(Entrevista publicada por el Diario Vasco – CRISTIAN REINO Domingo, 4 septiembre 2022)

Se cumplen cinco años de los momentos culminantes del ‘procés’. El 6 y 7 de septiembre se aprobaron las leyes de la
desconexión: la Ley de Referéndum y la de Transitoriedad jurídica y Fundacional de la República.

¿Por qué cree que no hay interés por parte del independentismo en conmemorar el 6 y 7 de septiembre?
El independentismo prefiere correr un tupido velo acerca de aquellas jornadas. Porque ahí es donde, más allá de cualquier envoltorio sentimental, se puso sobre la mesa un proyecto político definido, una suerte de proto-constitución del nuevo Estado. Y, claro, la imagen de esa República… Cuando lees la proposición de ley, lo que diseña es un estado iliberal, una democracia iliberal, más cercana a un presidencialismo autoritario que a otra cosa. Fue el intento de imponer el proyecto de una mitad del país sobre la otra mitad. En ese sentido, el independentismo dio una imagen poco edificante. Ese intento condujo a una situación catastrófica, de malas consecuencias para el autogobierno, para la economía y para la convivencia.

¿Por qué mantiene que el 6 y 7 de septiembre fue el momento culminante del ‘procés‘, aún más que el 1-O o el 27-O?
Porque una cosa es alimentar un movimiento, una agitación social, y otra definir los fundamentos de un nuevo
Estado, proponer un esbozo de Constitución. En aquel diseño no había separación de poderes: el poder judicial estaba sometido al
Ejecutivo. Y también porque a ese Estado independiente querían llegar por métodos no democráticos, saltándose el marco jurídico
establecido. Las fuerzas independentistas rompieron unilateralmente la baraja y los acontecimientos se precipitaron. Tuvimos los primeros
indicios de un posible enfrentamiento civil.

¿Cree que hubo ese riesgo de enfrentamiento civil?
Se jugó con fuego. La situación se les fue de las manos. ERC contaba – y ahí se equivocó – con que, a la hora de la verdad, los
convergentes se asustarían y echarían el freno de mano. Pero la radicalización de las bases y la propia dinámica de los
acontecimientos les sobrepasó a todos. Al final, nadie supo frenar a tiempo. Sabían que aquello iba a acabar mal. El 27-O fue una
autoinmolación. Los líderes políticos del ‘procés’ actuaron como unos aprendices de brujo, desatando unas fuerzas que fueron incapaces de
dominar. A veces, creemos que lo que pasa aquí nos ocurre solo a nosotros, pero con frecuencia se trata de expresiones particulares,
nacionales, de grandes tendencias globales. En estos momentos, asistimos a fenómenos de polarización en todas las sociedades
occidentales y a una radicalización del discurso de las fuerzas conservadoras. Una radicalización de rasgos populistas, que linda con
las tesis de la extrema derecha y que rebasa la cultura política de la derecha tradicional.

¿Compara el ‘procés‘ con el ‘trumpismo’?
Ambos fenómenos se inscriben en una misma oleada de fondo, marcada por la crisis de las soberanías nacionales y las democracias representativas – inducidas por el ‘desorden global’ – y la consiguiente agitación de unas clases medias atemorizadas ante la perspectiva de su decadencia… que acaban creyendo que un cierto repliegue nacional las protegerá mejor de las turbulencias económicas y geopolíticas.

¿Está de acuerdo en que el 6 y el 7 de septiembre el Parlament fue prácticamente independiente durante 24 horas porque aprobó
todo lo que quiso sin que el Gobierno ni los tribunales actuaran?

Siempre he evitado emplear el término ‘golpe de Estado’, porque en el imaginario colectivo lo asociamos a una asonada militar, a una intervención sangrienta contra las instituciones democráticas. Pero, en términos estrictamente jurídicos, lo que ocurrió el 6 y 7 de septiembre fue propiamente un golpe de estado: una subversión del ordenamiento jurídico vigente por métodos ilegítimos. De un plumazo, se abolió la Constitución y el Estatuto. Visto en perspectiva, me atrevería a decir que, si en algún momento procedió aplicar el artículo 155, fue tras la aprobación de las leyes de desconexión.

El PP y Ciudadanos aplaudieron el discurso de su compañero Coscubiela. ¿Qué significado cree que tuvo aquel gesto?
Llevábamos dos jornadas broncas y agotadoras. La emotividad estaba a flor de piel. Hubo una intervención de Marta Rovira
burlándose en términos realmente insultantes del Consell de Garanties Estatutàries. Puigdemont aplaudió. Nos pareció una actitud intolerable por parte de quien debía velar por el respeto de las instituciones. A Joan Coscubiela le salió del alma la crítica vehemente de esas formas antidemocráticas. Su discurso fue profundamente de izquierdas: no hay nada más progresista que preservar aquellos marcos jurídicos que protegen a los más desamparados. Nos jugábamos el honor de una cierta tradición de izquierdas.

¿Ya veía que el procés acabaría con un referéndum y con la declaración de independencia?
Aprobada la Ley de Referéndum, estaba claro que iban a mantener esa convocatoria. Por lo que respecta a la DUI, pensábamos
que Puigdemont quizá frenaría antes de lanzarse al precipicio. Hasta el 26-O por la tarde, en nombre de la preservación del autogobierno, le
imploramos que convocara elecciones y evitase el choque institucional con el Estado. Puigdemont era partidario de ir a elecciones.
Al final, cedió a la presión de su entorno. Ha acabado siendo prisionero del personaje creado por la dinámica del ‘procés’.
Actualmente, estamos ante una caricatura. Waterloo se asemeja una corte carlista, es algo fantasmagórico. El ‘exilio’ apela a una
ensoñación que todavía late en una parte de la sociedad catalana, pero que ya no se corresponde en absoluto con la realidad. Es un
fantasma del pasado, pero en un momento dado puede convertirse de nuevo en un problema.

¿Cómo se soluciona?
Es complicado. Hay una vía: una reforma del Código Penal, ajustándolo a los cánones europeos en materia de sedición y
rebelión, de tal modo que Puigdemont pudiera acogerse a ese nuevo marco y evitar la repetición de lo vivido con el traumático
encarcelamiento de Junqueras y los demás líderes enjuiciados por el Tribunal Supremo. Pero, tarde o temprano, deberá ponerse a
disposición de la justicia española. Desde luego, no es tarea fácil acometer esa reforma para el actual gobierno de coalición de
izquierdas, que se sostiene sobre una compleja aritmética parlamentaria. Sin embargo, importa encontrar una salida a ese
problema, que lleva demasiado tiempo enquistado.