La proposición de ley del PSOE, destinada a modificar el Código Penal en materia de proxenetismo, tercería locativa y compra de favores sexuales, ha tenido el mérito de llevar ante la opinión pública el debate sobre la prostitución. La iniciativa socialista no es una ley de abolición de la prostitución. Como mucho, cabe considerar esas reformas como una de las patas de un ordenamiento jurídico orientado a erradicarla. Objetivo que requiere adentrarse en muchos más ámbitos – con medidas preventivas y educativas, y disposiciones destinadas a brindar apoyo a las mujeres en situación de prostitución -, así como modificar otras leyes, desde la de Extranjería a la de Enjuiciamiento Criminal. “El legislador” – como se acostumbra a decir – estaría bien inspirado si tomase en consideración el texto de la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional (LOASP), elaborada por el movimiento feminista basándose en el modelo nórdico, y remitido hace meses ya al Congreso de los Diputados.

            Pero ha habido dos cosas muy llamativas en la polémica que se ha desatado estos días. La primera – y verdaderamente crucial – ha sido la focalización del debate sobre las mujeres y su “libertad”. Parece ser que, para posicionarse ante la prostitución de millares de mujeres y menores – 45.000 es la cifra esgrimida por el gobierno -, habría que saber cuántas están en ese mundo por una supuesta voluntad propia… y cuántas han sido objeto de trata y forzadas a prostituirse. Sin embargo, en materia de prostitución, la pregunta acerca de la libertad no es pertinente. En cualquiera de las circunstancias posibles e imaginables, la prostitución se da siempre en el marco de una relación de desigualdad estructural entre hombres y mujeres. El dinero – que tantas veces acaba en manos de un proxeneta – confiere una apariencia mercantil – estos días hemos podido escuchar eufemismos como “sexo contractual” – al acceso, no deseado y traumático, de los hombres al cuerpo de unas mujeres que no están en condiciones de rehusar sus caprichos. Nos movemos mucho más en el ámbito de una violación tarifada que en el de un intercambio comercial. Si la prostitución es un comercio, se trata de un comercio entre hombres. Unos hombres, mediante abusos, violencias y engaños, se adueñan de mujeres que, deshumanizadas y cosificadas, ponen a la disposición de los ritos de masculinidad de otros hombres. Así ha sido a lo largo de la historia. Y mucho más lo es ahora, cuando el capitalismo ha transformado las industrias del sexo en uno de los mayores y más provechosos vectores de la economía mundial.

Los discursos acerca del “trabajo sexual” – la manera posmoderna de evocar “el oficio más antiguo del mundo” -, no hacen sino descargar sobre las mujeres prostituidas la responsabilidad de su prostitución. Los hombres, sin cuya demanda la prostitución no existiría, pasan a ser espectadores, acaso “consumidores” de un servicio que se les ofrece. Quedan exentos pues, de cualquier culpa… cuando hablamos de la más genuina y retrógrada de las instituciones patriarcales, refugio inexpugnable de una masculinidad tóxica, hoy desestabilizada por los avances del feminismo. No. La verdadera cuestión a plantear es la del modelo de sociedad. ¿Puede una sociedad democrática admitir la existencia de una reserva de mujeres a disposición permanente de los apetitos sexuales de los hombres? La configuración de tales contingentes, compuestos de mujeres y niñas expulsadas desde las periferias empobrecidas del planeta hasta nuestras metrópolis, debería bastar para responder a esa pregunta. Lo que está en juego es el lugar de las mujeres en la sociedad. Si considerásemos lícita y legítima la compra de favores sexuales por parte de los hombres, la sombra de ese privilegio se cerniría sobre todas ellas. ¿Qué distingue a una mujer prostituida de las demás, si no es un determinado itinerario vital, un lugar de nacimiento o un golpe del destino? ¿Nadie se percata de las amenazas que planearían sobre los derechos y la dignidad humana, conquistados por siglos de lucha del movimiento obrero y del feminismo, si los cuerpos de las mujeres deviniesen legalmente mercancías? ¿Acaso toleraríamos que se restaurase la esclavitud, si por ventura algunas personas en situación de necesidad extrema se prestasen a llevar cadenas a cambio de un techo y un sustento? ¿Admitiríamos tal vez un mercado de órganos humanos, arguyendo el “consentimiento” de individuos dispuestos a venderlos para alimentar a sus familias? ¿Por qué deberíamos inclinarnos ante una supuesta “libertad de ejercer la prostitución” y legalizarla? “La libertad es, en la filosofía, la razón; en el arte, la inspiración; en la política, el derecho”, decía Victor Hugo. La libertad de los débiles encuentra amparo en el derecho que embrida el poderío de los fuertes. En la prostitución, la libertad la preservan aquellas leyes que amparan a las mujeres y castigan a los hombres que se benefician de su vulnerabilidad. Tal es la filosofía de las legislaciones abolicionistas. Es cierto que, desde hace algunos años, una organización como Amnistía Internacional emborrona su propia historia, reivindicando la legalización de la prostitución. Que se nos permita resistirnos a inscribirla en el listado de los Derechos del Hombre. A la deriva decadente de los responsables de AI, preferimos la fecunda tradición revolucionaria de abolir los privilegios. Y la prostitución es sin duda uno de los más ancestrales que poseen los varones.

La segunda cuestión llamativa ha sido el desatino que reina en las filas de la izquierda alternativa. Los comunes, que han votado en sentido opuesto al resto del grupo confederal, se han distinguido por desplegar toda la panoplia de tópicos neoliberales contra el abolicionismo feminista. Dicen estar en contra del “populismo punitivo”. Desde luego, perseguir a traficantes y proxenetas o sancionar a puteros no va a resolver el problema, si las administraciones no articulan avanzados programas sociales de apoyo a las mujeres en situación de prostitución para ayudarlas a recomponer su autonomía vital, tal como reivindican las abolicionistas. ¿Querrá decir eso entonces que los comunes asumen la propuesta de la LOASP? ¡Qué más quisiéramos algunos! Resistiéndose a castigar a los hombres que abusan de las mujeres en su forma más brutal, nos están diciendo que sus actos son tolerables… a poco que guarden la apariencia de una relación contractual. Curiosamente, ese airado rechazo contrasta con el celo sancionador que despliegan las leyes trans contra quienes, ya sea en el ámbito educativo, académico, en el de la salud, en la prensa o en las redes sociales, osan cuestionar los mandatos de la doctrina queer. Afirmar que, tras millones de años de evolución de las especies, la nuestra se ha configurado en torno a dos sexos, o advertir que la manifestación de disforia de género en menores y adolescentes no puede ser tomada como una voz reveladora del sexo auténtico e inmanente del individuo – so pena de inducir tratamientos de irreversibles consecuencias -, puede acarrear severas multas y condenas por “delito de odio”. Allí donde soplan vientos de posmodernidad, el punitivismo se torna muy selectivo. En todos los casos, son las mujeres y sus derechos los que se llevan la peor parte. Entre tanto, los hombres podemos acariciarnos el mentón con un aire entendido, contando los puntos de una pelea en el barro.

Pero la batalla por la abolición no ha hecho más que empezar. Suerte tiene la izquierda, tantas veces vacilante o totalmente desnortada, de que el feminismo de la igualdad esté en la brecha.

9/06/2022

Lluís Rabell