Es conocida la insistencia de la gran pensadora feminista Celia Amorós acerca de la importancia de conceptualizar correctamente a la hora de abordar cuestiones complejas. Sabia recomendación que viene muy al caso tras el rifirrafe que se ha organizado en torno a la presencia del burka en el espacio público a raíz de una iniciativa de Vox – secundada por el PP – en el Congreso de los Diputados. No insistiremos sobre la intencionalidad estigmatizadora de la emigración de dicha propuesta. Muchas voces la han puesto de manifiesto. Sin embargo, y más allá de las buenas intenciones, algunas de las razones esgrimidas desde la izquierda resultan muy discutibles. Puesto que, con buen tino, se ha reclamado un debate sereno, convendría disipar confusiones. Tanto más cuanto que hemos tardado años en iniciar esa reflexión. Ahora nos vemos conminados a hacerlo a la defensiva, tras un período de creciente influencia del islamismo en las comunidades migrantes… y frente a las campañas de odio y división social impulsadas por la extrema derecha. Pero ese es el escenario que tenemos y de nada sirve lamentarse.

            En primer lugar, se equivocan aquellos que pretenden minimizar la cuestión, reduciéndola a una anécdota de escasa relevancia: “Yo no veo ningún burka cuando paseo por mi ciudad”, “Se trata de un fenómeno residual, es un falso problema”, etc. Basta con patearse algunos barrios, como el Raval barcelonés, para constatar que la “anécdota” ha dejado de ser tal. Mucha gente, sobre todo de condición humilde, lo ve, puede sentirse chocada… y el reproche hacia una izquierda de “pijos”, alejados de la realidad, adquiere inmediatamente visos de verosimilitud. Porque lo que constatamos en las calles no es sólo la presencia de un cierto número de burkas, sino la proliferación de toda una serie de vestimentas, endosadas exclusivamente a las mujeres, que van desde prendas de menor intensidad rigorista que el velo integral – como el hijab – hasta el simple pañuelo que oculta los cabellos de mujeres, adolescentes y niñas, y cuya presencia hemos normalizado en todos los ámbitos del paisaje urbano.

            Conviene abrir el foco. Nos lo están reclamando desde el feminismo de la igualdad. Y muy especialmente lo están reivindicando voces como la de la escritora catalana Najat El Hachmi, que denuncia la imposición de esas prendas como un marcador de sometimiento sexual y de subordinación al poder masculino; una auténtica prisión de los cuerpos que anula la dignidad y la autonomía de las mujeres, convirtiendo en papel mojado los preceptos constitucionales que, en materia de igualdad entre los sexos, rigen en este país. Simbólicamente – pero de manera rotunda y efectiva -, ese marcaje vestimentario sitúa a las mujeres musulmanas en un territorio de indefensión que escapa al derecho común. ¿Quiere la izquierda debatir de eso, quiere poner en el centro los derechos de las mujeres… o prefiere evitar cuestiones espinosas?

            Si el tema se ha tornado incómodo es porque hemos ido banalizando cosas ante las que hubiésemos debido ser más vigilantes. Y hemos acabado confundiendo muchos términos. Conceptualizar. El pañuelo islámico – y a fortiori su crescendo integrista – no constituyen un hecho cultural consustancial y definitorio de una comunidad. Ni tampoco, hablando con propiedad, podemos referirnos a esas prendas como símbolos religiosos. (Aún menos deberíamos aceptar que su uso sea una opción voluntaria. Sin ir más lejos, tenemos niñas de primaria y de ESO que acuden a los centros escolares ataviadas con el pañuelo o el hijab. Algo que, como bien señala El Hachmi, ejerce una enorme presión sobre las otras niñas para que se comporten a su vez como “buenas musulmanas”). Es muy engañoso hablar de “tradición” o “cultura”. Las culturas no son legados inamovibles e impermeables. Muy al contrario, evolucionan, asimilan nuevos elementos y enriquecen a su vez a las civilizaciones con las que entran en contacto. Quienes hemos vivido la transformación de los barrios populares de una metrópoli como París, densamente poblados de emigración magrebí, hemos podido constatar cómo han ido cambiando las cosas desde los años ochenta – en que dominaba la tendencia a adoptar las costumbres sociales de la República y no se veían mujeres con velo por la calle – hasta la actualidad, en que puedes cruzarte con muchachas rigurosamente cubiertas como nunca lo estuvieron sus madres.

Bajo la globalización, hemos asistido a un fenómeno regresivo, de acentuación de los repliegues comunitarios, que ha favorecido una creciente influencia de las corrientes integristas. Una influencia financiada por determinados gobiernos árabes, pero facilitada también por la progresiva difusión de la visión posmoderna de unas sociedades multiculturales. Es decir, de unas sociedades marcadas por la disolución del vínculo laico y democrático de una ciudadanía con iguales derechos y deberes, y su sustitución en el imaginario colectivo por la coexistencia de distintas comunidades étnicas y culturales autodeterminadas. En efecto. Venimos de décadas de un “choque de civilizaciones” que ha tenido su sorda repercusión en unas naciones occidentales que se han tornado cada vez más diversas, pero donde, al mismo tiempo, el ascensor social se ha gripado. Importa subrayar, como lo hace la escritora Gemma Lienas por cuanto se refiere a esa diferenciación comunitaria, que son siempre las mujeres, a costa de su libertad individual, las encargadas de sostener el estandarte de una pretendida herencia cultural singular: los hombres pueden gozar, desinhibidos, de los hábitos de la modernidad occidental… mientras ellas permanecen atrapadas en la Edad Media.

            El legado de esos años – y el relativismo en que ha incurrido también buen parte de la izquierda – explican que, además de admitir contra cualquier evidencia que el velo representase un símbolo de fe – y no de sumisión a la potestad masculina -, se haya podido aceptar que los supuestos mandatos de una creencia religiosa se impusieran sobre los derechos civiles. Desgraciadamente, abundan los fallos judiciales en los que tales derechos quedan desdibujados ante la primacía de la libertad religiosa. Pero lo cierto es que nuestro ordenamiento jurídico, construido a través de la deliberación democrática, persigue actos contrarios a los derechos humanos, como la mutilación genital o las bodas forzadas – por mucho que algunas voces arguyan que se trata de costumbres ancestrales que no deberíamos juzgar desde la supuesta superioridad de nuestra mirada europea -. En una palabra: lo que la democracia defiende son valores y derechos universales. Cerrar los ojos ante la función del velo islámico como vector de violencia patriarcal equivale a admitir que las mujeres musulmanas no son acreedoras ni sujeto de tales derechos.

En momentos críticos de la Historia como el que estamos viviendo, el papel que se atribuye a la mujer se torna definitorio del modelo de sociedad que las distintas tendencias en liza propugnan. Y aquí reside el nudo de la cuestión. En el caso que nos ocupa, las mujeres se encuentran bajo el fuego cruzado de dos extremas derechas. El fuego de una extrema derecha “nacional” – Vox o Aliança catalana -, que señala las tétricas siluetas de las mujeres aprisionadas por el burka para criminalizar al conjunto de la emigración. Y el fuego del islamismo, que quiere imponer su ideología oscurantista en esas comunidades, encerrándolas en una burbuja de normas asfixiantes. ¿Podríamos hablar de libertad religiosa o de “tradición” en países como Irán o Afganistán, sometidos a crueles poderes integristas que uniformizaron por la fuerza sociedades que anteriormente habían conocido etapas de tolerancia y costumbres secularizadas? En realidad, las dos extremas derechas tienen una concepción muy similar acerca del papel de sumisión que correspondería a la mujer… y propugnan un modelo de sociedad igualmente autoritario. Es fundamental captar la profundidad de esa convergencia reaccionaria contra la libertad de las mujeres para conceptualizar correctamente el problema al que nos enfrentamos.

Un problema que no es fácil tratar desde la actuación de los poderes públicos – para empezar, habría que alinearlos en torno a un diagnóstico correcto -… y un problema que, de todos modos, no puede resolverse de manera administrativa. ¿Podría prohibirse la presencia del burka, atentatorio contra la dignidad de la mujer, en el espacio público? Probablemente sí. Del mismo modo que convendría inadmitir el uso del pañuelo en los centros educativos. (Aunque no será sencillo construir consensos y llegar a ello. Plantear la cuestión abrirá sin duda apasionadas controversias en la sociedad, entre el alumnado y en la propia comunidad educativa. Por no hablar de una jurisprudencia que no ha obrado precisamente en favor de la laicidad y de las presiones políticas que distorsionarán el debate. Tarde o temprano, sin embargo, habrá que afrontarlo).

En cualquier caso, normas o prohibiciones no surtirán el efecto deseado – al contrario, podrían generar rechazo, cierre de filas, incomunicación, mayor intimidación de mujeres y niñas… – si no se sostienen sobre una toma de consciencia y un cambio de perspectiva de la propia sociedad. La primera tarea de los poderes públicos es dar voz a quienes hasta ahora han estado silenciadas, favorecer la acción comunitaria y el empoderamiento de asociaciones y colectivos de mujeres. Ahí radica la esperanza y la fuerza del cambio. Y ante todo hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre. Conceptualizar.

Lluís Rabell

19/02/2026