Responsabilidad. Los llamamientos a la responsabilidad nunca dejan indiferente a la izquierda. El dirigente sindical o vecinal que ha conducido una lucha reivindicativa sabe cuán importante es medir la correlación de fuerzas, plantear el conflicto en el momento adecuado, hacer propuestas viables, moderar impaciencias, negociar… En una palabra: hacerse cargo de la suerte del movimiento que encabeza, de su gente, de sus intereses. En no pocas ocasiones, los partidos son llamados también a considerar el bien común y el largo plazo por encima de ventajas inmediatas o comodidades particulares. Hay tradiciones de la izquierda política que han educado a generaciones militantes enteras en una aguda consciencia al respecto. Y que han pagado un alto precio por su sentido de la responsabilidad. No es admisible, pues, frivolizar con ella o invocarla en vano.

Muchas voces se alzan estos días desde distintos ámbitos reclamando que haya por fin unos presupuestos de la Generalitat. La demanda no es baladí después de tres años con las cuentas prorrogadas. Una situación que erosiona la calidad de los servicios públicos y las condiciones laborales de sus propios trabajadores, además de suponer severas estrecheces para empresas y entidades que, como las del tercer sector o la cooperación, orbitan en torno a la administración. Responsabilidad.

No deja de ser curioso que sea el gobierno independentista quien la invoca cuando es el primer responsable de semejante panorama, incapaz de llevar un proyecto al Parlament ni de buscar una mejor financiación autonómica, atareado como estaba con el “procés”. Pero he aquí que una parte de la izquierda, tras negociar un acuerdo presupuestario con los representantes de ERC, abraza también la lógica de la responsabilidad y conmina al resto a adherirse a dicho pacto. Sin embargo, las mejores virtudes, transformadas en un absoluto, devienen su contrario. El sentido de la responsabilidad debe ser declinado en toda su amplitud y conjugado con otros parámetros, so pena de sucumbir a chantajes emocionales y relatos demagógicos. Y es que, una vez iniciado el examen de las cuentas que presenta el Govern, empieza a constatarse que no era oro todo lo que relucía. En otras palabras: desde una óptica de izquierdas, habría muchas y poderosas razones para rechazar esos presupuestos. Basta con considerar algunos datos para percatarnos de que andan lejos de blindar los servicios públicos o cerrar las heridas de la austeridad.

Hay cosas de las que poco se habla y que, no obstante, dicen mucho acerca de la filosofía que sustenta estas cuentas. Es el caso de la negativa a actualizar el índice de la llamada “renta de suficiencia”; un referente congelado desde 2010, que sirve de base para determinar el acceso a toda una serie de prestaciones sociales. (La adecuación del IRSC al incremento del coste de la vida tendría, por ejemplo, una notable repercusión en las asignaciones de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Vale la pena recordar que este dispositivo de lucha contra la pobreza, adoptado al final de la anterior legislatura, sigue sin disponer de un reglamento de aplicación… y que la Generalitat ha denegado el 81% de las solicitudes presentadas). El hecho de que se recurra a semejantes maniobras para la contención del gasto social, aparte de la poca sensibilidad que revela, proyecta muchas dudas sobre el pretendido carácter expansivo de los presupuestos en otras áreas. “En sanidad – dice Vidal Aragonés, diputado de la CUP, formación cuyas discrepancias estratégicas con el Govern le han llevado esta vez a situarse en la oposición y estudiar críticamente los números – se mantiene prácticamente todo igual. Los incrementos corresponden a una mayor demanda y a costos superiores. Nos mantenemos en la realidad de los últimos nueve años, todavía muy por debajo de 2010. El modelo de gestión privada permanece intacto”. Pero tampoco hay para tirar cohetes en enseñanza, cuyas cuentas quedan muy desfasadas respecto a las nuevas necesidades y a los retos en materia de educación inclusiva y segregación escolar – factor decisivo en la reproducción y ahondamiento de las desigualdades sociales. Las mejoras obtenidas por los Comunes en los tramos autonómicos del IRPF, sucesiones o fiscalidad verde, tienen mayor alcance cultural – por cuanto se refiere a fomentar la consciencia de un esfuerzo tributario más acorde con las rentas de cada cual o a la necesidad de atender a la emergencia ecológica – que efectos recaudatorios a corto plazo. El 0’61% de ingresos suplementarios que supondrían en lo inmediato esas reformas difícilmente puede alterar el sesgo de estos presupuestos, mucho más continuistas de lo que se quiere admitir. Veremos qué da de si el paso por las comisiones que deben desmenuzarlos.

Entonces, ¿por qué se hace la izquierda alternativa responsable de unos presupuestos tan discutibles? ¿Por qué los embellece, presentándolos como un punto de inflexión tras una década de recortes – cosa que, desde luego, no representan? ¿No estaremos hablando en realidad del gobierno que debe surgir de las próximas elecciones catalanas? ¿No estaremos acaso proyectando nuestras fantasías a través de ese debate? La – aplaudida – secuencia “primero presupuestos, luego elecciones” no hace sino conferir una sobrecarga política a los primeros… y embrollar la percepción de lo realmente se dirime en esos comicios. Ha empezado ya el bombardeo de encuestas sobre intención de voto y, con ellas, las especulaciones acerca de los posibles escenarios y combinaciones que deparen las urnas. ¿Habrá de nuevo mayoría independentista en el Parlament? ¿Veremos a otros actores en liza? ¿Alumbrará esa contienda la posibilidad de un nuevo tripartito?

Los Comunes reivindican insistentemente esa fórmula. Y a si mismos como el cemento de una coalición que, hoy por hoy, rechazan tanto ERC como el PSC. Pero la cuestión del próximo gobierno no se resuelve sólo en términos aritméticos – que den los números -, ni tampoco algebraicos, con la adición de a, b y c. Requerirá un complejo algoritmo político. Sabemos que las elecciones, lejos de propiciar acercamientos, obligan a las distintas formaciones a acentuar sus perfiles. Pero, más allá de esta circunstancia, la negativa de socialistas y republicanos a la idea de un tripartito tiene un fundamento real: la lucha por la hegemonía de sus respectivos proyectos. El PSC no puede renunciar a su idea fundacional de articular la sociedad catalana en torno a una perspectiva federal. ERC, por su parte, necesita desactivar el federalismo para afirmar su preeminencia: de momento, tras el fracaso de la intentona unilateral, tirando de pragmatismo y haciéndose con el poder autonómico; más adelante… ya se verá (La globalización ha generado tensiones nacionales que están lejos de apaciguarse. No se desvanecerá la pugna dentro del independentismo, ni la tentación de “volver a hacerlo”). Para cumplir su propósito, ERC debe capturar el espacio de los Comunes. El manto de un soberanismo presuntamente inclusivo cubre una acérrima hostilidad hacia la vía federal. Catalunya en Comú deberá decidir si se deja arrastrar por esa indisimulada maniobra. Cuidado. Presentar estos presupuestos poco menos que como la antesala de una nueva etapa progresista legitima el liderazgo nacionalista y siembra el desconcierto en la izquierda. Meditar las decisiones cuyas consecuencias asumiremos: en eso consiste la responsabilidad.

Lluís Rabell

(3/02/2020)