Desde luego, se lució el mando de la Guardia Civil que tuvo la ocurrente idea de bautizar con el nombre de “Vóljov” la operación en que han sido detenidos y puestos a disposición judicial algunos destacados promotores del “procés”, allegados a Puigdemont y con gran influencia en el Govern. Traer al recuerdo la participación de la División Azul en el asedio de Leningrado se antoja como algo más que una irresponsabilidad en un tema tan sensible como éste. El Congreso de los Diputados rechazó hace unos días la moción de censura presentada por un partido que cuenta en sus filas con fervientes admiradores del general Muñoz Grandes.

           Se ha hablado profusamente estos días de la investigación judicial en cuyo marco se han producido estas detenciones. Por supuesto – conviene recordarlo en medio del ruido mediático -, la causa se encuentra en fase de instrucción, estamos ante indicios y no ante hechos probados; los imputados, aún con cargos en su contra, siguen gozando de la presunción de inocencia. Sin embargo, la filtración de algunas conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil no podía por menos que levantar polvareda. Ejemplo de ello son las palabras atribuidas a Víctor Terradellas, empresario y presidente de la fundación CATmón, muy activo en la búsqueda de apoyos internacionales a la causa independentista, quien afirmaría haber recibido la promesa de una ayuda militar por parte del Kremlin – nada menos que 10.000 soldados – en caso de proclamación de la República Catalana. Por supuesto, la idea de semejante expedición militar rusa a un país miembro de la OTAN resulta inverosímil. No es difícil mofarse de ella. Sin embargo, el desmentido oficial del gobierno ruso no deja de ser significativo: su portavoz atribuye la información a una ensoñación de los independentistas, llevados por su anhelo de reconocimiento. Un desmentido que, como en otras ocasiones, sirve para levantar una cortina de humo sobre ciertas actividades de los servicios secretos de Putin – éstas mucho más creíbles -, destinadas a incidir en procesos electorales de determinados países o a desestabilizar la Unión Europea. En cualquier caso, María Zajárova no se ha mostrado demasiado amable con el independentismo. Y eso debería llamarle a reflexión. Porque la risible imagen del desembarco de las tropas rusas en Barcelona no es un invento del juez instructor, sino – presuntamente – la fantasía de uno de los “cerebros” de las relaciones exteriores del “procés”. Un dato nada tranquilizador. ¿En qué manos ha estado el devenir de Catalunya durante estos últimos años?

           La pregunta no es baladí si nos atenemos a lo que constituye el núcleo de la causa en la que están envueltos personajes como David Madí, durante años estrecho colaborador de Artur Mas, o Xavier Vendrell, alejado de los organigramas oficiales del poder, pero con gran ascendente sobre la dirección y las consejerías de ERC. El meollo del asunto no son las hazañas bélicas rusas, sino la corrupción doméstica. Si los datos que han ido apareciendo en la prensa quedasen establecidos de modo fehaciente, cosa que aún está por ver, nos hallaríamos ante una pandilla de mafiosos, desaprensivos y aventureros de la peor especie. Hablamos de posible desvío de fondos públicos para sufragar los gastos de la corte de Waterloo, de tráfico de influencias para recalificar terrenos en beneficio privado, de blanqueo de dinero, de redes clientelares, de contrataciones fraudulentas… Algunas grabaciones indicarían incluso que, en los momentos más dramáticos de la pandemia, Xavier Vendrell habría estado al frente de una coordinación oficiosa de la caótica gestión de las residencias geriátricas, un sector en el que tiene intereses privados. Esa gestión, por la que alguien ajeno al gobierno habría tomado decisiones sobre varios departamentos – todos dirigidos por ERC -, cobrando también a escondidas una suculenta mensualidad,  se saldó con fallecimientos que hubiesen podido evitarse… e incluso con el “extravío” ancianos.

           Por lo que se sabe del sumario, se atribuye a Madí y a Vendrell – así como al también empresario Oriol Soler, organizador de la comunicación procesista – la responsabilidad de haber constituido una especie de directorio que llegó a reconfigurar el gobierno de la Generalitat en 2017 y propició la fuga hacia adelante del 1-O y la posterior – y muy dudosa – proclamación de independencia. Asimismo, se imputa a este núcleo la organización del llamado Tsunami Democràtic, responsable de las convocatorias de protesta contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los dirigentes independentistas a severas penas de prisión, acciones que derivaron en violentos enfrentamientos con la policía en las calles de Barcelona y en una temeraria ocupación del aeropuerto del Prat. Más allá de los reproches penales que ello pueda merecer, el Tsunami en cuestión constituyó un experimento de manipulación de masas de corte autoritario digno de estudio, con una hábil utilización de las redes sociales para promover desde el anonimato acciones cuya gobierno y responsabilidad nadie asume, pero en las que los participantes, despersonalizados, se funden y encuentran una identidad exaltante: “El tsunami eres tú”, decían los mensajes que llegaban a los móviles, a medida que la ola se amplificaba, sumando nuevos adeptos.

           En un registro anecdótico, pero revelador del talante de esta alegre muchachada, resulta llamativa la grosería mafiosa de algunas conversaciones. “Con todo lo que he hecho por este país y ahora me están tocando los cojones”, protestaría Vendrell ante la poca celeridad de la administración en atender sus exigencias. Por no hablar de las referencias a Torra como un inútil o al dirigente del Pdcat David Bonvehí como un “pedazo de carne subnormal”. Pues bien, este es el sanedrín del “procés”, estos son sus estrategas. Naturalmente, un movimiento de masas que ha arrastrado a millones de personas tras la ilusión de la independencia es algo mucho más complejo. Pero la naturaleza de la dirección imprime un sesgo decisivo. En un país en que la burguesía tradicional abandonó las fábricas textiles para hacerse rentista o situar sus intereses en los negocios globales, una nueva hornada de emprendedores, estrechamente vinculados a las redes clientelares y a la contratación pública, vino a ocupar la escena política. Ante la convulsión provocada por la crisis de 2008 y las incertidumbres del desorden mundial, estas élites apelaron a la inquietud y a los sentimientos nacionales de las clases medias, diciéndoles que todo les iría mejor si rompían con España. El “procés” les sirvió para mantenerse en el poder, arrinconando a la izquierda y desarticulando el descontento social frente a los recortes. Y en la aventura hubo de todo: quienes creyeron que podrían forzar in extremis una negociación con el Estado… y quienes, embebidos en sus propias fantasías, jugaron con fuego, empujando el país hacia la división e incluso hacia un conflicto civil – del que quizás estuvimos más cerca de lo que creemos.

Pero, ¿cambiarán algo estas revelaciones? ¿Abrirán los ojos de la gente? Bien estaría que despertasen el espíritu crítico de algunos sectores de la izquierda, proclives a secundar el mantra independentista de la persecución ideológica por parte de una justicia española heredera del franquismo. Olga Tubau, abogada defensora del propio David Madí, es la primera en desmentir semejantes prejuicios acerca de la magistratura. Como tampoco tienen sentido las insinuaciones de una conspiración contra el gobierno de Pedro Sánchez, procediendo a detenciones cuando se inicia el trámite de los presupuestos. Los tiempos de la justicia siempre se cruzarán mal con los de la política hasta que ésta recupere el terreno que le corresponde. En cualquier caso, habría que hacer un gran esfuerzo para ver a esta gente como “presos políticos”. No. Una izquierda responsable debe pedir rigor a los magistrados y respetar su trabajo. Presunción de inocencia y presunción de justicia. Lo demás es propaganda.

Sin embargo, no hay que perder de vista algunos rasgos de la situación que no invitan al optimismo. Lo más probable es que el mal trago que está padeciendo ERC, lejos de llevarla a reconsiderar críticamente la trayectoria de estos años y a contemplar la posibilidad de nuevas alianzas progresistas, acentúe sus miedos congénitos y la haga más sumisa ante la derecha nacionalista. Si el independentismo suma de nuevo en las próximas elecciones, habrá un gobierno nacionalista. Con el riesgo de prolongar la decadencia del país, pero eso es lo que habrá. Incluso sin entusiasmo, ante un panorama angustioso, no cabe esperar que los electores independentistas modifiquen sustancialmente el sentido de su voto. Por otra parte, los efluvios de corrupción que llegan a la opinión pública pueden fácilmente mezclarse con la irritación y la desesperanza que la pandemia hace brotar en amplios sectores sociales, exacerbándolas. Ahí está la apuesta de la extrema derecha, que ha empezado a destilar odio y violencia en las calles… a la espera de irrumpir en el Parlament y condicionar sus debates y su agenda. Que la izquierda abandone el terreno de una ambigüedad que sólo siembra el desconcierto entre la gente trabajadora y humilde, hoy atenazada por la pobreza. Y que se apresure en proponerle un horizonte creíble de orgullo y esperanza. De lo contrario, los epígonos de la División Azul conseguirán colocar una cabeza de puente en nuestra orilla del Vóljov.

           Lluís Rabell

           31/10/2020