Salvajes o federales

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La epidemia de la Covid 19 está sometiendo el Estado de las Autonomías a una extraordinaria prueba de estrés. Y no la está superando con excesiva brillantez. O, mejor dicho, el test está poniendo de relieve los límites y contradicciones de su arquitectura política: no sólo aquello que establece el ordenamiento jurídico, incluyendo los Estatutos de las distintas comunidades autónomas, sino también las “adherencias” que sobre ese esqueleto han ido fijando décadas de gestión territorial. A lo largo de las últimas semanas, las tensiones con el gobierno central han sido constantes y las acusaciones de centralismo el pan de cada día. En el caso de la Comunidad de Madrid y de Catalunya cualquier decisión ha sido contestada y leída como una maniobra política hostil o una ofensa nacional. Pero no sólo los territorios gobernados por el PP o el nacionalismo inflamado se han mostrado renuentes. Euskadi también ha dicho sentirse ninguneada, la baronía de Aragón ha tenido sus momentos de pataleta… e incluso la Generalitat valenciana, que ha destacado en todo momento por su lealtad y eficiencia, se ha mostrado descontenta por el trato recibido. La crispación ha llegado a poner en peligro la prórroga del Estado de Alarma, llevando a Sánchez a hablar de co-gobernanza y a anunciar cambios legislativos en cuanto se supere la epidemia. El analista Enric Juliana ha descrito esa atmósfera enrarecida como propia de un “federalismo salvaje”. La fórmula tiene su gracejo periodístico, pero en realidad se trata de un oxímoron: si es salvaje, no es federal.

Precisamente, si algo pone de relieve esa tensión institucional, es hasta qué punto nuestro sistema anda lejos de ser un modelo federal. Nuestro Estado autonómico viene a ser el resultado, híbrido y un tanto contrahecho, de un potencial desarrollo federalista de la Constitución, contrariado por los últimos sobresaltos de la transición. Un potencial que palpitaba en el reconocimiento de nacionalidades y regiones, y en la consiguiente necesidad de organizar la convivencia de esa pluralidad lingüística y cultural. Sin embargo, el desarrollo concreto de los acontecimientos ha generado un modelo que superpone a la estructura central y radial del Estado – cuya perenne proyección territorial son las provincias – unas autonomías compartimentadas, agregadas por aluvión y representando realidades muy dispares. El Senado español, por su modo de elección y su funcionamiento, es más una instancia legislativa de segunda lectura que una cámara de representación territorial, donde las comunidades pudieran plantear sus problemas y ejercer un contrapeso al poder central. Los ámbitos autonómicos de concertación existentes – conferencias de presidentes, encuentros de los titulares de finanzas, comisiones bilaterales… – han sido poco utilizados o se han revelado poco operativos. Desde Madrid, el ejercicio centralizado del poder no sólo ha sido una inercia, sino una práctica deliberada y ventajosa para algunos gobiernos. Así, en los años de la austeridad, el gobierno del PP centrifugaba el déficit presupuestario concedido por Europa hacia las comunidades, induciendo por esa vía sendos recortes en los servicios públicos que éstas tienen a su cargo. Por otro lado, las ventajas de la gobernanza de proximidad no se conjugaban con la participación activa de las comunidades en un proyecto compartido de España. Un ejemplo de ese grave desajuste lo tuvimos con la aplicación del artículo 155 de la CE, tras la fantasmagórica declaración de independencia de Catalunya del 27-O de 2017. Ese artículo es una copia literal de una disposición de la constitución federal alemana. Y tiene todo su sentido en un Estado compuesto, como mecanismo para llamar puntualmente al respeto del orden federal a una determinada administración territorial. En un Senado federal, son los otros Estados quienes conminan a la observancia de las reglas comunes. En el caso español, el 155 era aprobado por una cámara que aparecía instrumentalizada por el gobierno del PP, en circunstancias dramáticas y sin que hubiese operado ningún mecanismo amortiguador del conflicto. El Tribunal Constitucional – que ha conocido diferentes etapas, más o menos progresistas o restrictivas a lo largo de su dilatada trayectoria – no puede resolver por acopio de jurisprudencia aquello que la política y su derivada legislativa no ha sabido tratar adecuadamente.

La ausencia de dispositivos, instancias y voluntad federal ha propiciado que en las comunidades se desarrollasen algunas tendencias cuyo peligro hoy vislumbramos. La política del agravio comparativo ha sido una constante sobre la que se han asentado los poderes regionales, obteniendo de ella altos réditos electorales. Ese marco ha facilitado también la radicalización de los nacionalismos. En el caso de Catalunya, la Generalitat dispone de potentes resortes presupuestarios, institucionales, propagandísticos y clientelares para sostener un movimiento de masas… al tiempo que las limitaciones del modelo autonómico – y la neutralización de un proyecto federal – permiten dirigir miedos e insatisfacciones sociales contra España. Esa España que ayer “nos robaba” y hoy “nos mata”. El nacionalismo vasco ha sabido siempre sacar partido de ese régimen, mercadeando hábilmente sus contribuciones a la gobernabilidad del Estado a cambio de una ventajosa situación financiera y de inversiones estratégicas. El concierto económico es una suerte de confederalidad tributaria. El confinamiento ha puesto de relieve no obstante que el PNV es confederal en tiempos de bonanza económica… pero demandante de ayudas “federales” cuando la producción se detiene en Euskadi. La epidemia ha convulsionado ese abigarrado panorama. Y aunque la situación demandaba solidaridad y cooperación, entre los dirigentes políticos han aflorado reacciones – en eso tiene razón Juliana – “salvajes”.

¿Ha abusado Pedro Sánchez de las facultades del mando único que le otorga el Estado de Alarma? ¿Acaso no ha sabido escuchar ni consensuar las medidas de confinamiento con las comunidades? Quizás sí. Hay poderosas inercias centralistas en la rutina estatal. Y una situación extrema, que requiere decisiones rápidas y enérgicas, no puede por menos que alentarlas. Tiempo habrá para analizar la gestión y la comunicación del gobierno de coalición. Hay que decir, sin embargo, que las fricciones y desencuentros eran difícilmente evitables. Con mayor o menor margen de consulta, en medio de una crisis tan grave, alguien tiene que tomar las decisiones finales, arbitrar y zanjar. Y es imposible hacerlo a gusto de todos. Los primeros pasos de la desescalada muestran a las claras que, sin una dirección central actuando según un determinado criterio, estaríamos asistiendo a una carrera entre comunidades por ver quién recorre con mayor celeridad las etapas de desconfinamiento. Ello no debería hacer perder de vista que la heterogénea mayoría parlamentaria sobre la que se apoya el gobierno permite a algún partido autonómico, como el PNV, pesar significativamente sobre las decisiones del ejecutivo central al respecto. (Y, en ese sentido, se entienden las quejas de Ximo Puig). Pero, una vez más, si esos reproches fuesen justos, no reflejarían en modo alguno una suerte de federalismo desaforado, sino todo lo contrario: la falta de hábitos y cultura federales.

El escritor y periodista Jordi Amat hablaba en un reciente artículo, refiriéndose al comportamiento de los dirigentes autonómicos en esta crisis, de su incultura federal. Temo que el diagnóstico sea demasiado benevolente. En realidad, muchos de esos líderes se han atrincherado en sus respectivas comunidades, resistiéndose o incluso saboteando la lógica federal que requeriría la gestión eficiente y responsable de una emergencia nacional: cooperación multinivel de todas las administraciones, lealtad institucional, crítica constructiva y propositiva, disciplina ante las decisiones arbitrales… No. Lo que hemos tenido ha sido una incesante guerrilla dialéctica de la Comunidad de Madrid, presidida por el PP, tratando de erosionar a Sánchez. Y a la Generalitat gestionando la crisis en clave “procesista” y tratando de avivar sentimientos de animadversión identitaria hacia España. El PNV, más listo, se ha preocupado de su “cupo” y de poder convocar elecciones en Euskadi… antes de que se hagan sentir los duros efectos sociales del parón económico. Son los socialistas valencianos y baleares – y las coaliciones de izquierdas con que gobiernan – quienes han mostrado la actitud más netamente federal y responsable ante la necesidad de un esfuerzo mancomunado. ¿Un comportamiento insuficientemente valorado? Tal vez. Pero esa actitud apunta mucho más a un futuro de progreso – y, en estos momentos, a la manera más eficiente de afrontar lo que se nos viene encima – que los comportamientos mezquinos y egoístas de las derechas nacionalistas o el afán de supervivencia de algunos caciques territoriales. ¿Habrá algún día una derecha o un partido liberal que se reclamen del federalismo? Desde luego, eso sería beneficioso para la salud democrática del país. Hoy por hoy, sin embargo, recae sobre la izquierda la responsabilidad de reivindicar la perspectiva y los principios federales. Quizás los tiempos que se avecinan no sean favorables a los grandes consensos que requeriría una reforma constitucional ambiciosa. Tal vez sólo sea posible explorar las potencialidades de colaboración, consensos, financiación adecuada, equilibrio de competencias, gobernanza compartida… que recelan el Senado y el propio entramado autonómico. En cualquier caso, quienes han trabajado bajo la enseña de la fraternidad no lo han hecho en vano. No queremos un país de cantones irredentos, ni tribus ensimismadas. En España, en Europa… la izquierda coherente es inequívocamente federalista.

Lluís Rabell

11/05/2020

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