Sucedió en Cuba hace unas semanas. El referéndum sobre el nuevo Código de la Familia, celebrado el pasado 25 de septiembre, proponía la adopción, en un mismo pack, del matrimonio homosexual y de la “gestación subrogada”. Es decir, el reconocimiento de un derecho civil, incorporado a las legislaciones de las democracias más avanzadas, al mismo tiempo que la naturalización de una práctica – los “vientres de alquiler” – que atenta contra los derechos humanos y supone la explotación reproductiva de millares de mujeres pobres. Un caramelo envenenado. Un avance civilizatorio envolviendo una terrible regresión en materia de igualdad.

            Salvando todas las distancias – aquí se trataba del voto de enmiendas a la totalidad referidas a dos proyectos legislativos distintos, pero sometidas a consideración durante la misma sesión parlamentaria -, algo similar ocurrió ayer en el Congreso de los Diputados. Las dos leyes estrella del Ministerio de Igualdad superaron el trámite, al ser derrotadas las iniciativas de PP, Vox y Ciudadanos. Lo que permitió a Irene Montero sacar pecho, erigiéndose de algún modo en portavoz de “la mayoría feminista” de la cámara. Pero, una vez más, se trata de un caramelo envenenado. Un proyecto se refería al derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, ampliando los márgenes de ese derecho y reforzando las garantías asistenciales para hacerlo efectivo. El otro era la famosa “Ley Trans”, que ha suscitado una oleada de contestación en el seno del movimiento feminista. Una contestación que agita las propias filas del PSOE. Carmen Calvo, presidenta de la Comisión de Igualdad, ha manifestado públicamente su desacuerdo con el proyecto. Veremos lo que da de sí el debate de enmiendas en dicha comisión: la ley será tramitada por vía de urgencia, reduciendo plazos, evitando comparecencias y secuestrando la discusión a la opinión pública. En cualquier caso, Irene Montero se ha puesto en modo cubano dando a entender que la consolidación del derecho al aborto formaba parte del mismo impulso progresista que la ley transgenerista, cuyo trasfondo misógino y homófobo, particularmente dañino para la salud de los menores, viene siendo denunciado desde distintos ámbitos.

            Hay que advertirlo por enésima vez: la “victoria” de las izquierdas en la votación de ayer preludia una amarga derrota. En realidad, son las derechas quienes mejor se están situando en esta controversia. El empeño del Ministerio de Igualdad, por muy jaleado que esté por el activismo trans y el lobby fármaco-médico, se despliega ya a contrapelo de la experiencia de aquellos países que fueron pioneros en este tipo de legislaciones. La ministra debería echar un vistazo a lo que está ocurriendo en Gran Bretaña. Unas mil familias demandan a la Unidad de Identidad de Género de la clínica Tavistock – la única del sistema británico de salud pública -, donde sus hijos fueron diagnosticados “trans” y alentados a transicionar médicamente. Una investigación independiente trató de discernir las causas del vertiginoso aumento de casos durante la última década: el 1.460% entre los chicos y el 5.337% por lo que respecta a las chicas. Una auténtica epidemia. La investigación reveló que el personal sanitario se sentía presionado para emitir ese diagnóstico y aplicar una terapia afirmativa, sin explorar otras posibles causas del malestar de sus pacientes. Un malestar que puede responder a múltiples factores, que se expresan de forma particularmente angustiosa en el difícil período de la adolescencia: desde una homosexualidad no aceptada hasta las secuelas de malos tratos, trastornos diversos, síndrome autista no diagnosticado… o el simple contagio, en una época en que la pornografía mainstream y redes sociales bombardean a los jóvenes con exigentes pautas de apariencia y comportamiento en las que difícilmente encajan. Sobre todo las chicas. Mientras las autoridades británicas han decidido clausurar la unidad de Tavistock, la arquitectura legislativa que corona la “Ley Trans” – echando el cierre a un entramado de quince leyes de rango autonómico, con sus correspondientes protocolos educativos y sanitarios – nos empuja por el camino que están desandando en otros países.

            ¿Cuánto sufrimiento de menores y familias será necesario para que esa izquierda embobada con las teorías queer aterrice en la realidad? La derecha y la extrema derecha ya se han percatado de la vía de agua que pueden abrir en la línea de flotación de la izquierda. En el curso del debate, Irene Montero reprochó al PP que, en 2019, hubiese firmado un acuerdo con el resto de grupos parlamentarios reconociendo la “libre identidad de género”, mientras que ahora “alimentaba la transfobia” al oponerse al proyecto de ley hoy propuesto a la cámara. De hecho, no es sólo eso: las comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Galicia, cuentan con su ley trans, y en todas ha habido estos años consenso entre izquierdas y derechas para adoptar disposiciones similares. (Y es cierto, como dice Pilar Aguilar, que el transactivismo, siguiendo una hábil estrategia, coló sus postulados “por la puerta de atrás” de los parlamentos autonómicos, sin conocimiento, ni debate ciudadano. Puedo dar fe de ello, incluso con un punto de autocrítica: el programa de la confluencia de izquierdas “Catalunya sí que es pot”, que encabecé en septiembre de 2015, contenía ya referencias a la “despatologicación” de la disforia de género y a la revisión de la ley de 2007 sobre el cambio registral de sexo. Algo que en aquel momento todos entendimos como el rechazo de la discriminación hacia un determinado colectivo y que no suscitó discusión alguna).

            Lo que no entiende la ministra es que, a diferencia de la izquierda, la derecha no necesita ser coherente. Su influencia se construye por medios muy distintos. Y la derecha y la extrema derecha han captado que, más pronto que tarde, muchas familias empezarán a preguntar, alarmadas, qué están haciendo con sus hijos e hijas en las escuelas y en la sanidad pública. La agrupación AMANDA, que cuestiona el autodiagnóstico de los menores, y que ha pedido ser oída por el Congreso, dice con acierto que “no contaban con las madres”. Eso ocurre con frecuencia. En su día, la nomenklatura soviética no contó con las madres de los soldados que volvían de Afganistán en ataúdes de zinc. Putin tampoco cuenta con las madres de los muchachos que pretende mandar como carne de cañón a Ucrania. Sin embargo, los comités de madres resurgen. Ellas siempre acaban por erguirse, defendiendo la vida. La izquierda debería saberlo mejor que nadie. Pero para nuestra desgracia, es la derecha quien demuestra tener mejor olfato.

            ¿Hasta cuándo cree la ministra que podrá seguir con su lenguaje de secta iluminada? Cuando Vox dice que hay niños y niñas conecta con el sentido común del común de los mortales y no hace más que enunciar una evidencia biológica: como resultado de millones de años de evolución, la especie humana se reproduce a través de una estrategia binaria y no conoce más que dos sexos. Ni se “asignan”, ni pueden modificarse. Que la izquierda compre la idea de un sexo atribuido arbitrariamente, mientras que el género – es decir, los mandatos socio-culturales que dictan el semblante y el comportamiento de hombres y mujeres, sometiendo éstas a los varones – respondería a una identidad, a una esencia innata, revelada a cada individuo por una voz interior, demuestra una desorientación total, por no decir una descomposición ideológica. Cuando la ministra oye hablar a “une niñe”, ¿acaso no reconoce en sus palabras, cuyo significado no está al alcance del incipiente desarrollo físico, psicológico y emocional de una criatura, un elaborado discurso de adultos, declamado para complacerles? Si la derecha más ultramontana acaba apareciendo como la que tiene el valor de decir que el emperador va desnudo, mientras la izquierda sigue delirando, no será para restablecer la coeducación en las escuelas, ni para promover una formación sexual y afectiva basada en el respeto y la igualdad. En la medida que la izquierda reparte dudosos caramelos, la derecha puede envolver con verdades incuestionables los más rancios estereotipos y jerarquías sexistas… y presentarlos como un retorno a la sensatez.

            Irene Montero tiene toda la razón del mundo en alarmarse ante el aullido de la manada que nos llega desde los más elitistas colegios mayores. ¡Pero es que Unidas Podemos ni siquiera se atreve a promover o apoyar una legislación abolicionista! El grito de “putas” proferido por los machotes del Elías Ahuja es, efectivamente, “cultura de la violación”, y constituye una amenaza para todas las mujeres. Pero, ¿no lo es acaso la pornografía? ¿Y no es la prostitución una violación tarifada? La derecha puede permitirse el lujo de decir hoy una cosa y mañana lo contrario. Pero la izquierda no, porque pretende cambiar el mundo. Por eso sus incoherencias allanan el camino a lo peor. Refiriéndose a la izquierda, dice, profundamente dolida, Pilar Aguilar, promotora de la iniciativa política “Feministas al Congreso”: “En determinadas épocas, escuchó a las feministas que militaban en su seno. Pero, ante una tesitura delicada, no tiene reparos en sacrificarnos en pro de ‘objetivos más altos’. (…) Bueno, sí, las feministas patalearán, pero son pocas y sin grandes recursos…”.

            Es posible que algún spin doctor haga efectivamente este cálculo: el transgenerismo está de moda y subirse a su carro reportará más votos de los que puede restar el enfado de las feministas. Puede incluso que ese cálculo, electoralista y sin principios, resulte acertado… a corto plazo. Pero, desde luego, no más. Y aún eso está por ver. ¡Ay de la izquierda si se olvida de contar con las madres!

            Lluís Rabell

            7/10/2022