecha – reflejo de las exigencias del capitalismo – obliga a su vez al socialismo democrático a ofrecer una alternativa progresista igualmente radical. Es decir, que vaya a la raíz de la crisis actual y trace un camino transitable para superarla. Sin apartarnos del tema migratorio, algunos razonamientos, como el del economista Miquel Puig, ponen de relieve la urgencia de que la izquierda asuma esa responsabilidad. “¿Permite la inmigración reforzar financieramente el Estado del Bienestar? No; la inmigración lo debilita. La razón es simple: el Estado del Bienestar se basa en la solidaridad, cosa que implica que los que más ganan aportan más de lo que reciben, y los que menos ganan reciben más de lo que aportan. Si los recién llegados son quienes menos ganan, el balance se desequilibra en sentido negativo. Hace mucho tiempo que Branko Milanovic, una eminencia en materia de desigualdad, llegó a la conclusión de que la emigración es incompatible con el Estado del Bienestar, y hace mucho más que Milton Friedman sentenció ignominiosamente que ‘la inmigración ilegal es buena para Estados Unidos… mientras siga siendo ilegal’, es decir, mientras los inmigrantes no tengan derechos. Los inmigrantes no pueden ayudar a pagar ni las becas comedor ni las pensiones por un simple motivo: porque ellos también tienen derecho a tales prestaciones.” (“Inmigración o Estado del Bienestar”, artículo publicado en el diario Ara en octubre de 2025 y citado en “Som 6 milions”).

Si la izquierda no se sitúa a la altura del desafío, corre el riesgo de ser arrinconada y ver como ese silogismo disyuntivo falaz se impone, con todas sus dramáticas consecuencias para la convivencia, como una verdad incontestable, como la expresión del más elemental sentido común. La trampa que contiene ese razonamiento es doble. Por un lado, da por sentado el carácter inmutable del actual estado de cosas: siempre habrá una amplia franja de trabajadores que el sistema convoque y excluya a la vez, sometiéndolos a un régimen de sobreexplotación… y estigmatizándolos por ello. Por otra parte, olvida que quienes de verdad “más ganan”, no sólo se autoexcluyen de la financiación del Estado del Bienestar, sino de toda responsabilidad social. Un reciente artículo publicado por el diario francés “Le Monde” (10-11/05/2026) da cuenta de los fabulosos beneficios que registran las grandes corporaciones multinacionales en medio del actual desorden geopolítico. “La economía en su conjunto no va necesariamente demasiado bien, pero los resultados de las empresas que cotizan en bolsa son espectaculares. Durante el primer trimestre, sus beneficios han aumentado un 27% en Estados Unidos (…) y un 7% en Europa. (…) Desde hace veinticinco años, el PIB de los países desarrollados ha crecido un 3’8% al año, mientras que esas empresas lo hacían un 5’5%. O sea, las grandes multinacionales se enriquecen mucho más deprisa que el conjunto de la economía.” Las cifras de beneficios netos registradas por esas corporaciones provocan vértigo. “TotalEnergies: 5.800 millones de dólares (+51% en relación al primer trimestre de 2025); Shell, 5.700 millones; BP, 3.800 millones. Y eso no es gran cosa en comparación con las cifras de los gigantes tecnológicos: Alphabet, beneficio neto de 62.500 millones (+81%); Meta, 26.800 millones (+61%); Amazon, 30.200 millones. (…) Esos beneficios históricos se acompañan de una redistribución récord entre los accionistas. Las empresas que cotizan en el CAC 40 han abonado 107.500 millones de euros en forma de dividendos o recompra de acciones.”

Una orgía de dinero que contrasta con la cruda realidad social. Como reconoce el propio artículo, existe “una dolorosa distancia entre el poder adquisitivo estancado de las familias y la explosión de ganancias de esas empresas. En el seno de la OCDE, 19 países sobre un total de 37, entre los que se incluye a Francia, registran actualmente salarios reales inferiores a los de 2021, antes de la guerra de Ucrania. En Francia, la tasa de pobreza es la más elevada desde 1970.” Sin embargo, el gobierno ha rechazado vehementemente instaurar, como lo planteaban los partidos de izquierdas, un impuesto especial sobre los beneficios extraordinarios obtenidos por las compañías energéticas como consecuencia de la guerra contra Irán. Es decir, ganancias logradas gracias a la explosión del precio del crudo en los mercados internacionales, sin efectuar la menor inversión. La Comisión Europea ha hecho igualmente oídos sordos a una propuesta en el mismo sentido, formulada por cinco países miembros, entre ellos España. Como declara François-Xavier Chauchat, portavoz de una renombrada sociedad de gestión: “Desde hace veinticinco años, ha habido reticencias a castigar a las grandes empresas en el mundo occidental; se ha permitido el crecimiento de esas sociedades gigantescas.” (Por si eso fuera poco, el informe de Oxfam, publicado en vísperas del décimo aniversario de los Panama Papers, indica que la riqueza del 0’1% más rico, no gravada y oculta en paraísos fiscales, supera la riqueza total en manos de la mitad más pobre de la humanidad. El montante de esos bienes ocultos ascendía, en 2024, a unos 3’55 billones de dólares, una cantidad mayor que el PIB de Francia, y más del doble del PIB combinado de los 44 países menos desarrollados del mundo).

Sin abordar la cuestión fundamental de la desigualdad, el tratamiento de las tensiones que atenazan al Estado del Bienestar derivará fácilmente en una culpabilización de la población migrante… e incluso de sus descendientes, reconocibles por su estatus social desfavorecido, sus orígenes étnicos, culturales o su religión. La idea de la “prioridad nacional”, efectivamente, no es reciente. Ya fue formulada por Jean-Marie Le Pen en la década de los ochenta, bajo el primer mandato de François Mitterrand. (Al principio, se decía, de modo más abrupto, “preferencia nacional”). En las actuales circunstancias, esa fluctuante noción se ha convertido en material altamente explosivo. La gestión de la realidad migratoria necesita acompasarse de toda una serie de audaces reformas a nivel europeo y en los distintos países miembros de la Unión. Son estas reformas las que han de permitir dimensionar y financiar adecuadamente el Estado del Bienestar, así como una profunda transformación del modelo productivo basada en la preeminencia del progreso social y de la deliberación democrática sobre las pulsiones del mercado. Hablamos de la eliminación de los paraísos fiscales, de fiscalidad progresiva, del gravamen extraordinario de grandes fortunas y herencias… Pero también de liderazgo público, de participación del Estado y de cogestión de los sindicatos en las empresas estratégicas y grandes corporaciones. Quienes se benefician del potencial y recursos de las naciones deben someterse al escrutinio ciudadano y atender a las prioridades sociales. Sin avanzar hacia un horizonte de tal radicalidad será imposible sostener una sociedad democrática e integradora.

Hoy, cuando la extrema derecha llama a la puerta del gobierno en tantos países y el proyecto europeo se halla ante una encrucijada, todo eso puede parecer lejano, incluso quimérico. Sin embargo, sólo la verdad sobre la gravedad de la situación y la osadía para cambiar las cosas recompondrán la confianza en la izquierda. Sólo esa perspectiva puede ordenar y dar sentido a las múltiples batallas parciales que debemos librar.

Lluís Rabell

15/05/2026