El debate sobre la inmigración no es una discusión acerca de un fenómeno periférico. No es una conversación sobre un hecho, ciertamente relevante, pero que al fin y al cabo se daría en los márgenes de una comunidad humana de contornos definidos y estables. Muy al contrario, combinados con una caída sostenida de la natalidad autóctona, los flujos migratorios están reconfigurando en profundidad las sociedades occidentales. El semblante de nuestras ciudades cambia aceleradamente con una explosión de diversidad étnica y cultural. Sin ir más lejos, en el transcurso de unos pocos años, Barcelona se ha transformado plenamente en una urbe global. El 61% de sus habitantes en edad fértil, entre la veintena y la treintena, son personas nacidas fuera de España. Casi sin darse cuenta, mientras el país estaba absorto en el “procés”, Catalunya ha pasado de los seis a los ocho millones de habitantes. Y va camino de los diez millones merced al auge migratorio.

El fenómeno es de tal calado, supone tal conmoción, que en torno a él se perfilan ya dos modelos socio-políticos en disputa: el de una sociedad integradora y avanzada, capaz de hacer de esa diversidad un potencial de progreso mediante su articulación en torno a un proyecto de convivencia democrática… o bien un modelo autoritario, que reduzca la democracia a un modo plebiscitario, excluyendo a más de una tercera parte de la población del dominio de los derechos de ciudadanía y comprimiendo al resto en un corsé identitario tejido a base de miedo existencial y odio. Dicho de otro modo: en torno al tratamiento del fenómeno migratorio se dirime en gran medida el futuro de las democracias liberales.

Se trata de un fenómeno global. Los movimientos migratorios son imparables. Responden a múltiples factores, empezando por la propia situación de los países emisores, víctimas de las desigualdades estructurales de la economía-mundo, de los efectos devastadores del cambio climático o de guerras olvidadas. Pero responden también – y no en menor medida – a un efecto “llamada” de las propias metrópolis: descenso de la natalidad, envejecimiento de una población con mayor esperanza de vida, necesidad de mano de obra (en primer lugar, para cubrir puestos de trabajo de baja retribución salarial). Es un hecho comprobado: los períodos de bonanza económica intensifican la llegada de emigrantes, mientras que los ciclos recesivos actúan como un freno. El fuelle económico es más poderoso que las políticas migratorias restrictivas de los Estados. Esas políticas se revelan impotentes por cuanto a sus pretensiones se refiere, aunque no resultan en absoluto inocuas. En contraste con su retórica nativista y de preferencia nacional, el gobierno de extrema derecha de Meloni no ha logrado detener la llegada de inmigrantes. Tampoco lo consiguió el “brexit”, que hizo de tal objetivo una bandera, ni el endurecimiento de las políticas de asilo o los planes de deportación a lejanos países africanos anunciados por el gobierno socialdemócrata danés – que hoy intenta imitar el vacilante ejecutivo laborista de Keir Starmer. Esas políticas sí tienen, sin embargo, un efecto social – ¡y tanto más cuanto que fracasan! Acentúan la percepción ciudadana de la inmigración como una amenaza de la que hay que defenderse. En Estados Unidos, la campaña de Trump contra la inmigración irregular ha derivado en redadas policiales que aterrorizan barrios enteros y militarizan las ciudades demócratas. A través de tales políticas se están socavando los propios cimientos de la democracia americana.

Pero tampoco podemos ignorar el desasosiego que, en las actuales circunstancias de vertiginosos cambios tecnológicos, incertidumbres y amenazas globales, provocan los flujos migratorios entres las clases trabajadores y medias de los países receptores. En semejante contexto, la invocación de un orden conocido, incluso la idealización romántica de un pasado que nunca existió, resultan reconfortantes. El nacionalismo, ya de por sí una “inflamación del sentimiento nacional” (I.Berlin), deriva en tribalismo bajo el temor cerval a un “gran reemplazo”.

Durante años, el terreno ha sido abonado para que esa fantasmagoría se instale entre nosotros. Décadas de globalización neoliberal, al tiempo que han propiciado una enorme concentración de la riqueza en torno a un reducido polo de la sociedad, han dejado tras de sí legiones de perdedores, un mercado laboral precarizado y han vuelto casi imposible el acceso a una vivienda digna para las nuevas generaciones. Hay datos objetivos que responden a la realidad de ese modelo económico disfuncional, pero que generan entre los trabajadores metropolitanos una sensación de amenaza ante la llegada de nuevos contingentes de mano de obra. Así, por ejemplo, el nivel de ocupación es algo mayor entre la población inmigrada respecto a los autóctonos. Ello es debido sin duda al carácter más precario de los nichos de empleo que ocupan los recién llegados. Pero esa disfunción del mercado laboral puede perfectamente traducirse en una percepción de desposesión de oportunidades. La experiencia demuestra que las cifras, aunque contenidas, quedan sumergidas en el imaginario colectivo por una determinada sensación… que acaba convirtiéndose para mucha gente en la mismísima realidad. A fortiori si su propia situación laboral es poco boyante o incierta. Algo similar ocurre con las prestaciones sociales. Paradójicamente, el carácter riguroso de su atribución, basado en la evaluación de las condiciones objetivas de las familias, puede transformarse en su talón de Aquiles. La situación de especial vulnerabilidad de familias inmigradas las hace acreedoras de determinadas ayudas… mientras que otras, a veces sólo ligeramente por encima de los umbrales requeridos para acceder a las mismas, no las perciben. Los esfuerzos de los servicios sociales para atender de manera ponderada todas las solicitudes, quedan fácilmente empañados por el sentimiento de un agravio comparativo. Las tensiones que conoce el Estado del Bienestar no se derivan de la inmigración, que aporta más de lo que demanda y cuya incorporación al mercado laboral ha contribuido decisivamente, entre otras cosas, al equilibrio de las cuentas de las pensiones. Sin embargo, el discurso demagógico de la extrema derecha sigue calando con gran facilidad. El incremento de población foránea ha ido muy de prisa, dibujando un escenario de diversidad cultural, lingüística, de costumbres, etc., particularmente intenso en los barrios populares. La “alteridad” es fácilmente identificable y puede ser objeto de señalamiento, asociándola a la inseguridad, el incivismo e incluso a sombrías amenazas. Los miedos, enraizados en problemáticas sociales muy reales, pueden así focalizarse sobre determinados colectivos étnicos. El odio y la violencia florecen sobre el campo abonado del miedo existencial. Hace mucho tiempo ya que la extrema derecha ha aprendido a atizar y explotar esos temores… que no hallan una respuesta satisfactoria en las instituciones representativas.

La pequeña burguesía urbana y clase media trabajadora, se ven sometidas a una doble presión. Por arriba, los “expats”, un número creciente de profesionales cuyo poder adquisitivo supera la media local, y que ejercen una notable presión sobre el mercado de la vivienda. Por abajo, la oleada migratoria. A todo ello hay que añadir un fenómeno, específico, pero en parte vinculado al fenómeno migratorio: el de los asentamientos de personas sin hogar, que proliferan en las grandes urbes. Se trata de una de las más crueles expresiones de un régimen de desigualdades, que expulsa a un número creciente de individuos, carentes de cualquier recurso, a los márgenes de la sociedad. Ciertamente, esos asentamientos son heterogéneos, se entremezclan en ellos perfiles humanos muy diversos unidos por la pobreza; sólo una parte de sus contingentes son personas migrantes en situación de extrema vulnerabilidad. Pero su presencia, más allá de los problemas de convivencia que puedan generar, siembran la desazón entre la ciudadanía: los poblados de la miseria son el espejo en el que se miran unas clases medias desestabilizadas, que vislumbran en ellos, horrorizadas, el posible destino de su propia decadencia. En la medida que las ciudades no alcanzan a resolver esa problemática, no puede por menos que aumentar el descrédito de la democracia.

Los discursos “buenistas” de una parte de la izquierda, que minimizan las aristas y las fricciones culturales del fenómeno migratorio, poniendo cualquier inquietud vecinal bajo sospecha de racismo, no solo resultan poco convincentes, sino que aportan agua al molino de la extrema derecha. Es cierto que las ciudades globales, de larga tradición liberal y cosmopolita, resisten al discurso xenófobo. Pero la izquierda no puede basar su estrategia en la buena disposición moral de las clases medias ilustradas: la incertidumbre pesa también sobre su mundo. La batalla decisiva hay que darla en el seno de la clase trabajadora – que se siente atraída por el discurso de la extrema derecha – y debe adquirir la forma de un combate por la cohesión de sus diferentes segmentos, autóctonos y recién llegados.

La izquierda se encuentra hoy ante el desafío de proponer a la sociedad un nuevo pacto, el proyecto integrador de una democracia multirracial avanzada. Es decir, un proyecto de convivencia, respetuoso con la diversidad, pero cohesionado en torno a un marco claro de derechos y deberes ciudadanos. Eso significa, entre otras cosas, una política migratoria que facilite la acogida – regularizaciones ágiles, homologación de las titulaciones académicas… -, al tiempo que trata de contener los desbordamientos mediante contrataciones en origen y, sobre todo, a través de una cooperación europea efectiva. Pero eso significa también que las administraciones públicas deben tratar a la emigración en términos ciudadanos, convocándola a compartir los valores universales que cimentan la sociedad de acogida y su desarrollo. Se trata de fusionar la diversidad en un proyecto democrático compartido, no de agregar comunidades encerradas en sus respectivos imaginarios. Una izquierda responsable debe rechazar el relativismo cultural posmoderno que invoca el respeto la “diversidad” cuando se cuestionan derechos democráticos, la igualdad entre hombres y mujeres o la protección de la infancia frente a determinadas prácticas ancestrales.

Pero nada de eso tendrá credibilidad si no hay un fortalecimiento del Estado del Bienestar y de sus políticas redistributivas, empezando por una gran apuesta educativa. No venceremos a la extrema derecha limitándonos a invocar la fraternidad universal, ni distribuyendo equitativamente la penuria. Una vez más, se plantea la cuestión decisiva de los recursos. Y ahí es donde es necesario un salto adelante, la comprensión por parte de la izquierda de que nos adentramos en una nueva época. No habrá marcha atrás, de vuelta a escenarios conocidos. Ante un nuevo paradigma, la izquierda tiene que resolverse a desplegar un nuevo programa, mucho más enérgico y audaz: deberá mostrar decisión para intervenir los mercados, anteponiendo el interés ciudadano a la especulación o los cálculos de las grandes corporaciones; deberá promover el liderazgo público en los grandes vectores económicos, impulsar una política tributaria que acabe con los privilegios de los más ricos y haga que sus fortunas contribuyan efectivamente al esfuerzo del país… Y, por supuesto, la izquierda debe saber que su futuro es inseparable del devenir de la construcción europea, que hoy atraviesa momentos críticos. De algún modo, la complejidad del fenómeno migratorio nos asoma a los grandes desafíos del siglo.

Lluís Rabell (30/11/2025)