Permítame el bueno de Paco Candel, allí donde se encuentre, que le tome prestado el título. No se me ocurre otra denominación mejor para designar a toda esa parte de la sociedad catalana que no se reconoce en el independentismo, pero que deberá formar parte de la solución al conflicto. El indulto concedido por el gobierno de Pedro Sánchez a los líderes del 1-O abre la posibilidad de empezar a abordarlo desde el diálogo. No es poca cosa. Pero hay que ponerse a ello. Y no va a ser tarea fácil: los exabruptos de la derecha y la extrema derecha, así como el desprecio con que los sectores independentistas más radicalizados han acogido la medida de gracia, indican que hay fuerzas deseosas de hacer descarrilar cualquier negociación, especulando con los beneficios que, a un lado y otro, ya sea para desgastar al gobierno de izquierdas o para hegemonizar el campo soberanista y controlar la administración autonómica, podría reportar un persistente clima de tensión.

La excarcelación de Oriol Junqueras y del resto de condenados ha dado pie a una catarata de especulaciones – y de fundadas inquietudes, todo hay que decirlo -. ¿Cuál será la actitud de ERC? ¿Responderá con valentía al gesto arriesgado de Sánchez? Las dudas son legítimas. Es cierto: había que dar por descontado que, al pisar la calle, los dirigentes independentistas iban a lanzar encendidas proclamas a favor de la amnistía y la autodeterminación. ¡Ojalá sirvan para que les sigan escuchando unos seguidores a quienes habían prometido e advenimiento de una República… y que deberán reconducir al realismo de una negociación que no puede desembocar en ese objetivo! Pero también es cierto que las palabras las carga el diablo. Casado, Abascal y Arrimadas aprovechan cada una de esas declaraciones para caldear los ánimos de la opinión contraria a los indultos. Y, desde Waterloo o desde las filas de la CUP, no dejarán de utilizarlas para presionar a ERC. Pero sería ocioso especular acerca de la firmeza o la lealtad de que serán capaces los dirigentes republicanos. Para la izquierda, la única manera seria de abordar el desafío, es preguntarse qué va a hacer ella misma en este nuevo tiempo que comienza. Porque de eso dependerá en gran medida el comportamiento del resto de actores.

En un proceso de reencuentro es necesario hacer gala de paciencia y de empatía. Pero también de firmeza y honestidad hacia todos los implicados en el conflicto. Primero Miquel Iceta,y ahora Salvador Illa, han insistido sobre un extremo que parece quedar diluido entre el ruido mediático en torno a los indultos y la mesa de negociación entre el gobierno de España y la Generalitat: la necesidad de restablecer un diálogo reparador en el propio seno de la sociedad catalana. No podemos obviar ni minimizar el desgarro que supuso el “procés” para la convivencia. El independentismo sólo representa a la mitad del país. Eso es mucho, pero no todo. Conviene subrayarlo, porque poderosos factores empujarán a que se eche en olvido a “los otros catalanes”.

En primer lugar, ese será el interés del independentismo, que tiende a verse a si mismo como el genuino representante de la nación. La propia ERC aspira a imitar al Partido Nacional escocés, ocupando una amplia centralidad socio-política y asentándose sobre las clases medias, las menestralías, una parte de las clases populares e incluso capas superiores del sindicalismo. No cabe duda de que utilizará el valor de sus votos en el Congreso de los Diputados para alzarse como EL interlocutor del gobierno español, tratando de reforzar así su autoridad en Catalunya… y arrinconando a la izquierda federalista. Pero un pacto con media Catalunya, si llegara siquiera a vislumbrarse, nacería cojo y condenado de antemano al fracaso. Las izquierdas deben ser claras al respecto. Y no lo están siendo lo suficiente.

Jaume Asens, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, ha saludado el indulto de unos líderes que habrían sido injustamente encarcelados por su “disidencia política”. ¿Disidencia? Lo que ocurrió en septiembre/octubre de 2017 no fue un acto de disidencia, la expresión de un pensamiento discordante que el Estado español, intolerante, se tomase a mal y reprimiese. El independentismo, en una alocada huida hacia adelante y pisoteando los derechos de representación democrática, abolió la Constitución y el Estatut de Catalunya, sin tener para ello legitimidad social ni amparo legal alguno. A ojos de muchos de nosotros, el castigo infligido por el Tribunal Supremo fue desproporcionado. Los hechos de aquel sombrío otoño encajan mal en los parámetros de un delito de sedición. No hubo violencia por parte del independentismo. Pero lo acaecido no fue una nimiedad. Se asemeja más bien a lo que, en tiempos de la IIª República, se hubiese caracterizado como un “delito contra la forma de gobierno”: un intento de subvertir de manera ilegal – aunque fuese sin recurrir a las armas – el orden democrático establecido. (Se pensaba entonces en la substitución del gobierno republicano por otro autoritario o monárquico). La “Ley fundacional” del 7 de septiembre dibujaba precisamente un Estado de rasgos autoritarios. La declaración de la República Catalana no pasó, por fortuna, de un penoso simulacro. Conviene recordar, sin embargo, lo que decía el viejo Engels: “El Estado son destacamentos de hombres armados”. No hay ley sin capacidad coercitiva. De haberse intentado la aplicación de la legalidad “disidente”, que diría Jaume Asens, hubiera sido violentando necesariamente a más de la mitad de la población catalana, sus sentimientos y sus derechos. No llegamos al conflicto civil. Pero alguien estuvo jugando con fuego.

No podemos encarar esta nueva etapa insistiendo en los reproches. Pero tampoco acreditando relatos que cierren en falso los episodios anteriores, pues eso dificultaría alcanzar acuerdos viables. La idea misma de un referéndum de autodeterminación no sólo es cuestionable por evidentes razones de orden jurídico, sino en relación a la profunda división social que provocaron aquellos acontecimientos. La experiencia del Brexit – cuya onda desestabilizadora de la economía, la sociedad británica en su conjunto y la propia continuidad del reino Unido aún no ha terminado de expandirse – debería ser concluyente. No se puede empujar a la ciudadanía a responder a una pregunta que carece de respuesta racional y la divide emocionalmente. Hoy, la tarea consiste en tejer un razonable pacto de convivencia que permita afrontar los enormes retos de las próximas décadas. La clase trabajadora, cuyo progreso depende de ello, es la primera interesada en alcanzar ese pacto. Un pacto que deberá tener mimbres federales. Porque se tratará de conjugar las singularidades nacionales – y el propio autogobierno – con la cooperación y la corresponsabilidad en la gobernanza de España. ¿Acaso no es razonable pensar que el conflicto catalán encontrará alivio y principio de solución en una dinámica federal que permita superar el “fatiga de los materiales” del modelo autonómico? Y ¿no será acaso el abordaje político de ese conflicto lo que nos empuje hacia tal dinámica? En cualquier caso, corresponde a las izquierdas dar voz a esa otra parte del país, la que no sale reflejada en TV3, esa Catalunya mayoritariamente humilde y trabajadora que se sintió expulsada de la catalanidad. Sólo el reconocimiento mutuo, el diálogo y, al cabo, la recomposición de la unidad civil pueden cimentar una solución. 

Lluís Rabell

24/06/2021