La edad otoñal de sus miembros aconsejaría que, con honores militares o sin ellos, pudieran volver a casa. Pero diríase que el sino de esta patrulla es permanecer emboscada en la jungla. Apenas nos habíamos aventurado en terreno descubierto que un dron del Ministerio de Igualdad nos detectó y transmitió nuestra geolocalización, convirtiéndonos en blanco fácil. Entiéndase todo esto, naturalmente, en modo alegórico. Patrulla Nipona fue la apelación humorística que se dio a sí mismo el núcleo de diputadas y diputados que sostuvo el grupo parlamentario de CSQP durante la agitada XI legislatura. El término evocaba el abandono en que nos había dejado nuestro Estado Mayor. De hecho, la dirección de los comunes nunca nos reconoció como su referente parlamentario. Y eso por razones eminentemente políticas, que fueron decantándose en aquella fase tan convulsa del “procés” que nos tocó vivir. El momento crítico se produjo durante las jornadas del 6 y 7 de septiembre de 2017. A pesar de las presiones para suavizar su postura, el grupo entendió que no había margen de conciliación con las leyes de desconexión que pretendía imponer el independentismo. Los derechos de la oposición pisoteados, la Constitución y el Estatut abolidos, un referéndum convocado sin potestad ni garantías… y el esbozo de una República de rasgos autoritarios: cabalgando la oleada populista que él mismo había amplificado, el independentismo atropellaba literalmente la democracia. Una izquierda seria, sabedora del alto precio pagado por la clase trabajadora para conquistar las libertades y consciente de que son los más débiles quienes necesitan el amparo de las leyes y las instituciones democráticas, no podía por menos que oponerse a semejante aventura. Ese fue el sentido del famoso discurso de Joan Coscubiela – y, a finales de octubre, de nuestro ostensible “no” a una declaración de independencia que ni siquiera sus promotores tenían claro que lo fuera. Gestos que fueron cálidamente acogidos por los sectores militantes de la izquierda política y sindical más tradicional… pero que horrorizaron a la dirección de los comunes, decidida a acompañar al independentismo en su convocatoria del 1-O.
Así fueron las cosas. La singladura de CSQP quedaría enterrada, como un episodio más o menos vergonzante. Nadie que quiera salir en la foto o formar parte de una candidatura se atreverá a reivindicar ese pasado. Pero he aquí que, en plena campaña electoral, Irene Montero ha logrado en cierto modo revivirlo. Venida a Barcelona para respaldar la campaña de En Comú Podem, la ministra de Igualdad ha reincidido en los tópicos del marco mental independentista que han capturado a la izquierda, empezando por la invocación de los presos políticos. Que se trate de líderes políticos y que su encarcelamiento sea indeseable desde muchos puntos de vista, no hace de ellos presos de conciencia. Muchos pensamos que el indulto es necesario para poner fin a un severo castigo que mantiene profundas heridas abiertas en el seno de la sociedad catalana. Sin eso, ningún diálogo podría prosperar. Sin embargo, no se puede acreditar, y menos que nadie una ministra de su gobierno, que España no sea Estado de Derecho. Ni tampoco que la conducta de los líderes independentistas haya sido un dechado de virtudes democráticas. Antes bien lo contrario. En ese sentido, Irene Montero incide de nuevo en el meollo de la cuestión, todavía no resuelta en el seno de la izquierda alternativa desde octubre de 2017; una cuestión que quedó más o menos tapada con la muerte civil de la “patrulla”. Hasta tal punto llega el despropósito que, oyendo a la ministra o escuchando al vicepresidente Pablo Iglesias, mucha gente de buena fe se pregunta si Podemos apuesta por su candidata a la Generalitat… o si hace campaña a favor de ERC, blanqueando de paso al “exiliado” Puigdemont. En una cáustica analogía, José Luis López Bulla rememoraba ayer en su blog los tiempos en que el gobierno soviético recibía con gran pompa al general De Gaulle, mientras ninguneaba al entonces influyente PCF. Desde luego, como apunta el veterano sindicalista, no sería esa una inspiración demasiado recomendable para la nueva izquierda.
Probablemente sin premeditación, al albur de una entrevista, Irene Montero ha acabado disparando contra los supervivientes del destacamento perdido tras las línea enemigas. En efecto. Como era de temer, la ministra ha aprovechado su visita para hacer una encendida defensa del borrador de “Ley Trans” confeccionado por su departamento. Y lo ha hecho con su habitual desenvoltura: ignorando a las juristas que le advierten que la llamada “autodeterminación de género” no puede asimilarse a un derecho humano, ni está amparada por convenio internacional alguno… o despreciando a los numerosos colectivos feministas que señalan la amenaza que supone para los derechos de las mujeres el borrado del sexo biológico, así como los peligros que supone el articulado para el normal desarrollo de menores y adolescentes. Un tema complejo y controvertido requeriría algo más de humildad… y algo más de rigor. Así, “Nació Digital” pregunta a la ministra si le sorprende que antiguos “compañeros de viaje” como Gemma Lienas, Joan Coscubiela o Lluis Rabell “se opongan a una ley para proteger los derechos de las personas trans”. Una manera falaciosa de presentar las cosas, pues da a entender que nos oponemos a los derechos de un colectivo, y no a un determinado planteamiento jurídico que – creemos – no protege ningún derecho humano y, por el contrario, amenaza los de mujeres, menores, gais, lesbianas y transexuales. Pero la ocasión era demasiado bella como para dejarla pasar: “Cuando ellos fueron candidatos por CSQP, nuestro programa electoral era muy claro en la defensa y el blindaje de las personas trans. No sé si cambiar de espacio político implica también cambiar de ideas”.
Pasemos sobre lo de “compañeros de viaje”. Catalogar así a “Coscu”, un “psuquero” de antes de que la ministra viniera al mundo, no deja de tener su gracia. Pero lo importante no es ese ramalazo adanista. Cuando fuimos candidatos, nadie hablaba de “personas trans” en la izquierda. Estábamos en el marco de la ley de 2007 y nuestras controversias, en materia de feminismo, eran otras. Gemma Lienas y yo mismo, que íbamos como independientes en la lista de CSQP, insistimos – ¡eso sí! – en que el programa de la confluencia se abstuviera de consagrar la idea de la prostitución como “trabajo sexual”, algo desgraciadamente muy en boga en la izquierda posmoderna. Éramos declaradamente abolicionistas y advertimos que, si se daba la circunstancia de pedirnos un voto parlamentario favorable a la regulación de lo que considerábamos una violación tarifada, apelaríamos a nuestra libertad de conciencia. No se terció el caso en los dos años que duró la legislatura. Por si le interesa a la señora ministra, no hemos cambiado de ideas. Hasta tal punto que el debate “trans” lo abordamos con la misma mirada materialista y critica hacia los vientos neoliberales con que discutimos de prostitución, pornografía o vientres de alquiler. Y hasta tal punto que la única persona que ha cambiado formalmente de espacio político, Gemma Lienas, lo ha hecho porque para ella el feminismo representa una opción vital, y ha encontrado en la socialdemocracia un marco más acorde con sus convicciones. La ministra de Igualdad es una suerte de “abolicionista en la intimidad”: no insiste en sus ideas, dice, para no dividir al movimiento feminista. Ahora bien, cuando se trata de la “Ley trans” está dispuesta a lo que haga falta. Incluso a chulear a la pobre Patrulla Nipona. Han pasado los años; pero su recuerdo parece turbar el sueño de quienes, oficialmente, desconocen la existencia de ese solitario comando. No creo que eso se deba a nuestros méritos personales, sino al hecho de que la disyuntiva planteada a la izquierda en 2017 sigue sin resolverse.
Lluís Rabell
9/02/2021
Lluís Rabell 