Las protestas de los agricultores han marcado, a lo largo de las últimas semanas, la agenda europea. Su impacto político es evidente. Bruselas ha reaccionado. Todas las capitales han tenido que hacerlo en mayor o menor medida ante la llegada de los tractores. Importa señalar, sin embargo, que “el campo” – o, mejor dicho, una determinada representación, nostálgica e idealizada del mismo – pesa enormemente en el imaginario colectivo y condiciona no pocas decisiones. Y eso hace de la actual crisis un escenario de confrontación. Confrontación por arrogarse la representación política de un malestar multiforme, por ser “la voz del campo”. Confrontación en torno al modelo agrario, que da claras señales de agotamiento. Confrontación, en fin, sobre la transición ecológica en toda su amplitud.

            Mediáticamente, se ha difundido la idea de que las normativas medioambientales dictadas por la Unión Europea estarían asfixiando al campo. De algún modo, los agricultores gemirían bajo las caprichosas exigencias de una “ecología punitiva”, concebida por unas élites desconectadas de la realidad. Porque, ¿quién conoce la naturaleza mejor que los agricultores? Los discursos de PP y Vox rivalizan en el perfil de ese escenario. Aunque es difícil sobrepasar a la extrema derecha, que ya señala sin complejos la Agenda 2030 para un desarrollo sostenible de Naciones Unidas como una amenaza de muerte para España. Lo cierto, sin embargo, es que las cesiones de Bruselas o del gobierno francés (ver artículos anexos) en materia de pesticidas dan alas a ese tipo de relatos. Incluso cosas que son muy ciertas y que ha reconocido el gobierno de la Generalitat – como el agobio que suponen para las pequeñas explotaciones agrícolas los trámites burocráticos impuestos por la administración -, fuera de contexto y sobredimensionadas, distorsionan la percepción de lo que está sucediendo. Con frecuencia, y valga como ejemplo, se asocia el consumo de carne al destino de los pequeños ganaderos, cuando el 80% de la producción procede de grandes explotaciones.

            No existe una “voz del campo”, porque en el campo hay distintos actores sociales, con aspiraciones e intereses contradictorios. De hecho, la producción agrícola europea está dominada por un modelo industrial e intensivo insostenible, ineficiente y dañino para la salud pública. No son las mismas las aspiraciones de una corporación agroindustrial o un fondo de inversión, las de los grandes propietarios terratenientes y las principales organizaciones empresariales agrícolas… o las necesidades de las pequeñas explotaciones, atenazadas por los precios que acaban imponiéndoles intermediarios y redes de distribución comercial. Y, por supuesto, poco tienen que ver – si no es por contradictorias – con las precarias condiciones laborales de obreros agrícolas y jornaleros. El eco de las voces de estos últimos, desde luego, no ha llegado estos días a las ciudades.

            Hay que andarse, pues, con cuidado. Que el justificado malestar de unos no sea manipulado por otros para mantener un modelo agrario obsoleto. Distinguir las distintas voces del campo es entender el conflicto de clase que se está fraguando allí, pero cuyas implicaciones van mucho más lejos. La transición ecológica es el gran desafío civilizatorio del siglo XXI. Tiene una primera y decisiva cita en la superación del modelo de explotación agrícola intensiva, implementado tras la segunda guerra mundial. Estamos hablando de salud pública, de preservación de ecosistemas y de seguridad alimentaria de las poblaciones. Lo que hay en juego es hasta tal punto vital que no puede ser abandonado al albur de las leyes del mercado. Es necesario organizar el tránsito a un nuevo modelo de producción agroecológico, respetuoso con los ciclos de la naturaleza y la regeneración de los ecosistemas, basado en cultivos y explotaciones adecuadas, circuitos cortos… y una intensa participación democrática de los actores comprometidos en el cambio. El futuro del campo debe pensarse en términos de innovación, no de nostalgia de una arcadia rural que nunca existió. Y es responsabilidad de la izquierda distinguir, en medio del griterío, la voz de los aliados en ese empeño. La voz del campo de mañana.

            Lluís Rabell

            10/02/2024

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 Ceder a las exigencias anti-ecologistas de la FNSEA es irresponsable

              El uso indiferenciado de la palabra “agricultores” no ayuda a comprender las causas de la crisis del modelo agrícola, ni a superar sus consecuencias. Esa categoría abraza, en efecto, situaciones muy dispares, pero sobre todo alejadas de la postal idílica de una pequeña explotación familiar que el término ha instalado en el imaginario colectivo.

            De hecho, el modelo productivo que domina la agricultura europea – cuantitativa y políticamente – es industrial. Promueve el flujo continuo de rendimientos merced al aumento de la intensidad capitalista de las explotaciones. Por otra parte, el sector agro-industrial está muy integrado en otros conglomerados, bajo la tutela de grandes grupos corporativos que controlan la cadena de valor en su conjunto (insumos, material agrícola, transformación de productos, etc.). Esos grupos externalizan, sin embargo, sus actividades menos rentables.

            Así, en la ganadería intensiva, el engorde de los animales (impropiamente calificado de “crianza”) se confía a granjas formalmente independientes, pero en realidad privadas de ingresos decentes y de autonomía en la gestión de su actividad (precios impuestos, cláusulas de exclusividad, exigencias unilaterales sobre equipamientos, normas sanitarias, productividad, etc.). Ese modelo fue ensayado en Estados Unidos en el interludio de las dos guerras. Desde entonces, ha ido expandiéndose por todo el mundo, incluida Europa.

Normas ininteligibles

            Incluso las cooperativas agrícolas, originalmente creadas para servir el interés común de los productores agrícolas, son cada vez más difíciles de distinguir de esos “industriales”. Muchas de ellas se han convertido en grupos multinacionales. Sus filiales comerciales, en cuyo capital participan terceros, incluidos socios financieros, son activas en muy diversos niveles de la cadena de valor, desde arriba (por ejemplo, en la producción de equipamientos) hasta abajo, llegando a abarcar incluso la distribución de los productos.

            Del mismo modo que los industriales clásicos, las cooperativas están así en condiciones de empujar a los productores agrícolas a incrementar su nivel de endeudamiento para aprovisionarse a través de sus filiales, por ejemplo en la adquisición de tractores o la construcción de determinadas instalaciones. Tomar consciencia de que, con harta frecuencia, es el adherente quien se pone al servicio de la cooperativa – en lugar de lo contrario – lleva a cuestionar la inclinación de los poderes públicos a dar por sentada la capacidad de dichas cooperativas para defender a los productores y su justa remuneración.

            Un segundo factor de confusión tiene que ver con el “derecho medioambiental”, acusado de ser responsable de la pérdida de atractivo y competitividad de la agricultura europea. En la práctica, ese derecho no opera como una normativa “a favor” del medio ambiente, sino como un derecho que arbitra entre intereses divergentes por cuanto se refiere a la utilización de los ecosistemas. Pero esos compromisos acostumbran a ser desfavorables a la protección de la naturaleza, en particular en el sector agrícola, donde las normas medioambientales nunca han dejado de ser negociadas con los sindicatos mayoritarios. Esa cogestión ha alumbrado normas, a la vez, ininteligibles y poco eficaces en el plano ecológico, dada la acumulación de condiciones y de derogaciones reclamadas por los representantes de los medios agrícolas con objeto de atenuar su ambición.

            No obstante, bajo la influencia de los jueces, los poderes públicos han empezado a poner en cuestión la sustracción de la agricultura a las exigencias de la legislación medioambiental. El gobierno de Países Bajos extrajo las consecuencias de esa evolución: llama a los ganaderos nacionales a reducir en un 30% la talla de sus cabañas de aquí a 2030. Este ejemplo muestra que llegamos a un estadio en que el número de animales engordados en superficies restringidas es tan importante que condena nuestro entorno (erosión de la biodiversidad, desforestación, cambio climático, etc.) y nuestra salud (resistencia a los antibióticos, exposición a contaminantes, epizootias, etc.). No es por casualidad que la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA) intente orientar la cólera de los productores contra el derecho protector del medio ambiente en estos momentos de cuestionamiento de la productividad agrícola.

En peligro

            En este contexto, ceder a las exigencias anti-ecologistas de la FNSEA es irresponsable. Criticado por la sociedad civil, condenado por los jueces y carente de interés para futuros inversores, el productivismo agrícola se queda ya sin aliento. Si bien ese modelo sigue enriqueciendo a los grupos agroindustriales, incluidas algunas grandes cooperativas, siembra la desesperanza en el campo, provoca daños considerables a la salud y al medio ambiente, es incompatible con la protección debida a los animales y pone en peligro la resiliencia de la actividad agrícola (empobrecimiento del suelo, agotamiento de las capas freáticas, alteraciones climáticas, etc.) y, por vía de consecuencia, la propia seguridad alimentaria.

            Una reforma en profundidad es necesaria a corto plazo. Para que ésta sea socialmente útil y políticamente aceptable, debería apoyarse sobre un diagnóstico exacto de las causas de los problemas a los que nos enfrentamos. Urge dejar de privatizar los beneficios al tiempo que se socializan las pérdidas, sin contrapartida en materia de compromisos de transición ecológica. Para lograrlo, la gobernanza de las políticas agrícolas y de las cadenas de valor agroindustriales debe otorgar un lugar significativo a actores interesados en la transición agroecológica.

            Los poderes públicos disponen de palancas financieras y reglamentarias considerables para empoderar a la clase de los agricultores favorables a la transición agroecológica (subvenciones a la política agrícola común, garantía de créditos concedidos para la instalación o ampliación de las explotaciones, créditos para la exportación, encargos públicos, políticas alimentarias, política comercial, estatuto de exportador privilegiado, etc.). ¡Ya va siendo hora de activar todas esas palancas!

            Ilyana Aït Ahmed (Escuela de Derecho de Sciences Po), Aude-Solveig Epstein (Catedrática de Derecho Privado en París-Nanterre) y Solène Kerisit (Escuela de Derecho de Sciences Po).

            “Le Monde”, 8/02/2024

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La victoria de la agroindustria reafirma en la opinión pública que el uso de pesticidas es normal

El movimiento de los agricultores al que asistimos estos días marcará época, no solo por su amplitud, la manera en que se ha estructurado y el papel ambiguo desempeñado por la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA), así como por los procesos de transformación que se han activado para definir lo que es “normal” y aquello que es “patológico”.

            Esa expresión de “normal” y “patológico” fue forjada por Georges Canguilhem (1904-1995), filósofo y médico. Según él, incluso en el ámbito de la medicina, poder calificar lo que es normal y lo que es patológico tiene que ver con un juicio normativo, y por tanto de un marco específico de pensamiento que oriente el juicio del momento. La calificación y el tratamiento de la homosexualidad constituyen buena prueba de ello. En Estados Unidos, la homosexualidad estuvo definida como una patología psiquiátrica hasta 1973. Y, en Francia, hasta 1992. La delimitación entre lo normal y lo patológico nunca está estrictamente definida y permanece siempre flotante.

            Los sociólogos, dados los marcos teóricos de su disciplina, proyectan una mirada muy exigente sobre esa cuestión de la construcción y la definición de las normas. En efecto, tales normas no solo nos dicen lo que son buenas o malas relaciones o estructuras sociales, sino también lo que es o no es la propia realidad material para determinados colectivos sociales en un tiempo y un espacio dados. Y como lo social es plural, esas normas devienen objeto de discusiones y enfrentamientos entre distintos grupos sociales, y a veces se convierten simplemente en la expresión de una dominación consolidada, cuando el punto de vista de algunos acaba por revestir la forma de una evidencia para todos.

“Producir normalmente”

          Pues bien, con el movimiento de contestación de los agricultores y las medidas adoptadas por los poderes públicos para responder a sus reivindicaciones – y acerca de cuya legitimidad no se trata de discutir aquí -, se ha operado un desplazamiento de la delimitación entre lo normal y lo patológico en lo concerniente al uso de pesticidas. La peligrosidad de esos productos para el entorno natural y la salud humana, o sea su capacidad para inducir un funcionamiento patológico de lo vivo – peligrosidad subrayada de manera constante por numerosos científicos, informes de organismos de investigación o agencias de salud – se ha vuelto invisible en los discursos que saturan actualmente el espacio comunicativo.

            Todo ello en favor de una exposición de lo que sería la incapacidad, para los agricultores en general, de “producir normalmente” sin utilizar pesticidas; es decir, saliendo de las condiciones que fueron estructurándose a partir de la modernización agrícola y el advenimiento del uso generalizado de productos fitosanitarios.

            Por supuesto, ese “producir normalmente” es defendido por los representantes de la agricultura industrial, quienes consideran que la transformación artificial del medio rural para desarrollar las prácticas agrícolas es obligatoria para ser simplemente eficaz. Su inversión material y humana, cognitiva y simbólica, así como el reconocimiento que obtienen por ello se basan en su dominio de ese modelo productivo. Por el contrario, ese modelo es considerado patológico por los científicos, atentos a las degradaciones irreversibles producidas por tales prácticas en la salud humana y el medio ambiente, así como por los agricultores e investigadores agrónomos que proponen y dominan modelos alternativos.

            Al lograr la suspensión del plan Ecophyto, así como la puesta de la actividad de la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria (ANSES) bajo la tutela de la Autoridad Europea de Seguridad de los Alimentos (European Food Safety Authority, EFSA) y la de los agentes de la Oficina Francesa de la biodiversidad bajo la dirección de los prefectos, esa delimitación acerca del carácter patológico del uso de pesticidas ha sido rechazada.

Profundas consecuencias

          Esa conquista se materializará no solo en las acciones, sino también en las mentalidades. La victoria que acaban de obtener los representantes de una agricultura industrial es una victoria en la definición de la norma que dice lo que son las cosas y lo que hay que hacer. Reafirma en la mente de todos los agricultores y consumidores que el uso de pesticidas es normal.

            El punto de vista de la ciencia (y el de la medicina) acerca de la peligrosidad que suponen los pesticidas para la salud y el medio ambiente – es decir, su impacto sobre lo normal y lo patológico – acaba de ser brutalmente borrado. Al revocar parcialmente los dispositivos que permitían reducir o controlar el uso de esos productos (dispositivos que eran ya criticables, dada la amplitud de la tarea y su escasa eficacia), el gobierno confiere a ese punto de vista de la ciencia el mismo valor que a cualquier otro, haciendo que sea revocable en función de una simple modificación de la correlación de fuerzas en el cuerpo social.

            El quebranto al que asistimos tendrá, pues, consecuencias mucho más profundas de lo que podemos imaginar. La primera podría ser el abandono de muchos investigadores que trabajan, a veces desde hace décadas, sobre todas esas cuestiones relativas a una producción agrícola alternativa.

            Claude Compagnone (Profesor de sociología en el Instituto Agro Dijon).

            “Le Monde”, 8/02/2024