La cuestión de la inmigración ocupará sin duda un lugar destacado en las próximas contiendas electorales, europeas e incluso autonómicas. La incertidumbre y el sentimiento de declive que se apodera de las sociedades occidentales constituyen una atmósfera propicia para los discursos antiinmigración de la extrema derecha. Unos discursos que, cada vez más, va naturalizando la derecha conservadora o liberal… y que llegan incluso a intimidar a la izquierda. Ningún país escapará a ese debate. No sería de extrañar, por ejemplo, que el pósito de frustración que han dejado tras de sí experiencias nacional-populistas como el “procés” impulsase nuevas corrientes independentistas, desacomplejadamente xenófobas, como parece indicar el surgimiento de Aliança Catalana.

            Los más fervientes promotores del Brexit, como Neil Farage, encabezan hoy las campañas más intransigentes en materia de restricciones a la llegada de extranjeros a Gran Bretaña. En su día, Boris Johnson no dudó en considerar los actuales movimientos migratorios como un fenómeno equiparable a las invasiones bárbaras que habrían determinado la caída del imperio romano, allá por el siglo V de nuestra era. Al margen de la analogía, desprovista del menor rigor histórico, la propia experiencia del Brexit pone de relieve lo demagógico, irracional e inviable del aislacionismo que pretende instaurar. Las restricciones en materia de permisos de trabajo y residencia no han tardado en fragilizar sectores enteros – y esenciales – de la economía británica, necesitada de mano de obra extranjera. Hasta el punto de que, si el Reino Unido hiciese como Canadá “que emplea una política de inmigración bastante selectiva con el objetivo de mantener el equilibrio entre su fuerza laboral y sus ratios de dependencia” – dicen Peter Heather y John Rapley, autores del ensayo “¿Por qué caen los imperios?” – debería integrar a “unos 650.000 inmigrantes anuales”. De hecho, a pesar de todas las trabas y al precio de travesías cada vez más peligrosas, la llegada de emigrantes a las costas de Inglaterra no se detiene. Sin embargo, la fuerza de los mensajes populistas radica en su propia irracionalidad, porque el miedo lo es. Y las sociedades atemorizadas demandan soluciones enérgicas y protectoras.

            Pues bien, la Asamblea Nacional francesa acaba de votar una ley de emigración que no solamente restringe derechos, sino que sienta peligrosísimos precedentes en Europa. El propio gobierno de Emmanuel Macron reconoce que el texto es, en diversos apartados, contrario a la Ley Fundamental de la República. Es muy posible que el Consejo Constitucional, llamado a dictaminar al respecto, acabe tumbando unas cuantas disposiciones, particularmente escandalosas, de la ley. Pero el mal ya está hecho. Los principios republicanos han sido conscientemente cuestionados. La extrema derecha ha proclamado su “victoria ideológica” sobre el conjunto de la clase política. No le falta razón. Peor todavía: zarandeado entre el Parlamento y la alta magistratura, el texto en cuestión puede convertirse en el símbolo de la confrontación entre “la voluntad del pueblo” y la potestad de los jueces. Una confrontación que haría las delicias de la extrema derecha, deseosa de dinamitar los equilibrios entre los poderes del Estado sobre los que se asienta la democracia liberal.

            El caso francés debería poner en alerta a toda la izquierda europea. Es necesario construir un relato sobre la inmigración y diseñar una política consecuente al respecto. Un relato que desmienta los prejuicios sobre la pérdida de una “identidad nacional” idealizada que nunca existió y ponga de relieve la necesidad de acoger e integrar amplios flujos migratorios, ya en marcha, como condición sine qua non de revitalización y progreso de las viejas metrópolis industriales. Y una política, armonizada, de acogida que, lejos de socavar los valores democráticos de los que Europa hace gala ante el mundo, los fortalezcan en su dimensión universal. Tomemos nota de lo que sucede al otro lado de los Pirineos, en la que fue otrora patria de los derechos humanos. Cuando veas las barbas de tu vecino…

            Lluís Rabell

            6/01/2024  

La contradicción de Macron

        Desde su adopción en el Parlamento, la ley relativa a la inmigración es presentada por Emmanuel Macron y su gobierno como una disposición fiel a la doctrina de “al mismo tiempo”. Por un lado, el texto pretende luchar “contra las mafias” y la entrada ilegal de extranjeros en el Hexágono. Y, por otro, buscaría “integrar mejor a quienes tienen vocación de permanecer en nuestro suelo”: “refugiados, estudiantes, trabajadores, investigadores”. Expresándose de este modo en su mensaje a la nación del pasado 31 de diciembre, el presidente de la República pretendía mostrar que la reforma, fruto de un compromiso con los diputados de Los Republicanos – derecha – e inspirado en algunos de sus apartados en el software del Reagrupamiento Nacional (Marine Le Pen), conciliaba firmeza y humanismo.

            Pero esa voluntad de equilibrio se ve desmentida por las medidas relativas a las prestaciones sociales. En realidad, el texto plantea nuevas reglas que endurecen las condiciones de acceso a toda una serie de derechos para los extranjeros procedentes de países que no forman parte de la UE, a pesar de gozar de una situación administrativa regular, lo que puede sumir a esas personas en la desprotección.

            Se establece un primer régimen, estipulando que el extranjero deberá haber residido en Francia al menos durante cinco años o “justificar una duración mínima de treinta meses de afiliación a una actividad profesional” – sabiendo que eso puede también incluir períodos no trabajados (paro, baja por enfermedad). Dicho “período de carencia” constituye una novedad en cuanto a las ayudas que se ven afectadas por esa disposición: subsidios familiares, ayudas para la atención a los recién nacidos o de cara al inicio del curso escolar, complementos familiares, subsidios personalizados de autonomía, etc.

            Un segundo régimen se instaura en lo tocante a las ayudas personales en materia de acceso a la vivienda: para beneficiarse de ellas, el extranjero deberá ser titular de un visado de estudiante, haber residido en el territorio nacional como mínimo durante cinco años anteriores a la solicitud o bien justificar un “período de afiliación de al menos tres meses a un título de actividad profesional”. Ahí también se trata de una novedad. Esos criterios más estrictos, precisa la ley, no conciernen, sin embargo, a quienes hubiesen obtenido el estatuto de refugiado o dispongan de un carnet de residente.

            El 19 de diciembre de 2023, Olivier Dussopt, ministro de trabajo, refutó la lógica de una discriminación entre nacionales y extranjeros, diciendo que el texto establecía una “diferencia” entre quienes trabajan y quienes no, “tanto si son franceses como extranjeros”. “Queremos que aquellas y aquellos que trabajan estén mejor acompañados”, añadió, en alusión al período de carencia menos largo para los extranjeros que dispusieran de un empleo que para los otros. Una presentación que omitía, no obstante, el hecho de que el nuevo régimen sólo se aplicaría a los residentes no europeos, dando a entender que algunos extranjeros serían más acreedores que otros a la cobertura de nuestro Estado del Bienestar.

            Aún cuando la ley pretende facilitar – bajo ciertas condiciones – la integración de ciudadanos de otros países, especialistas en materia de protección social consideran que esas medidas acerca de las prestaciones dan la espalda a tal objetivo. “Los plazos, de carencia van totalmente en contra de la integración que se dice perseguir”, estima Michel Borgetto, profesor emérito de la universidad París Panthéon-Assas. Por un lado, “pueden sumir en la precariedad a personas que ya están confrontadas a condiciones de vida difíciles, lo que incrementaría en número de trabajadores pobres, con carencias habitacionales e incluso sin techo – señala. Por otra parte, esas restricciones pueden revelarse totalmente contraproducentes y nefastas – prosigue este especialista en derecho de la seguridad social -, en la medida que trabajadores extranjeros en situación regular se verían privados de las ayudas y acompañamientos necesarios para una duradera inserción en la sociedad durante los primeros meses o años de su vida en Francia. Es decir, cuando más necesitan ese apoyo”.

Motivación “ideológica”

          Catedrática de derecho social en la universidad Lyon-II, Laure Camaji insiste en recordar que las prestaciones sociales afectadas por la ley constituyen “derechos universales, atribuidos desde hace décadas en base a la residencia en el territorio”. “Hace ya mucho tiempo – desde una ley de 1975 – que el derecho a las prestaciones familiares no está vinculado al ejercicio de una actividad profesional, subraya. Se trata de un principio fundamental de nuestro sistema de seguridad social, una conquista de primer orden que forma parte de los cimientos de nuestro pacto social, al igual que la universalidad de la cobertura por enfermedad, por discapacidad o dependencia, el derecho a la vivienda o a un alojamiento de emergencia”.

            A sus ojos, el texto comporta “una regresión considerable” al instaurar una “dualidad de regímenes entre franceses y europeos, por un lado, y personas que no proceden de la UE por otro”. La integralidad del sistema de protección social queda así fragilizada, afectando “a todos, cualquiera que sea su nacionalidad, origen o situación familiar en la medida en que la universalidad deja de regir como principio”, analiza.

            Francis Kesler, catedrático de la universidad París-I Panthéon-Sorbonne, no entiende “la lógica que sustenta esta ley, a no ser que consideremos ilegítimo conceder determinadas prestaciones a una categoría de la población porque no tiene la nacionalidad francesa, o que creamos que los extranjeros vienen a Francia para cobrar subsidios – algo que ningún estudio ha demostrado”. En realidad, concluye, la única motivación de esta ley es de orden “ideológico”: “Muy claramente se basa en una idea de ‘preferencia nacional’ y sitúa a nuestro país sobre una pendiente extremadamente peligrosa”.

            Ahora, toda la cuestión será saber si esas disposiciones son validadas o no por el Consejo Constitucional. La institución de la calle Montpensier ha sido requerida por el presidente de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, así como por los diputados y senadores de izquierdas, en particular por cuanto se refiere a las restricciones de ayudas financieras a los extranjeros. Los parlamentarios de la oposición han puesto énfasis en el hecho de que los plazos de carencia violan – entre otros – el principio de igualdad. Varios miembros del gobierno, entre los cuales destaca la primera ministra, Elisabeth Borne, han reconocido que algunos artículos del texto, como el concerniente a las ayudas de acceso a la vivienda, podrían ser juzgados contrarios a la Ley fundamental. El Consejo Constitucional emitirá su veredicto al respecto antes de finalizar el mes de febrero.

            Bertrand Bissuel

            (“Le Monde”, 6/01/2024)

            Traducción: Lluís Rabell

illustración: Abraham Teniers  (1629–1670) Barbershop with monkeys and cats