El preacuerdo sobre la modificación de los tributos autonómicos a que han llegado ERC, al frente del Departament d’Economia, y los comunes ha causado un notable revuelo mediático. La perspectiva de un incremento en el impuesto de sucesiones y en los tramos superiores del IRPF ha suscitado airadas protestas por parte de algunos “afectados” – en primer lugar, los voceros de la meritocracia liberal en TV3. Ese griterío y, por otro lado, el comprensible deseo de los firmantes de enfatizar las virtudes del acuerdo, podrían inducir una percepción sesgada del mismo.

Lo pactado tiene indiscutibles méritos, pero también sus limitaciones. Y plantea algunos interrogantes. El principal mérito consiste en reforzar el principio de un reparto más equitativo de la presión tributaria en función de las rentas y el patrimonio de cada contribuyente, así como el impulso de una fiscalidad verde, con la mirada puesta en la transición ecológica. Lo que no es poco. A lo largo de la legislatura anterior, en solitario o de manera concertada con el grupo parlamentario socialista, CSQP defendió reformas similares, chocando con la obstinada negativa de JxSí… que, en esa materia, contó siempre con el apoyo de PP y C’s. Estamos, pues, ante todo un acontecimiento. Sin embargo, más allá de su valor simbólico, el impacto de esas medidas recaudatorias en los ingresos presupuestarios sería moderado. Así, por ejemplo, los contribuyentes con una base liquidable de más de 90.000 euros pagarían un tipo autonómico del 23’5 % (dos puntos más) y los que ingresan más de 120.000 tributarían al 24’5%. Unos tipos que, con todo, seguirían estando sensiblemente por debajo de la tributación máxima que se aplica a las rentas altas en otras comunidades autónomas, como Andalucía.

El incremento de ingresos anunciado sería de unos 543 millones. Cifra nada despreciable, pero que no se alcanzaría hasta el siguiente ejercicio y cuya magnitud conviene poner en perspectiva. Valgan como referencia los presupuestos diseñados para 2019, que contemplaban unos ingresos de 26.363 millones de euros. Guardémonos de exageraciones retóricas que puedan crear falsas expectativas. Este acuerdo no revierte los recortes antisociales de los últimos años, ni blinda el Estado del bienestar. Si atendemos simplemente a lo que requeriría un despliegue consecuente de la Renta Garantizada de Ciudadanía – ralentizado hasta la exasperación por el actual Govern – nos percatamos de ello. En Euskadi, con 2,171 millones de habitantes y una población en situación de pobreza relativa del 12’1 % (262.691 personas), el presupuesto que el gobierno autonómico asigna a la prestación equivalente, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), ronda los 500 millones de euros. En Catalunya, con 7,489 millones de habitantes y un 24’7 % de su población en situación de pobreza según el indicador AROPE (1.849.783 personas), la Generalitat destina apenas 260 millones de euros a la RGC – cuyos beneficiarios se limitan a 113.932 personas. Entiéndase esta comparativa no como una minusvaloración del acuerdo entre ERC y los comunes, sino como un llamamiento a no perder de vista la realidad y los problemas de fondo. La verdad es que, incluso estirando al máximo los tipos marginales y la capacidad recaudatoria en los tributos cedidos por el Estado, el recorrido es limitado en el marco del actual diseño de la financiación autonómica y el rígido corsé de la regla de gasto. Hay una revisión pendiente del modelo y una demanda general de las comunidades autónomas en ese sentido.

El acuerdo reviste sobre todo un significado político. En ello reside su importancia… y ahí está también su talón de Aquiles. A nadie le gusta hablar de “cambio de cromos”, porque queda fatal cuando hablamos de decisiones que se sitúan en ámbitos distintos. Pero la política, en su versión más prosaica, tiene estas cosas. Es difícil no ver en esa aproximación el anuncio de una predisposición, por parte de los comunes, a aprobar los presupuestos de la Generalitat… esperando obtener ciertas contrapartidas. Por lo pronto, ERC se ha apresurado a pactar con el gobierno municipal de Ada Colau la subida de la tasa de terrazas y del IBI, allanando así el camino a un acuerdo presupuestario local en enero. Pero la mayoría de observadores tiene la vista puesta en la investidura de Pedro Sánchez, e interpreta todas estas maniobras como gestos destinados a facilitar la abstención de ERC.

Y ahí es donde la posición de los comunes puede tornarse delicada. El acuerdo que se está anunciando estos días como un logro está todavía en el aire. ¡Cuidado con vender la piel del oso antes de haberlo cazado! La reforma en cuestión se integraría en las “leyes de acompañamiento” de los presupuestos, que sólo devienen efectivas con la aprobación de los mismos. Es cierto que no se ha hablado de sus distintos capítulos y que, aún facilitando la tramitación inicial de las cuentas, cabe la posibilidad de votar contra el resultado final. Pero, en este tema, cada paso que se da conduce al siguiente por un camino cada vez más angosto. Una vez que el Govern somete su proyecto al Parlament, los distintos grupos presentan – o no – enmiendas a la totalidad. En primera instancia, el pleno de la cámara no se pronuncia sobre los presupuestos, sino sobre esas enmiendas, que son votadas conjuntamente. Si no prosperan, se consideran aprobados los ingresos y gastos fijados en las cuentas, tanto en su globalidad como en las asignaciones correspondientes a cada departamento. A partir de ahí, los márgenes de incidencia parlamentaria en comisión están muy acotados. En realidad, los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas son previos a la tramitación propiamente dicha. Lo cual resulta lógico: el pronunciamiento acerca de los presupuestos lo es sobre la viabilidad del gobierno. Nunca hay que perder eso de vista. Puede ponerse muy cuesta arriba rechazar unos presupuestos de los que pende una reforma fiscal cuyo alcance se ha magnificado. Pero sería lamentable acabar dando un balón de oxígeno al ejecutivo más inepto que jamás haya dirigido la Generalitat.

Esperemos que los acontecimientos de los próximos días despejen algunas dudas: acerca de la tensión en Catalunya, sobre la inmunidad de Puigdemont como eurodiputado… ERC todavía tiene que celebrar su Congreso y cualquier pronóstico es azaroso. Pero, más allá de giros impredecibles, la izquierda alternativa debería prestar mucha atención a la inquietud con que los movimientos sociales contemplan los gestos de estos días, temiendo que determinados acercamientos puedan saldarse con una menor exigencia en cuanto al despliegue de la RGC o desembocar en una actitud tolerante hacia la “ley Aragonés”. Esa inquietud nos remite una vez más a la definición, cada día más apremiante, de un horizonte estratégico para Catalunya en Comú. ¿Imaginamos una izquierda social y federalista como la fuerza capaz de liderar Catalunya, vertebrando a una mayoría progresista… o creemos que su papel sólo puede ser subalterno, que el gobierno de la Generalitat corresponde “naturalmente” a un partido nacionalista? La pregunta no es baladí, porque buena parte de la izquierda española piensa lo segundo. Cada vez será más difícil acertar en las decisiones tácticas sin tener claro hacia donde queremos avanzar. Y se avecinan tiempos en que habrá que tomar decisiones. Muchas y cargadas de consecuencias.

Lluís Rabell

(17/1272019)