No resulta exagerado decir que 2024 será un año crucial para el destino de Europa. En un escenario mundial donde se acumulan tensiones e incertidumbres, no son pocas las amenazas que sobrevuelan la UE. La prolongada guerra de Ucrania – que Putin sobrelleva a base de represión de cualquier contestación interna y de la reorientación de sus exportaciones hacia Oriente -, así como la devastadora campaña de Netanyahu en Gaza, agudizan las disensiones internas en las democracias occidentales y favorecen el ascenso de la extrema derecha. Un recrudecimiento de la conflagración en el Próximo Oriente, incidiendo en el precio del petróleo, podría tener un impacto tremendo, en términos inflacionistas, sobre unas economías aún fragilizadas por las sacudidas de la pandemia, la guerra en el Este y las episódicas crisis de suministros. Ni que decir tiene que una eventual reelección de Trump daría un espaldarazo a los movimientos populistas que, aquí y allí, pugnan por alcanzar el poder, ya sea arrastrando a las derechas tradicionales o colonizándolas. El miedo hincha las velas de quienes propugnan repliegues identitarios. El temor al “gran reemplazo” ha desbordado ya los círculos de la ultraderecha para teñir las políticas migratorias y de asilo de los gobiernos conservadores. La presión ambiental hace que le tiemblen las piernas incluso a la izquierda moderada. El Labor apenas se atreve a criticar la pretensión tory de deportar solicitantes de asilo a Ruanda – política condenada por los propios tribunales británicos como una grave vulneración de los derechos humanos -, por temor a contrariar el estado de ánimo de la opinión pública. En Alemania o en Francia, la alerta contra el resurgir del antisemitismo tiende a convertirse en una sospecha generalizada sobre millones de residentes y conciudadanos musulmanes.

            En tales condiciones, la cita electoral de junio para renovar el Parlamento europeo reviste, cada día que pasa, una mayor trascendencia. Porque, si las amenazas son inquietantes, la posibilidad de hacerles frente, imprimiendo un giro federal y social a la construcción europea, sigue siendo posible, como pone de relieve la crónica de la socióloga Dominique Méda, que acaba de publicar “Le Monde”. El gobierno de Pedro Sánchez y su predicamento en las instituciones comunitarias se han convertido en el principal referente de las fuerzas progresistas en la UE. Hasta hace poco, las elecciones europeas, dado su formato de circunscripción única en cada país miembro de la Unión, eran consideradas como un terreno propicio para los experimentos políticos, para lanzar nuevas propuestas o plataformas con un riesgo limitado. Recordémoslo: Podemos inició su ascenso fulgurante con ocasión de las elecciones de 2014. Hay que decir que la opinión pública tampoco otorgaba a esos comicios la importancia de unas elecciones legislativas de ámbito nacional. Esta vez, sin embargo, urge cambiar de chip. El rumbo que tome la UE en todos los terrenos – el de su ampliación, el de la transición ecológica, la armonización fiscal, la justicia social o la política migratoria – pesarán de modo determinante sobre el destino de cada uno de los países que la integran. Ninguno de ellos puede encarar por sí solo los retos del período que se avecina, un período que el Premio Nobel de economía Joseph Stiglitz no dudaba en calificar estos días como “quizás el más peligroso – que hemos vivido – desde los años 1930”.

            No. En esta ocasión no hay margen para ocurrencias, ni frivolidades. Es necesaria una decidida movilización del electorado de izquierdas, una movilización como no la ha habido nunca antes en una convocatoria europea. Como dice Dominique Méda, confirmar el giro social de la Unión Europea depende de “elegir en masa a quienes se comprometan a promoverlo”. Y esa es “sin duda la mejor manera de hacer menos atractivos los discursos de la extrema derecha”. El repaso que su artículo hace de las iniciativas impulsadas durante el último tramo de la presidencia española da fe, mejor que cualquier alegato, de cuán decisiva sería una fuerte presencia de la izquierda en las instancias representativas de la UE. La de junio será una batalla por el semblante de Europa, pero también por la estabilidad del gobierno progresista en España.

            Lluís Rabell

            2/01/2024

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El giro social de la Unión Europea

        ¿Por qué avanza la extrema derecha en Europa? Un artículo del economista americano Dani Rodrik propone una síntesis de la literatura socioeconómica al respecto. Según este autor, la globalización ha tenido, junto al libre intercambio comercial, la liberalización de los capitales y la automatización, un papel determinante en este proceso, pues ha provocado una enorme inseguridad económica entre determinadas franjas de la población. La desindustrialización, las deslocalizaciones, el desequilibrio en el reparto de rentas entre capital y trabajo han operado en detrimento de esos segmentos sociales.

            Esa situación debería haber beneficiado lógicamente a la izquierda, pero los dirigentes políticos de la extrema derecha han logrado darle la vuelta, activando las divisiones étnico-nacionales y culturales; es decir, construyendo un relato según el cual serían los extranjeros o las minorías los verdaderos responsables de todo ello. La crisis migratoria de 2015 hizo que ese discurso pareciese más verosímil, invadiendo el espacio público en numerosos países europeos. La conclusión de Rodrik es que el gran desafío al cual se ven hoy confrontados los líderes políticos es el de romper con una globalización concebida en función de las necesidades del capital, a fin de lograr un reequilibrio favorable al trabajo.

            Francia no parece haber escogido este camino. Todo lo contrario. Nada se hace para mejorar unas condiciones laborales muy degradadas, pero todo converge para acrecentar las sospechas de fraude sobre los perceptores de la renta de solidaridad activa o sobre los solicitantes de empleo, y el debate en torno a la inmigración satura el espacio público para mayor satisfacción de los líderes de extrema derecha. Son la Comisión y el Parlamento Europeo quienes parecen iniciar un giro social, giro frenado por los Estados. En primer lugar, por Francia.

Empleos de calidad

          En efecto, distintas directivas recientes son portadoras de progresos reales para los trabajadores. El pasado 13 de diciembre, se cerró un acuerdo político entre el Parlamento y los Estados de la UE sobre la directiva relativa a la mejora de las condiciones laborales de las personas que trabajan a través de plataformas digitales. Dicha directiva enumera los criterios que permiten establecer una distinción entre auténticos autónomos y aquellos trabajadores que deberían ser reconocidos como asalariados (alrededor de 5’5 millones de personas, según la Comisión). El texto debería permitir que se pusiera fin al dumping social practicado por numerosas plataformas, que evaden sus obligaciones en materia de derechos laborales y hacen perder a la Seguridad Social cientos de millones de euros en cotizaciones. Pero el 22 de diciembre varios Estados, entre ellos Francia, votaron contra el acuerdo.

            El 14 de diciembre, fue la directiva sobre el deber de vigilancia de las empresas en materia de responsabilidad la que devino objeto de un acuerdo entre el Parlamento y el Consejo europeo. Esas nuevas reglas obligan a las empresas a respetar los derechos humanos y el impacto medioambiental en el conjunto de sus cadenas de aprovisionamiento. En 2015, en su obra “Tomarse en serio la responsabilidad” (PUF), los juristas Alain Supiot y Mireille Delmas-Marty denunciaban la manera en que la libre circulación de capitales y mercancías había permitido a las empresas transnacionales emanciparse de las obligaciones que pesaban sobre ellas a través de las legislaciones nacionales. “De este modo las legislaciones nacionales se convirtieron en objeto de concurrencia en un vasto mercado, en una subasta a la baja de derechos sociales y medioambientales”, escribían. Lo cual favorecía el fenómeno conocido como “forum shopping”, que conduce a esas empresas transnacionales a orientarse hacia aquellos Estados cuyas legislaciones son más permisivas. Pues bien, una vez más con el apoyo de Francia, la directiva excluyó de su campo de aplicación al sector financiero.

            El 16 de diciembre, el texto definitivo de la Corporate Sustainability Reporting Directive fue publicado en el Boletín Oficial de la UE. Al igual que el reglamento sobre la inteligencia artificial, adoptado por el Parlamento y el Consejo el 8 de diciembre, y del cual distintas disposiciones contribuyen a mejorar las condiciones de trabajo.

            Un último avance merece mención. Se trata de una resolución del Parlamento Europeo – no obligatoria -, pero esboza una vía novedosa. El 23 de noviembre, los diputados adoptaron una resolución sobre la creación de empleos, la transición justa y las inversiones de impacto. El texto llama a la UE a desplegar una política industrial ambiciosa, a sostener la reindustrialización de las regiones y a invertir en una transición ecológica que genere empleos de calidad: “1’4 millones de empleos débil o medianamente cualificados, así como otros 450.000 puestos de trabajo altamente cualificados serán creados incrementando las inversiones en la renovación de edificios a fin de reducir el consumo de energía, producida a base de combustibles fósiles, destinada a la calefacción”.

            La resolución invita a la Comisión a proponer un cuadro europeo sobre las temperaturas máximas en el trabajo, insta a la adopción de planes de transición justa a negociar entre los agentes sociales al nivel de sectores productivos y empresas, y evoca un marco claro y armonizado por cuanto se refiere a las inversiones de impacto, de tal modo que pueda evaluarse la manera en que las empresas gestionan sus obligaciones sociales.

            Confirmar el giro social de la UE – y por lo tanto elegir en masa a quienes se comprometan a promoverlo – constituye sin lugar a dudas la mejor manera de hacer menos atractivo el discurso de la extrema derecha. Pero aún sería necesario que nuestro gobierno, que se declara partidario de la construcción europea, no se irguiese como un obstáculo en ese empeño.

            Dominique Méda

            (“Le Monde”, 31/12/2023, 1 y 2/01/2024)

            Traducción: Lluís Rabell