Richard Poulin es un sociólogo, investigador y destacado referente de izquierdas quebequés. Sus publicaciones acerca de la actualidad política internacional, profusa y rigurosamente documentadas, resultan siempre esclarecedoras. No es fácil orientarse en la vorágine de los acontecimientos que, a un ritmo vertiginoso, se suceden en el Próximo Oriente. El mapa de la región se está redibujando con sangre. Tras años de una guerra civil que ha devastado el país, la odiosa dictadura de Asad acaba de caer. Una gran incógnita se cierne sobre el futuro de Siria. Las grandes metrópolis, como las potencias regionales, tratan de establecer o ampliar sus respectivas zonas de influencia. Israel se avanza en el Golán, Turquía parece la gran vencedora, Rusia e Irán quedan debilitados con el desmoronamiento del régimen… y queda por ver cuál será la política de Trump. Pero queda por ver, sobre todo, cuál será la capacidad del propio pueblo sirio, en su complejidad, para hablar con voz propia e incidir en el curso de los acontecimientos. Raramente se cuenta con ese factor. Y sin embargo, todo empezó con el movimiento revolucionario democrático de las primaveras árabes. El régimen respondió con el terror y la guerra al anhelo de libertad de Siria. Pero, al final, se ha derrumbado… y la ciudadanía busca a los suyos tras las puertas, por fin abiertas, de las cárceles infernales del dictador. ¿Se cerrará la crisis con la instauración de un gobierno autoritario islámico… o el empuje popular abrirá nuevos escenarios con los que no cuentan los poderosos? Con frecuencia, éstos subestiman la resiliencia y la iniciativa de “los de abajo”. En otras circunstancias, algo similar podría decirse sobre la situación en Israel. Netanyahu parece salirse con la suya. Y la elección de Trump no puede sino confortar la evolución autoritaria del Estado de Israel, en medio de la atmósfera sobrecalentada de una guerra desigual contra el pueblo palestino. Pero, ni siquiera allí las cosas están tan claras, ni el destino trazado de antemano. Aunque minoritaria y a la defensiva, sigue latiendo una oposición israelí al apartheid, a las matanzas y a la expansión colonial. ¿Acabará siendo irrelevante, sucumbirá ante la deriva reaccionaria… o, por el contrario, serán esas voces democráticas que reseña Richard Poulin la semilla de un futuro cambio en Israel? Es imposible pronosticarlo. Lo cierto es que hay que prestar atención a esa oposición y hay que darle apoyo. Obstinadamente, el viejo topo de la historia nunca deja de abrir galerías subterráneas bajo los pies de quienes se creen inamovibles.

              Lluís Rabell

              17/12/2024

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            El 10 de octubre de 2024, la película Lyd debía proyectarse en Jaffa, antigua ciudad portuaria adscrita a Tel-Aviv, habitada por judíos y por palestinos. Lyd es el nombre árabe de la ciudad de Lod, conocida por albergar el principal aeropuerto israelí. A medio camino entre documental y ficción ucrónica, la película narra la Nakba desde 1947 hasta 1949 e imagina la vida en Lyd si esa expulsión masiva no hubiese tenido lugar. Lod conoció, en julio de 1948, una matanza perpetrada en la mezquita de Dahamshe donde, según las fuentes, entre 95 y 250 palestinos que allí se habían refugiado perecieron bajo los obuses disparados por los tanques israelís. Estrenada en julio de 2013, Lyd, realizada conjuntamente por Rami Younis, un periodista palestino de nacionalidad israelí nacido en Lod, y la documentalista americana Sarah Ema Friedland, fue exhibida en distintos festivales en Estados Unidos.

Películas prohibidas

            Pero, este 10 de octubre, la película no pudo ser proyectada. Por la mañana de ese mismo día, la policía informó a su difusor, Mahmoud Abou Arisha, dueño del cine Al Saraya, que la proyección había sido prohibida. El ministro de Cultura, Miki Zohar, había requerido la intervención policial arguyendo una “amenaza seria e inmediata contra el orden público”. El propio ministro había sido alertado por un conocido militante de extrema derecha. Es inútil precisar que, ni este individuo, ni el propio ministro, ni la policía habían visionado la película. Se presentó una petición, firmada por catorce asociaciones artísticas israelís, solicitando el levantamiento de la prohibición. Se argumentaba que “la función de la policía es proteger la libertad de expresión, no amparar a quienes pretenden abolirla”. La respuesta del ministro de la policía, Itamar Ben Gvir: “La gente de izquierdas que aúlla tras la anulación de la proyección de Lyd debe entender que una ley es una ley y una orden es una orden.”

            Lyd no es la primera película que ha sido prohibida en Israel en estos últimos tiempos. En agosto de 2024, Jenin Jenin 2, del cineasta y actor Mohammad Bakri, igualmente palestino y ciudadano israelí, sufrió la misma suerte. Y en octubre fue el caso de la película 1948 – Remember, Remember Not -, de la israelí Neta Shoshani.

            La acumulación de esas decisiones en un breve lapso de tiempo es sintomática de una evolución notoria: el avance de la censura en medio de una atmósfera general donde la aspiración a un “Estado fuerte” no cesa de crecer. Acostumbrados a ello desde hace mucho tiempo, los palestinos son las primeras víctimas. Así, el 7 de noviembre, el parlamento votó una ley que permite que “la expulsión de un terrorista” se acompañe de la expulsión de la gente de su entorno, padres, hijos, hermanos o hermanas. La decisión, de hecho, solo concierne a los palestinos que tienen la nacionalidad israelí: Israel nunca ha necesitado ninguna legislación para expulsar de sus tierras a los palestinos de las zonas bajo ocupación militar. Este nuevo dispositivo se suma a la lista cada vez más larga de leyes supremacistas que conceden un trato jurídico distinto a los ciudadanos israelís, dependiendo de si son judíos o palestinos.

            Paralelamente – y he aquí la novedad – se está instalando un ambiente de caza a los “judíos traidores”. El parlamento ha conocido a lo largo de una década un ascenso de la pulsión autoritaria, encarnada por la determinación de la derecha de abolir las prerrogativas del Tribunal Supremo, sometiéndolo a la voluntad exclusiva del ejecutivo. Ahora, asistimos a una oleada de votaciones sobre proyectos de ley, decretos e instrucciones referidos a la restricción de la libertad de expresión y de acción que ya no conciernen exclusivamente a la población palestina (1). A partir de ahora, está ya en el punto de mira cualquier palabra que pudiera considerarse “ofensiva” para Israel y su política.

            En octubre de 2024 fue adoptada una ley que permite privar de su empleo a cualquier docente que hubiese manifestado “simpatía por una organización terrorista”. Cuando sabemos que se considera “terrorista” cualquier manifestación de apoyo a la causa palestina, sea cual sea la forma en que se exprese, podemos imaginar la presión que semejante disposición supone, por ejemplo, para aquellos profesores de historia que osasen alejarse de la versión “oficial” acerca de la expulsión de los palestinos en 1948 – versión según la cual “Israel no expulsó a ningún árabe. Aquellos que se fueron lo hicieron por propia voluntad”. Otro proyecto de ley, entre otros muchos del mismo estilo, prevé una multa equivalente a 3.000 euros y un año de cárcel para quien exhibiera una bandera palestina en una institución pública. Ese proyecto apunta claramente a los estudiantes.

            Las amenazas que pesan sobre el rotativo Haaretz, al mismo tiempo “periódico de referencia” y principal polo de resistencia en la sociedad a la política colonial desplegada por Netanyahu, son la principal encarnación de esta ofensiva contra la libertad de expresión.

Haaretz, “apoyo del terrorismo”

            El 24 de noviembre de 2024, el gobierno aprobó una proposición del ministro de comunicación, Shlomo Karhi, instando a toda administración pública y a cualquier organismo beneficiario de un apoyo financiero del Estado a dejar de publicitar cualquier información en las páginas de ese periódico, ni a suscribir al mismo a su personal. Netanyahu hizo saber su apoyo personal a esa proposición. El gobierno la justificó aduciendo que “muchos editoriales atentan contra la legitimidad del Estado de Israel”, acusando al propietario de Haaretz, Amos Schoken, de “apoyar al terrorismo”. De hecho, en el curso de una conferencia impartida en Londres unos días antes, el 27 de octubre, ante un auditorio esencialmente judío, Schoken – que reivindica su sionismo – había vilipendiado “el cruel régimen de apartheid impuesto a la población palestina” y evocado a “los combatientes palestinos de la libertad, que Israel llama terroristas”. Poco después, él mismo matizaría sus palabras, precisando que “juzgaba ilegítimo el recurso al terror”, pero sin renegar de la expresión “combatientes de la libertad”.

            El gobierno se ha amparado del asunto para empezar a instruir lo que parece un proceso por traición contra los israelís que denuncian el colonialismo de su Estado. Sin esperar al resultado de la votación sobre esa proposición de ley, el ministro del Interior, Moshé Arbel, suspendió inmediatamente todas las suscripciones de los empleados de su ministerio a Haaretz. El ministro de Justicia, Yariv Levin, ha propuesto la adopción de una ley que perseguiría a cualquier israelí, sin excepción, que llamase al boicot del Estado o de sus dirigentes con condenas de diez años de prisión – o de veinte, en tiempos de guerra. El director del periódico, Aluf Benn, reaccionó en estos términos: “Netanyahu quiere un poder israelí sin el contrapeso de una justicia independiente, donde la policía y las agencias de seguridad se transformen en milicias privadas (a su servicio). Y por supuesto, sin medios de comunicación críticos y libres (…). No nos da miedo, no capitularemos.” (2)

            Benn tiene experiencia con este tipo de presiones. Hace más de un año, el ministro Karhi ya había propuesto al gobierno la imposición de un boicot al periódico por parte de todo el aparato del Estado: “ejército, policía, prisiones, ministerios y empresas públicas” (3). Pero, tras el 7 de octubre de 2023, el fervor patriótico que ha embargado a la sociedad israelí permite que la agenda de la extrema derecha colonial se posicione públicamente con mayor confianza.

“El nuevo jefe al mando de la Defensa así lo ha decidido: el apartheid ya es oficial”

            Según numerosos testimonios, la reelección de Donald Trump ha hecho que Netanyahu y la extrema derecha se sientan “eufóricos” (4). La idea de poder cambiar radicalmente la correlación de fuerzas en la región en provecho de Israel se acompaña del sentimiento de estar en medida de instalar, paralelamente, en el país un régimen que imponga su dominio de modo definitivo. Un ejemplo que deja estupefacto: una de las primeras decisiones del nuevo ministro de Defensa, Israel Katz, ha consistido en suprimir la posibilidad de encarcelar a un colono judío bajo el régimen de “detención administrativa”, que permite encarcelar a cualquier persona por “amenazas a la seguridad” sin notificación del delito imputado, sin juicio y sin límite de tiempo. Actualmente, se estima en más de 3.000 el número de palestinos detenidos sin inculpación (sin contar el número, desconocido, de gazatíes encarcelados). El ministro de Defensa ha decidido que, a partir de ahora, los ciudadanos judíos se verían totalmente exentos de detención administrativa. Había 16 en tal situación cuando el ministro anunció ese cambio – eran todos colonos extremistas, como los que actualmente desatan su furia contra la población palestina en Cisjordania. Fueron puestos en libertad ipso facto. Unas reglas para unos, otras normas para los otros. “El nuevo jefe de Defensa así lo ha decidido: el apartheid es oficial”, titulaba Haaretz el 24 de noviembre. Los colonos, por su parte, descorchaban botellas de cava para celebrarlo.

            Una vez que ha logrado deshacerse de su principal competidor político, el ex ministro de Defensa Yoav Gallant – el famoso autor, tras el 7 de octubre, de la declaración sobre los “animales humanos” palestinos -, Netanyahu se rodea exclusivamente de cómplices coyunturales o de paniaguados incondicionales. Ben Gvir ya ha transformado a la policía en una milicia armada a sus órdenes. En el punto de mira de la extrema derecha están ya el fiscal general del Estado, Gali Baharav-Miara, y el jefe del Shin Beit (el servicio de seguridad interior), Ronen Bar, a quienes se juzga poco fiables.

Un “Estado fuerte” que no rinda cuentas a nadie

            Por lo que respecta a Herzi Halevi, jefe de Estado Mayor, sus días parecen contados: no por haber conducido la monstruosa guerra de Gaza, sino por haber mantenido una negociación que logró sin embargo la liberación de algunos rehenes israelís y, sobre todo, por haber recusado radicalmente la idea de una vuelta a la ocupación militar de Gaza. Por otra parte, si Netanyahu quiere salir indemne de futuras comisiones de investigación sobre su responsabilidad en el fiasco de seguridad del 7 de octubre de 2023, es importante para él descargar sobre el Estado Mayor  toda la culpa de los atentados de Hamás. Según la jurista israelí Yaël Berda, profesora de derecho en la universidad hebraica de Jerusalén: “Ya está. El golpe de Estado autoritario ya se ha producido. (…) Si no apoyamos al Estado, se revuelve contra nosotros. Ese giro autoritario no deja lugar al desacuerdo ni al debate” (5).

            Ese “Estado fuerte” que se va forjando está, evidentemente, enamorado de Trump: una comunicación de falsas noticias (fake news) debe alimentar el control absoluto de una “información alternativa”. Por eso una de las prioridades de Netanyahu y de sus acólitos mesiánicos consiste en impedir la difusión de informaciones serias sobre lo que ha ocurrido y sucede cotidianamente en Gaza y en el Líbano. Éstas provienen frecuentemente del trabajo realizado por los medios locales y las ONG israelís. Pero a pesar de la presión ejercida por un aparato de propaganda masiva (la célebre “hasbara”) y los numerosos obstáculos levantados por los gobernantes – entre ellos la prohibición para los periodistas de entrar en Gaza -, éstos siguen proporcionando tanta información contrastada como pueden sobre el curso de las guerras.

            Si un número cada vez mayor de israelís abandona su país – las cifras exactas se desconocen –, no es tanto a causa de los crímenes masivos cometidos en los territorios palestinos ocupados, sino a causa del sentimiento, extendido en ciertos sectores de la opinión pública, de una erosión galopante de esa democracia de la que los judíos israelís han disfrutado desde la creación de su Estado. Desde ese punto de vista, la adopción por el parlamento de la ley sobre “Israel Estado-nación del pueblo judío”, en 2018, constituyó un giro mayor al oficializar el supremacismo judío como pilar central de Estado. La franja más racista, colonial y mesiánica de la opinión empezó desde entonces a imponer de manera más radical una agenda que venía promoviendo desde tiempo atrás. Su peso ha ido acrecentándose más y más, inicialmente en la atmósfera de pánico que generó el fiasco de seguridad del 7 de octubre, y luego progresivamente incentivada por los “éxitos militares” de la campaña de destrucción de Gaza, percibida como una legítima revancha. El paradójico sentimiento donde se mezclan el miedo, la prepotencia y la inmunidad, que se instaló a partir de ahí no podía por menos que alimentar el rechazo hacia los “traidores del interior”, esos raros judíos israelís hostiles a la deriva supremacista que se ha amparado de la inmensa mayoría de la población. El camino abierto hacia el “Estado fuerte” no es más que la consecuencia natural de esa evolución.

Notas

1-     El término “Nakba” ya había sido retirado de los libros escolares de historia distribuidos a los jóvenes palestinos de nacionalidad israelí desde 2009.

2-     Aluf Benn, “Netanyahu’s governement wants to shut us down”, Haaretz, 26 de noviembre de 2024.

3-     Jonathan Lis, “Israeli Governement imposes sanctions on Haaretz, cuts all ties and pulls advertising”, Haaretz, 24 de noviembre de 2024.

4-     Neri Ziber, “Benjamin Netanyahu’s allies call for purge as Israeli PM’s power grows”, Financial Times, Londres, 24 de noviembre de 2024.

5-     Alona Ferber, “We are there: two stories of Israeli authoritarianism”, Prospect Magazine, Londres, 4 de noviembre de 2024.